Buques, pedimentos falsos, aduanas militarizadas, marinos investigados y millones perdidos en IEPS: así operó un negocio que solo pudo crecer aprovechando la estructura pública.

El cargamento llegó a Tampico el 19 de marzo de 2025. En los documentos aparecía como un producto distinto al combustible automotriz; dentro de la embarcación, según las autoridades mexicanas, había millones de litros de diésel. Días después, el Gobierno federal presentó el aseguramiento como histórico: 10 millones de litros, además de tractocamiones, remolques, contenedores y otros elementos de una operación logística de gran escala. Meses más tarde, la investigación alcanzó a empresarios, funcionarios aduanales y miembros en activo y retiro de la Secretaría de Marina.

El 20 de agosto de 2026, el caso volvió al centro de la agenda. La Fiscalía General de la República trasladó desde Argentina a Fernando Farías Laguna, exintegrante de la Marina señalado por la institución como posible participante en una “compleja red criminal” dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible. La FGR informó que otras 15 personas habían sido detenidas dentro de la misma investigación.

Pero el verdadero problema del huachicol fiscal en México no cabe en un barco ni termina con una captura. El combustible tuvo que comprarse, documentarse, transportarse, presentarse ante una aduana, clasificarse, eventualmente muestrearse, liberarse, almacenarse, facturarse, volver a transportarse y finalmente venderse. Cada uno de esos pasos debía dejar información en manos de autoridades diferentes. El negocio consistía precisamente en conseguir que esa cadena de controles permitiera circular como mercancía legal a un producto cuya naturaleza, régimen fiscal o permisos no correspondían con lo declarado.

La pregunta, por tanto, no es solamente quién recibió dinero o quién autorizó una descarga. Es más incómoda: ¿cómo pudo crecer durante años un negocio multimillonario dentro de puertos y aduanas entregados a las Fuerzas Armadas precisamente para combatir la corrupción?

I. Huachicol fiscal en México: el negocio no comienza en el ducto

Durante años, la palabra huachicol describió principalmente el robo físico de hidrocarburos a Pemex: perforaciones clandestinas en ductos, ordeña de instalaciones, robo de pipas o desvío de producto. El huachicol fiscal utiliza otra lógica. El combustible puede haber sido adquirido legítimamente en Estados Unidos, pero al ingresar a México se declara con una fracción, descripción o naturaleza distinta —por ejemplo como lubricante, aditivo, residuo petrolero u otro producto— para evitar permisos, restricciones o cargas fiscales aplicables a gasolina y diésel.

La diferencia importa. En el robo tradicional se sustrae un activo. En el contrabando fiscal se explota la diferencia entre lo que realmente cruza la frontera y lo que los documentos dicen que está cruzando. El negocio necesita menos una toma clandestina que una cadena capaz de convertir una falsedad documental en mercancía disponible para el mercado.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —FinCEN— describió en junio de 2026 un patrón semejante: empresas fachada, comercializadoras y operadores logísticos compran combustible estadounidense, utilizan documentación que puede clasificarlo como aceites usados, lubricantes, aditivos o residuos, lo trasladan en buques, ferrocarril o autotanques y posteriormente lo introducen a los circuitos de distribución mexicanos. FinCEN identifica además corrupción de funcionarios aduaneros y fiscales como uno de los mecanismos observados en estas operaciones.

Eso no significa que todos los cargamentos detectados sigan exactamente el mismo procedimiento ni que formen parte de una sola organización. La evidencia disponible muestra más bien varias redes que explotan vulnerabilidades semejantes.

II. La ruta: de un pedimento falso a una estación de servicio

El valor del esquema aparece cuando se reconstruyen sus eslabones. FinCEN, investigaciones mexicanas y los expedientes judiciales descritos públicamente permiten identificar una arquitectura general, aunque no todos los casos utilizan cada fase:

