Geoeconómica y Política
Esta semana la oficina del representante Lloyd Doggett dio a conocer una carta que un grupo de 39 legisladores demócratas enviaron la semana pasada al Representante Comercial (USTR), Jamieson Greer, solicitando información sobre las acciones que haya tomado para que México cumpla con sus obligaciones de protección a la vaquita marina y a la totoaba, de acuerdo con el capítulo ambiental del TMEC. Esta es una obligación que data del TLCAN, en la que las Partes se comprometieron a implementar las medidas necesarias para proteger a las especies amenazadas y en peligro de extinción listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), entre las que se encuentran ambas.
Este es un asunto que tiene más de diez años sobre la mesa y que se ha mantenido en la agenda gracias a la presión de diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) y al que el USTR le ha puesto poca atención. Sin embargo, con las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, es un tema que resulta políticamente muy rentable: ¿quién puede atacar a un legislador que promueva la protección de especies amenazadas?
Las demandas de las ONGs en favor de la vaquita marina y la totoaba ante las autoridades estadounidenses iniciaron en 2014, cuando el Centro para la Diversidad Biológica (CBD) presentó la primera queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) – creada en el marco del TLCAN – argumentando la posible extinción de estas especies, ante la indiferencia de las autoridades mexicanas. La totoaba se ha sobre explotado por los poderes curativos que atribuyen en Asia a su vejiga natatoria y comparte el mismo hábitat con la vaquita marina en el Mar de Cortés, que se atora en las redes usadas para la pesca de la totoaba.
Ante la falta de respuesta, el CBD, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales y el Instituto para el Bienestar de los Animales solicitaron al USTR iniciar consultas en el marco del TMEC en agosto de 2021. Esa vez, Katherine Tai, que entonces era la titular del USTR, solicitó a México en febrero de 2022 iniciar consultas sobre varios temas ambientales, incluyendo la protección a la vaquita marina y la totoaba.
México se comprometió a elaborar un reporte con las acciones emprendidas en favor de la protección de ambas especies y Biden decidió no presionar más con este tema cuando existía la posibilidad de crear otros páneles por las quejas sobre maíz transgénico y la reforma energética. Sin embargo, en diciembre de ese año las tres ONGs presentaron una queja ante el USTR pidiendo una explicación al retraso de la respuesta a la solicitud presentada en agosto del 2021, después de que el CITES amenazó con sancionar a México ante la falta de acciones concretas.
Las tres ONGs consiguieron que en mayo del 2023 un juez certificara que México no estaba haciendo todo lo posible para proteger a estas dos especies, forzando a Biden a aplicar sanciones en contra de México. Biden decidió otorgar a México un año para que implementara adecuadamente el programa de protección que un mes antes había presentado al CITES y pospuso por un año un embargo a los productos pesqueros mexicanos, que hubiera significado un daño superior a los 850 millones de dólares.
En agosto del 2025, la CCA publicó su reporte final sobre la queja presentada inicialmente por las tres ONGs en 2021, concluyendo que las autoridades mexicanas no hacen cumplir con el rigor necesario las leyes para la protección de la totoaba y la vaquita marina, socavando la legislación ambiental y generando subsidios a las prácticas injustas de pesca. Desde entonces no ha habido nuevas acciones por parte del gobierno de Trump, para quien la protección ambiental no es prioritaria.
Los legisladores que firman la carta, que incluye a los representantes demócratas de mayor jerarquía en los comités de Recursos Naturales (Jared Huffman), Energía (Frank Pallone) y Asignaciones Presupuestales (Rosa DeLauro), ocho miembros del comité de Medios y Procedimientos – responsable del TMEC en la Cámara de Representantes – y congresistas de todos los estados del Pacífico, preguntan a Greer si el proceso de consultas continúa y las razones por las que el gobierno de Estados Unidos no ha pedido la formación de un pánel. Podemos estar seguros de que este tema formará parte de la agenda para la siguiente ronda, que se realizará en Washington durante la primera quincena de septiembre. Y en este caso, la solución sólo depende del gobierno mexicano.
