La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, puso el foco en la documentación que deberá presentar Grupo Simsa para acreditar el origen legal de los 59 millones de litros de combustible asegurados en una terminal de San José Iturbide. La empresa sostiene que el producto es lícito y que ya entregó información a la Fiscalía General de la República (FGR), pero la autoridad mantiene abierta la investigación sobre su procedencia y trazabilidad.
El aseguramiento ocurrió el 17 de septiembre en la comunidad de La Fragua, donde autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez de control. En el inmueble fueron localizados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.
La FGR reportó aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.27 millones de litros de gasolina premium y 18.27 millones de litros de diésel. La magnitud del volumen convirtió el operativo en uno de los principales aseguramientos de combustible, pero el decomiso no determina por sí mismo la legalidad del producto.
La documentación se volvió el punto central
Después del operativo, Grupo Simsa, propietario de Gas Natural del Noroeste, afirmó que la terminal opera legalmente y cuenta con permisos para el almacenamiento de petrolíferos. La empresa sostuvo que el combustible pertenece a terceros y que presentó ante la FGR documentos para demostrar su procedencia lícita.
La versión de la compañía contrastó con la información de la Fiscalía. El 19 de septiembre, la FGR señaló que no había recibido de todas las empresas relacionadas la documentación necesaria para acreditar de manera completa la licitud del origen, manejo y destino del combustible localizado.
La gobernadora retomó esa diferencia al señalar que no basta con afirmar que el producto es legal. Las empresas deben contar con documentos que permitan seguir la ruta del hidrocarburo desde su adquisición o importación hasta su almacenamiento. Entre los comprobantes mencionados están las facturas de Petróleos Mexicanos o las cartas de importación, dependiendo de la procedencia.
El punto no es únicamente demostrar que la terminal tiene autorización para operar. La investigación busca establecer quién es propietario del combustible, de dónde provino, cómo llegó a la instalación y cuál era su destino. Por ello, los permisos de almacenamiento y la documentación específica de cada cargamento tienen funciones distintas.
FGR amplía la investigación sobre el combustible
La investigación federal comenzó a partir de un operativo realizado en julio, relacionado con la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz sin poder acreditar su trazabilidad. Las diligencias posteriores llevaron a las autoridades hasta la terminal de San José Iturbide.
Por la complejidad del expediente, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación. La FGR informó que revisa documentación, empresas relacionadas y entrevistas con directivos, y analiza la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo.
La investigación abrió una discusión local por las condiciones de seguridad de la terminal. Habitantes de ocho comunidades cercanas solicitaron inspecciones y medidas de seguridad ante el volumen de combustible almacenado. Vecinos y autoridades municipales y estatales se reunieron con representantes de la empresa para revisar sus peticiones.
El caso tomó relevancia nacional después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FGR explicar las razones del aseguramiento y el estado de la investigación. El expediente pasó así a concentrarse en una pregunta: si la documentación disponible permite reconstruir verificablemente la ruta legal de los 59 millones de litros.
Mientras la Fiscalía completa las diligencias, Grupo Simsa mantiene su versión de que el combustible es lícito. La determinación sobre su procedencia corresponderá a las autoridades encargadas de la investigación, que deberán establecer si existieron irregularidades relacionadas con su almacenamiento, distribución o comercialización. Hasta entonces, el aseguramiento no constituye una sentencia sobre la empresa ni una resolución definitiva sobre la legalidad del hidrocarburo.
