China puso en vigor este 15 de septiembre una nueva regulación de entrada y salida que amplía los supuestos bajo los cuales un ciudadano puede ser impedido de abandonar el país. Entre ellos se encuentra el incumplimiento de normas sobre controles de exportación y gestión de importaciones y exportaciones de tecnología cuando la conducta pueda poner en riesgo la seguridad industrial o tecnológica nacional.
La medida está contenida en el Reglamento del Consejo de Estado sobre Administración de Entrada y Salida, emitido mediante el Decreto número 841. El Consejo de Estado aprobó el texto el 29 de junio, el primer ministro Li Qiang lo promulgó el 22 de julio y su publicación oficial ocurrió el 31 de julio. El documento establece que sus 19 artículos entran en vigor el 15 de septiembre de 2026.
El nuevo marco establece diferentes circunstancias en las que las autoridades pueden restringir la salida de ciudadanos chinos. La disposición incluye a quienes hayan obtenido de manera fraudulenta documentos de entrada o salida o hayan entrado o salido ilegalmente y recibido una sanción administrativa; a quienes realicen actividades ilegales o delictivas en el extranjero que perjudiquen la seguridad o los intereses nacionales; y a quienes incumplan disposiciones de control de exportaciones o de gestión de comercio tecnológico con un posible riesgo para la seguridad industrial o tecnológica.
En los casos relacionados con documentos obtenidos fraudulentamente o con entradas y salidas ilegales que hayan derivado en detención administrativa, el reglamento contempla una prohibición de salida de entre seis meses y tres años. Para ciudadanos que hayan cometido actividades ilegales o delictivas en el extranjero y hayan perjudicado la seguridad o los intereses nacionales, también establece un periodo de seis meses a tres años a partir de su regreso a China. El supuesto tecnológico, en cambio, no fija en ese artículo un plazo específico.
La regulación también incorpora nuevas reglas para la revisión de las solicitudes de entrada y salida. Los motivos declarados por las personas deberán ser verdaderos y legales, mientras que las autoridades migratorias y consulares podrán solicitar documentos, información, datos electrónicos y otros elementos para verificar la identidad y el motivo del viaje. La normativa establece que proporcionar información o materiales falsos puede derivar en la negativa a expedir documentos o en la prohibición de entrada o salida.
El Consejo de Estado señaló que el objetivo del reglamento es regular la administración de entrada y salida, proteger los derechos legales de las personas y salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. El texto también establece un sistema para prevenir riesgos de seguridad asociados con la salida de ciudadanos chinos y contempla advertencias oficiales sobre destinos considerados de alto riesgo.
La entrada en vigor ocurre además junto con nuevas reglas para los servicios de intermediación migratoria. La Administración Nacional de Inmigración y la Administración Estatal de Regulación del Mercado publicaron el 14 de septiembre un reglamento específico para registrar a las agencias y personas que ofrecen estos servicios. La medida, de 14 artículos, también comenzó a aplicarse este 15 de septiembre.
La Administración Nacional de Inmigración informó que establecerá una plataforma nacional para publicar la información de las agencias y personas que hayan completado ese registro. El organismo indicó que el sistema será administrado por las autoridades locales de gestión de entrada y salida de los órganos de seguridad pública.
Con ello, el nuevo régimen combina controles sobre la movilidad internacional, mecanismos de prevención de riesgos y disposiciones específicas para actividades vinculadas con tecnología y exportaciones. La norma ya se encuentra vigente en todo el territorio chino desde este 15 de septiembre.
