La International Chamber of Commerce México (ICC México) emitió una alerta sobre la carga de trabajo en el Poder Judicial. El organismo advirtió que una llegada masiva de demandas por la suspensión de números móviles podría saturar los juzgados especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Esta acumulación de expedientes demoraría la resolución de otros litigios clave para el desarrollo económico del país.
La cámara empresarial aclaró que su planteamiento no busca limitar el derecho de la ciudadanía a inconformarse ante los jueces. Sin embargo, la advertencia llega justo cuando avanza el calendario obligatorio de registro telefónico. En este periodo, las empresas comenzaron a suspender temporalmente las líneas que no realizaron la vinculación oficial en las fechas límite establecidas.
Riesgos operativos e impacto en inversiones
La principal inquietud del sector privado reside en el destino de los recursos judiciales. Los tribunales especializados atienden controversias regulatorias complejas y disputas de mercado entre grandes empresas. Por ello, una avalancha de quejas individuales afectaría su labor regular:
- Podrían aplazarse decisiones corporativas estratégicas por falta de sentencias oportunas.
- Quedarían detenidas inversiones millonarias a la espera de resoluciones legales claras.
- Se prolongaría la incertidumbre jurídica entre las compañías que operan en los mercados regulados.
- Se destinaría tiempo de jueces técnicos a quejas individuales de servicio móvil.
Aunque la cámara no reportó una cifra oficial de juicios iniciados, consideró fundamental prevenir este cuello de botella administrativo.
Propuesta para distribuir expedientes judiciales
Frente a este panorama, ICC México propuso a las autoridades judiciales establecer criterios claros y uniformes. La intención es definir qué quejas requieren a un juez especializado en telecomunicaciones y cuáles pueden turnarse a juzgados ordinarios. Asimismo, sugirió emitir acuerdos generales administrativos para balancear el reparto de los casos entre diferentes instancias.
Finalmente, el debate en torno a los amparos por líneas celulares exige equilibrar dos prioridades institucionales. Por un lado, se debe garantizar el acceso a la justicia de los consumidores afectados. Por el otro, resulta indispensable preservar la capacidad técnica de los tribunales para resolver asuntos regulatorios de alto impacto nacional.