1. Compra o suministro. Una comercializadora adquiere gasolina, diésel u otro hidrocarburo, frecuentemente en Estados Unidos.
2. Importador o empresa intermediaria. El comprador mexicano puede utilizar sociedades comerciales legítimas, empresas recientemente constituidas o compañías utilizadas como fachada.
3. Documentación. El producto es declarado bajo una descripción que no corresponde con el combustible que realmente se transporta o mediante documentos que ocultan su naturaleza fiscal.
4. Agencia y despacho aduanal. El pedimento, la clasificación arancelaria y los documentos anexos convierten esa declaración en una operación formal susceptible de ser revisada.
5. Aduana y recinto portuario. El cargamento debe recibir autorización para ingresar. En operaciones marítimas puede haber revisión documental, inspección, toma de muestras, descarga y liberación de los vehículos que retirarán el producto.
6. Transporte y almacenamiento. Autotanques, patios y centros de almacenamiento dispersan volúmenes que inicialmente ingresaron concentrados.
7. Facturación. Documentación posterior puede presentar el combustible como adquirido de proveedores autorizados y dar apariencia legal a su comercialización.
8. Venta. El producto termina en comercializadores, expendios, estaciones o puntos de venta capaces de ofrecerlo con una estructura de costos inferior a la de un competidor que pagó impuestos y cumplió permisos.
9. Movimiento del dinero. Empresas relacionadas, transferencias, efectivo, adquisiciones patrimoniales y otros mecanismos pueden utilizarse para distribuir ganancias u ocultar beneficiarios.

En septiembre de 2025, el Gabinete de Seguridad mexicano confirmó que la investigación derivada del aseguramiento de Tampico había identificado documentación apócrifa, empresas transportistas, agencias aduanales y servidores públicos. La UIF encontró además depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles, vehículos de lujo y pólizas de seguros cuyos montos fueron considerados incongruentes con los perfiles de algunos investigados; 20 personas físicas y morales fueron incorporadas entonces a la Lista de Personas Bloqueadas.

La sofisticación no está necesariamente en inventar un nuevo mecanismo financiero. Está en conseguir que una operación materialmente visible —un buque, millones de litros y decenas o cientos de autotanques— tenga documentos capaces de atravesar suficientes controles como para continuar su recorrido.

III. La ruta del dinero: el impuesto convertido en margen

El incentivo económico puede ilustrarse con el cargamento de Tampico. Durante la semana en que arribó el Challenge Procyon, la cuota federal del IEPS aplicable al diésel era de 7.0946 pesos por litro. Si se toma como referencia el volumen de 10 millones de litros informado originalmente por el Gobierno federal, sólo esa cuota representa aproximadamente 70.9 millones de pesos. La cifra no es una estimación oficial del daño al erario: es un cálculo indicativo para dimensionar el orden de magnitud de una sola carga fiscal y no incluye IVA, otros gravámenes, costos, estímulos que pudieran resultar aplicables ni particularidades jurídicas de cada operación.

En otras palabras: cuando un litro de diésel logra ingresar como si fuera otra mercancía, la carga fiscal evitada puede convertirse inmediatamente en parte del margen de la operación ilícita. Eso permite vender por debajo del precio de un competidor formal y aun conservar rentabilidad suficiente para pagar logística, intermediarios y eventualmente corrupción.

En julio de 2026, la FGR informó esas cifras al describir su estrategia contra el contrabando de hidrocarburos. Deben leerse correctamente: la Fiscalía habla de afectaciones económicas a las estructuras investigadas, no de una auditoría definitiva sobre impuestos omitidos.

FinCEN utiliza órdenes de magnitud mucho mayores y sostiene que el contrabando fiscal de combustibles desvía anualmente decenas de miles de millones de dólares hacia organizaciones ilícitas. También recoge estimaciones públicas según las cuales una proporción significativa del combustible vendido en México tendría origen irregular. Esas cifras son una evaluación estadounidense construida con información financiera, policial y fuentes abiertas, no una cuantificación auditada del daño fiscal mexicano. Conviene utilizarlas como indicador de riesgo y escala, no como contabilidad pública definitiva.

IV. Los Farías: mandos, aduanas y una estructura que necesitaba acceso

La investigación de Tampico adquirió dimensión política e institucional cuando la FGR colocó entre sus principales objetivos a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, altos mandos navales y sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

En septiembre de 2025 fueron detenidas 14 personas relacionadas con la red investigada: tres empresarios, cinco integrantes en activo de la Marina, un marino en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas. Para agosto de 2026, la FGR informaba que eran ya 15 las personas detenidas además de Fernando Farías. Las imputaciones sostienen que funcionarios y particulares facilitaron distintos componentes de la logística del contrabando; determinar las responsabilidades individuales corresponde ahora a los tribunales.

