El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, volvió a colocar este domingo la acusación de un supuesto “narcopacto” entre el Gobierno federal y grupos criminales como eje de la confrontación política. El dirigente pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum “abrir los ojos” y sostuvo que esas alianzas vulneran la seguridad y la soberanía.
La acusación fue difundida por Acción Nacional como una posición política del partido. No existe, a partir de este pronunciamiento, una determinación judicial que acredite la existencia de un acuerdo entre el Gobierno federal y organizaciones criminales. Romero afirmó que México se ha convertido en un “NarcoEstado” y responsabilizó a Morena de una supuesta relación con el crimen organizado.
El planteamiento ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera a México identificar, detener y procesar a funcionarios públicos que presuntamente colaboren con cárteles. Sheinbaum respondió el 17 de septiembre que México actúa cuando existen pruebas de vínculos de funcionarios con ilícitos, sin importar el partido, y reclamó conocer también los resultados estadounidenses contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.
Para el PAN, esa presión internacional exige revisar la actuación institucional. Sin embargo, los señalamientos políticos y las solicitudes provenientes del exterior no sustituyen una investigación ministerial ni una resolución judicial sobre la responsabilidad individual de servidores públicos.
El antecedente legislativo del PAN
La parte concreta de la postura de Romero está en la iniciativa que su bancada presentó en la Cámara de Diputados el 2 de septiembre para endurecer las sanciones contra servidores públicos que se coludan, colaboren o faciliten actividades de organizaciones criminales. El proyecto plantea reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La propuesta contempla penas de 80 a 140 años de prisión y multas de entre 12 mil y 24 mil días, además de establecer la imprescriptibilidad de las conductas previstas. El PAN ha explicado que una pena de ese alcance busca impedir que quienes resulten responsables recuperen su libertad durante el resto de su vida.
El planteamiento todavía forma parte del proceso legislativo y no equivale a una reforma vigente. Su aprobación requeriría el análisis y votación correspondientes en el Congreso. La propuesta también ha encontrado cuestionamientos dentro de la Cámara: el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no respaldaría penas de hasta 140 años en los términos planteados y sostuvo que elevar las sanciones no necesariamente reduce los delitos.
El debate sobre las acusaciones
Las expresiones de Romero tienen además un antecedente electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó medidas cautelares que ordenaron retirar determinadas publicaciones del PAN y del propio dirigente en las que se vinculaba a Morena con expresiones como “narcopartido” y “narcopacto”. La resolución se ocupó de publicaciones específicas y de la procedencia de medidas cautelares; no estableció, por sí misma, una conclusión general sobre la existencia o inexistencia de vínculos entre Morena y organizaciones criminales.
Ese límite resulta relevante porque el comunicado panista vuelve a utilizar una acusación de alto impacto político, mientras exige que las instituciones investiguen posibles relaciones entre funcionarios y grupos delictivos. La diferencia entre una denuncia política y una responsabilidad penal depende de que existan elementos de prueba, una investigación formal y, en su caso, una determinación de autoridad competente.
Romero sostuvo que su partido mantendrá la exigencia de aplicar las mismas reglas a cualquier servidor público, sin importar su afiliación. Con ello, el PAN busca trasladar el debate del señalamiento político a una propuesta legislativa concreta: aumentar las penas para quienes sean encontrados responsables de colaborar con organizaciones criminales.
Por ahora, el hecho verificable es que el PAN reiteró este 20 de septiembre la acusación de un supuesto “narcopacto” y volvió a defender una iniciativa que permanece en trámite. La discusión pendiente será si el Congreso modifica el marco penal y bajo qué condiciones jurídicas se definirían las conductas y responsabilidades que pretende sancionar.