Reportes construidos a partir de expedientes y audiencias judiciales han identificado además a Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “Capitán Sol”, como un presunto operador que habría servido de enlace entre personal naval, aduanas y la operación logística. Testimonios incorporados al caso le atribuyen capacidad para intervenir ante funcionarios en Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas. Esos dichos forman parte de investigaciones y versiones judiciales; no equivalen por sí mismos a hechos probados por sentencia.

La investigación oficial sostiene que la estructura no dependía únicamente de que alguien permitiera entrar un buque. El esquema requería intervenir en documentación, clasificación del producto, llegada de embarcaciones, revisión aduanal, liberación de cargamentos, transporte y posterior distribución. Esa multiplicidad explica por qué entre los detenidos aparecen perfiles institucionales y privados.

El problema Rafael Ojeda: dos cronologías oficiales que no terminan de coincidir

El papel del exsecretario de Marina requiere una distinción particularmente cuidadosa. En septiembre de 2025, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó públicamente que Ojeda había presentado ante la FGR, “hace dos años”, una denuncia por irregularidades detectadas en distintas áreas. La declaración situaba ese aviso alrededor de 2023.

Sin embargo, el 20 de agosto de 2026, la fiscal general Ernestina Godoy dio una cronología diferente: afirmó que en 2024 el almirante secretario de Marina transmitió a la FGR indicios de operaciones de la red delictiva y que ese mismo año se iniciaron las investigaciones. Las dos versiones pueden referirse a comunicaciones distintas, pero hasta ahora la autoridad no ha explicado públicamente esa diferencia de fechas y alcances.

Tampoco se localizó, en la información pública revisada, una imputación de la FGR contra Rafael Ojeda. La relación familiar con los Farías es políticamente relevante y plantea preguntas sobre controles internos y conflictos institucionales, pero el parentesco no constituye evidencia de participación criminal. Material testimonial publicado por medios ha generado preguntas adicionales sobre lo que pudo conocer y cuándo; esas preguntas siguen abiertas y no permiten afirmar que protegió la red.

V. Militarizar las aduanas: la promesa y la paradoja

La contradicción central del caso nace de una decisión del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En septiembre de 2020 comenzó la incorporación de elementos de Marina y Defensa a las 49 aduanas del país. La justificación oficial fue explícita: combatir contrabando, corrupción e influyentismo y elevar la recaudación.

La reforma no sustituyó instantáneamente toda la administración civil por militares. La estructura quedó repartida entre autoridades fiscales y aduaneras, mientras las Fuerzas Armadas asumieron funciones crecientes de coordinación, vigilancia, seguridad e inteligencia. En 2021 se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México —ANAM— como órgano fiscal y aduanero encargado de dirigir las aduanas y aplicar las normas relacionadas con la entrada y salida de mercancías.

En marzo de 2022, López Obrador calificó como un acierto entregar el control de aduanas a las Fuerzas Armadas y destacó que, durante los primeros 16 meses de participación de Marina en aduanas marítimas, la recaudación había aumentado 13%. Ese dato debe reconocerse, pero tampoco permite concluir que la corrupción hubiera sido eliminada: la recaudación depende además del comercio, precios de importación, tipo de cambio, fiscalización y otros factores.

La paradoja aparece después. La investigación de Tampico sostiene que marinos y exfuncionarios aduanales participaron en el esquema que la nueva estructura debía impedir. Por separado, investigaciones sobre la aduana de Matamoros han colocado bajo escrutinio a mandos militares y operaciones que habrían utilizado otras clasificaciones para introducir hidrocarburos. Registros comerciales revisados por EL PAÍS mostraron además un crecimiento extraordinario de importaciones declaradas como lubricantes, aditivos y aceites en Tamaulipas durante los años en que la presencia militar ya había aumentado.

Eso no demuestra que la militarización haya causado el huachicol fiscal. La correlación temporal no establece causalidad. Sí demuestra algo menos cómodo para la política pública: entregar seguridad y coordinación a instituciones militares no sustituyó la necesidad de construir controles fiscales, documentales y tecnológicos capaces de detectar inconsistencias y resistir la colusión.

El problema fue presentar políticamente la militarización como sinónimo de control cuando administrativamente el control continuó fragmentado.

VI. El Estado tenía más de una oportunidad para detectar la anomalía

ANAM: pedimento, clasificación e inspección

La regulación concede a la autoridad aduanera facultades para revisar pedimentos y documentos anexos, verificar mercancías, practicar reconocimientos, comprobar la correcta clasificación arancelaria y determinar contribuciones. Un cargamento declarado como aditivo pero compuesto por diésel no representa, por tanto, una diferencia puramente semántica: es exactamente el tipo de discrepancia que el sistema aduanero debe detectar.

Marina y Defensa: seguridad no equivale a auditoría fiscal

Las Fuerzas Armadas fueron incorporadas para reforzar vigilancia, inteligencia y coordinación en las aduanas. En puertos controlados o coordinados por Marina, su responsabilidad institucional era especialmente relevante para accesos, seguridad y operación. Sin embargo, la clasificación arancelaria, la determinación tributaria y buena parte de los procedimientos técnicos siguieron formando parte del aparato aduanero.

Esta división ayuda a comprender la falla: un militar podía controlar físicamente la puerta sin ser quien determinaba el IEPS; un funcionario aduanal podía validar documentos sin controlar por sí solo el recinto; un importador podía tener papeles que parecían correctos mientras otro actor conocía el contenido real. Un sistema anticorrupción eficaz debía hacer que esas responsabilidades se verificaran mutuamente. La investigación sugiere que, en determinados puntos, ocurrió lo contrario.

SAT: el comportamiento fiscal

El SAT concentra información tributaria sobre importadores, declaraciones, pagos y cumplimiento. Volúmenes crecientes de mercancías petroleras clasificadas en categorías que no corresponden con la demanda aparente pueden convertirse en señales de riesgo. Reportes periodísticos han señalado incluso análisis internos previos sobre incrementos atípicos de lubricantes; al no encontrarse una versión pública oficial completa de esos documentos, no es posible determinar qué autoridad conoció exactamente cada alerta ni qué seguimiento recibió.

Autoridades energéticas: los permisos

La importación y comercialización formal de combustibles requiere cumplir regulación energética. FinCEN identifica precisamente el uso de comercializadoras, permisos y empresas intermediarias como una zona crítica del esquema. El cruce automático entre permiso energético, producto declarado ante Aduanas, volumen importado, impuesto pagado y posterior facturación tendría que convertir ciertas inconsistencias en alertas antes de que el combustible llegue al consumidor.

UIF: seguir el dinero después de que cruza la mercancía

La UIF demostró dentro del propio expediente que la dimensión financiera deja rastros: efectivo, bienes inmuebles, vehículos, seguros y cuentas que no correspondían con los perfiles analizados. El problema es temporal. Detectar el enriquecimiento después de decenas de operaciones ayuda a procesar una red; detectarlo desde sus primeras inconsistencias puede impedir que crezca.

FGR y Pemex

La FGR investiga el componente penal y actualmente intenta llegar más allá de quienes conducen camiones o firman documentos. Pemex, por su parte, no controla aduanas ni autoriza importaciones privadas, pero es uno de los actores afectados por un mercado donde combustible de procedencia irregular compite con producto adquirido y vendido dentro de la legalidad.

VII. Crimen organizado: lo que sí está documentado y lo que no puede mezclarse

Una de las tentaciones del caso es convertir todas las investigaciones de combustible ilegal en una sola estructura. La evidencia no permite hacerlo.

Estados Unidos sí ha documentado redes específicas vinculadas con organizaciones criminales. El 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro sancionó a dos mexicanos y nueve empresas por una operación que, según OFAC, generaba recursos para el Cártel Jalisco Nueva Generación mediante combustible introducido con documentación aduanera falsa y empresas fachada. Entre los señalados aparecen Oscar Guillermo Juraidini Silva, J. Refugio Ruiz Villagómez y compañías como Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics.

FinCEN menciona además al CJNG, al Cártel de Sinaloa, al Cártel del Golfo y a otras organizaciones transnacionales como participantes en diferentes modalidades del mercado ilícito de hidrocarburos.

Eso prueba que el crimen organizado participa en esquemas de huachicol fiscal; no prueba que la estructura atribuida a los hermanos Farías Laguna sea parte del CJNG ni que responda a cualquiera de esas organizaciones. Hasta la fecha de corte, la información oficial mexicana revisada no permite establecer esa identidad entre redes.

La distinción es fundamental. Existen puntos de convergencia —empresas, transporte, aduanas, corrupción, facturación y lavado—, pero una investigación seria debe resistir la tentación de convertir esas coincidencias en una sola conspiración nacional si los expedientes todavía no lo demuestran.

VIII. Andy López Beltrán: por qué aparece su nombre y qué existe realmente

Andrés Manuel “Andy” López Beltrán ocupa un lugar políticamente explosivo alrededor del caso. Es hijo del expresidente que militarizó puertos y aduanas y ha sido dirigente de Morena; además, el Gobierno de Estados Unidos revocó recientemente su visa. Nada de ello, por sí mismo, demuestra una relación con el contrabando de combustibles.

Dos menciones reportadas, pero indirectas

Versiones periodísticas sobre declaraciones contenidas en la investigación de los Farías han divulgado al menos dos referencias a “Andy” o al “hijo del Presidente”. Una corresponde a Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien relató conversaciones posteriores al aseguramiento del Challenge Procyon. Otra procede de Juan Carlos Soto Picha, funcionario aduanal de Guaymas, y refiere que Miguel Ángel Solano Ruiz habría dicho que un problema con una embarcación era “un tema de Andy”. EL PAÍS publicó en julio parte de este último testimonio.

El detalle probatorio importa: en ambos casos publicados la referencia llega a través de lo que otro hombre —Solano— supuestamente dijo. No se ha mostrado públicamente una orden de López Beltrán, comunicación suya con funcionarios aduanales, transferencia, participación societaria, instrucción de descarga ni contacto directo con los Farías que corrobore esa versión.

Existe además una controversia no resuelta sobre esas declaraciones. El 17 de agosto de 2026, la FGR calificó como falsa la versión de que contara con testigos protegidos cuyos señalamientos permitieran investigar al hijo de un expresidente por delitos en materia de hidrocarburos y afirmó que el Ministerio Público “no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

La posición oficial y los extractos publicados por medios dejan dos niveles distintos que no conviene confundir: puede existir una mención dentro del relato de un testigo sin que esa referencia constituya jurídicamente un dato de prueba suficiente contra la persona mencionada. Lo que no está disponible públicamente es la versión íntegra y autenticada por la Fiscalía de todas esas declaraciones que permita resolver definitivamente la controversia.

Las conexiones empresariales indirectas

Otra vertiente proviene de investigaciones periodísticas sobre empresarios cercanos a los hijos de López Obrador. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó vínculos corporativos alrededor de Portacelis Gas and Oil y personas relacionadas con Amílcar Olán, empresario identificado públicamente como cercano a Andy y Gonzalo López Beltrán. La investigación encontró que uno de los proveedores iniciales de Portacelis fue Ikon Midstream, empresa que ha aparecido bajo escrutinio de autoridades estadounidenses y mexicanas en investigaciones de combustibles. También documentó importaciones formales de diésel por Portacelis y posteriores irregularidades fiscales que llevaron a su suspensión del padrón correspondiente.

Ese material permite investigar una proximidad empresarial; no permite saltar a una imputación personal. En la documentación pública revisada no aparece López Beltrán como accionista, administrador o beneficiario final de Portacelis, ni se acredita que haya ordenado o recibido ganancias de las operaciones investigadas.

La acusación política

El PAN presentó desde agosto de 2025 una denuncia ante la FGR contra López Beltrán y otras personas por posibles hechos relacionados con huachicol fiscal. En 2026, dirigentes de ese partido elevaron el señalamiento y llegaron a presentarlo públicamente como supuesto jefe o beneficiario de la operación.

Una denuncia acredita que alguien solicitó al Ministerio Público investigar determinados hechos; no acredita que esos hechos ocurrieron. A la fecha de corte no se localizó una imputación judicial, orden de aprehensión o investigación formal reconocida por la FGR contra López Beltrán por huachicol fiscal.

El propio López Beltrán ha negado cualquier participación en actividades criminales y ha rechazado ser propietario de empresas dedicadas a la venta de combustible relacionadas con estas acusaciones. Morena ha presentado los señalamientos como una ofensiva política, mientras Claudia Sheinbaum ha sostenido que no existen pruebas conocidas que lo vinculen con el delito.

La visa: un hecho relevante, pero no una prueba

El 14 de agosto, López Beltrán hizo pública la revocación de su visa estadounidense. Associated Press y Reuters confirmaron el anuncio y reportaron que la Embajada de Estados Unidos declinó explicar el motivo específico, amparándose en la confidencialidad de los expedientes de visas. La medida ocurre además dentro de una política estadounidense que ha afectado a decenas de figuras mexicanas.

Por tanto, no existe base pública para afirmar que Estados Unidos revocó la visa de López Beltrán por huachicol fiscal. Puede ser políticamente relevante que ambos acontecimientos coincidan, pero establecer causalidad sin información oficial estadounidense sería convertir una sospecha en una conclusión.

IX. El costo para México no se limita al impuesto perdido

El primer afectado es el erario. Cada litro que evade el régimen fiscal correspondiente reduce ingresos que el Estado debería recaudar. Pero detener el análisis ahí minimiza el problema.

El segundo afectado es el competidor formal. Una empresa que paga IEPS, IVA, permisos, almacenamiento, transporte regulado, trazabilidad y obligaciones administrativas compite contra otra cuya ventaja puede surgir precisamente de no pagar parte de esos costos. No es eficiencia: es una distorsión de mercado que castiga al cumplimiento.

El tercero es el propio mercado energético. Cuando combustible de origen irregular entra a estaciones o cadenas de distribución, se vuelve más difícil conocer cuánto se consume, de dónde procede, qué impuestos efectivamente se recaudaron y qué participación tiene cada proveedor. La opacidad debilita la información con la que se diseñan políticas energéticas y fiscales.

El cuarto costo es de seguridad. Estados Unidos considera el contrabando de combustibles una fuente relevante de ingresos no vinculados con drogas para organizaciones criminales. Una actividad que comenzó como evasión aduanera puede terminar financiando capacidad logística, corrupción, armas o lavado de dinero.

El quinto costo recae sobre las Fuerzas Armadas. López Obrador les entregó responsabilidades civiles precisamente porque argumentaba que eran instituciones capaces de limpiar espacios capturados por corrupción. Si mandos navales terminan acusados de participar en una red que utilizaba esas mismas instalaciones, la afectación rebasa las conductas individuales: golpea la credibilidad del modelo institucional utilizado para justificar la militarización.

Y existe un costo para la relación con Estados Unidos. El combustible circula a través de cadenas transfronterizas, bancos, empresas estadounidenses y mexicanas. Las alertas de FinCEN y las sanciones de OFAC muestran que Washington ya trata el fenómeno como un problema de seguridad financiera y crimen organizado, no solamente como una diferencia tributaria mexicana. Eso aumenta los riesgos de sanciones, congelamientos, investigaciones extraterritoriales y mayores controles sobre empresas mexicanas.

X. Lo que el caso revela sobre la militarización

El fracaso más importante sería concluir que la solución consiste simplemente en sustituir a los militares acusados por otros militares. La experiencia de estos años apunta a un problema más profundo.

Una aduana moderna no se vuelve incorruptible por la identidad institucional de quien ocupa la oficina. Necesita trazabilidad digital del cargamento desde origen hasta destino, cruce automático entre permisos energéticos y pedimentos, análisis de anomalías en volúmenes, validación independiente de muestras, controles sobre modificaciones de clasificación, revisión del beneficiario final de las empresas, vigilancia patrimonial y capacidad para identificar redes entre funcionarios y particulares.

La presencia militar pudo fortalecer seguridad física, decomisos y disciplina en determinados espacios. El propio Gobierno reportó mayor recaudación en los primeros años. Pero eso no sustituye el diseño institucional. La confianza depositada en una institución no equivale a un mecanismo de control.

De hecho, cuanto mayor poder se concentra en una estructura presentada como incorruptible, mayor debe ser su auditoría externa. De lo contrario, cuando una persona dentro de esa estructura es cooptada, el prestigio institucional que debía impedir la corrupción puede convertirse en cobertura para que durante más tiempo nadie cuestione lo que ocurre.

XI. Lo que puede ocurrir ahora

El primer escenario es que la FGR siga la ruta financiera y corporativa. La captura de Fernando Farías puede aportar información, pero la dimensión real del expediente dependerá menos de nuevas fotografías de detenidos y más de identificar beneficiarios finales, cuentas, proveedores, importadores, comercializadores y servidores públicos que hicieron posibles las operaciones.

El segundo escenario es que la investigación se detenga en operadores y funcionarios ya identificados. Si ocurre, México podrá obtener condenas importantes sin saber cuántas operaciones similares ocurrieron, cuántos recursos dejó de recaudar el Estado ni cuántas empresas fueron utilizadas para colocar combustible en el mercado.

El tercero supone una revisión institucional de aduanas. La pregunta relevante ya no sería si deben administrarlas civiles o militares como una disputa ideológica, sino qué controles verificables hacen imposible que una sola cadena de intereses manipule documentos, muestras, permisos, accesos y facturas al mismo tiempo.

El cuarto escenario es político: que los nombres más visibles terminen sustituyendo al expediente. Si la discusión pública se concentra únicamente en demostrar o negar una responsabilidad de Andy López Beltrán, Rafael Ojeda o cualquier otra figura, existe el riesgo de perder de vista la arquitectura económica que hizo rentable y reproducible el negocio.

XII. Conclusión: una red que sólo podía crecer aprovechando al Estado

Qué sabemos

Sabemos que combustible fue introducido mediante declaraciones que las autoridades consideran falsas; que el aseguramiento de Tampico derivó en una investigación contra empresarios, marinos y exfuncionarios aduanales; que la UIF detectó movimientos patrimoniales y financieros considerados incompatibles con perfiles de algunos investigados; que la FGR atribuye a una estructura criminal organizada operaciones de contrabando, dispersión y distribución; y que existen otras redes de contrabando fiscal vinculadas documentalmente por Estados Unidos con organizaciones como el CJNG.

Qué está bajo investigación

La responsabilidad individual de los hermanos Farías Laguna, Miguel Ángel Solano Ruiz, funcionarios, empresas y operadores relacionados; el número total de cargamentos; las rutas financieras; los beneficiarios económicos; las operaciones en diferentes puertos y aduanas; y hasta dónde existió coordinación entre funcionarios públicos y particulares. Las órdenes de aprehensión y declaraciones ministeriales no sustituyen las sentencias que deberán determinar responsabilidades.

Qué se señala pero no está probado

No está probado públicamente que Rafael Ojeda haya protegido la red. Tampoco está probado que Andrés Manuel López Beltrán haya participado o encabezado el huachicol fiscal. No está demostrada una relación causal entre la revocación de su visa estadounidense y estas investigaciones. Tampoco existe evidencia pública suficiente para afirmar que la red atribuida a los Farías y las estructuras vinculadas al CJNG por Estados Unidos sean una sola organización.

Qué preguntas siguen sin respuesta

¿Cuántos cargamentos lograron entrar antes del aseguramiento de marzo de 2025? ¿Cuál es el daño fiscal acumulado? ¿Por qué las diferencias entre mercancía declarada, volúmenes, permisos y comportamiento comercial no produjeron alertas efectivas antes? ¿Quiénes son los beneficiarios finales de todas las empresas involucradas? ¿Qué información recibió Rafael Ojeda y exactamente cuándo? ¿Por qué la FGR ha dado cronologías y volúmenes diferentes en comunicados oficiales? ¿Qué mecanismos fallaron en Semar, ANAM, SAT y las autoridades energéticas? ¿Qué ocurrió con las señales financieras antes de que la red alcanzara esa escala?

Y en el caso de Andrés Manuel López Beltrán queda una pregunta mucho más concreta que las consignas partidistas: si existen referencias indirectas a su nombre dentro de testimonios, ¿hay algún dato independiente capaz de corroborarlas? Hasta hoy, públicamente, la respuesta es no. Si aparece, deberá investigarse. Si no aparece, las referencias no pueden convertirse por repetición en culpabilidad.

La mayor conclusión del huachicol fiscal no es que la militarización haya creado el contrabando ni que todos los funcionarios hayan sido cómplices. Es que un negocio capaz de mover millones de litros, docenas de vehículos, barcos, empresas y cientos de millones de pesos pudo desarrollarse a través de instituciones que ya habían sido reforzadas con el argumento de que así se impediría precisamente la corrupción.

Eso transforma el caso. Ya no es solamente delincuencia organizada ni evasión fiscal. Es un problema de capacidad del Estado.

El esquema encontró valor económico en la diferencia entre un litro de diésel y lo que un documento decía que ese litro era. Pero para monetizar esa diferencia necesitaba algo más: que suficientes controles del Estado fallaran, fueran burlados o, según las imputaciones existentes, fueran penetrados.

La política de López Obrador sustituyó parte de la desconfianza hacia las autoridades civiles por confianza en las Fuerzas Armadas. Los expedientes actuales muestran el límite de esa estrategia: ninguna institución es un sustituto de controles institucionales auditables.

Por eso la pregunta decisiva no es cuántos uniformes terminarán frente a un juez. Es si México llegará a saber quién ganó con cada cargamento, cuánto perdió el erario, quién permitió que circulara y por qué un sistema diseñado para cerrar la puerta al contrabando terminó teniendo la red dentro.

Fuentes consultadas

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