La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener las reglas electorales que permiten anular una elección si se acredita la intervención del crimen organizado y restringir candidaturas vinculadas con grupos delictivos. La petición ocurre a un día de que el Pleno revise la reforma electoral estatal impugnada ante el máximo tribunal.
Campos fijó su postura este lunes, cuando la Corte se prepara para discutir las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026. Los expedientes corresponden a impugnaciones contra modificaciones aprobadas en Chihuahua a su marco electoral, entre ellas las disposiciones que buscan impedir que organizaciones criminales intervengan en los comicios.
La mandataria pidió conservar la reforma bajo el argumento de que el voto debe definirse en las urnas y no por la influencia de grupos delictivos. La decisión sobre la constitucionalidad de las normas corresponde únicamente a la Suprema Corte.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra tiene a su cargo el proyecto que será discutido por el Pleno. La Corte deberá revisar si las medidas aprobadas por el Congreso local pueden mantenerse dentro del marco constitucional o si alguna de sus disposiciones invade competencias, afecta derechos o contradice las reglas que rigen al sistema electoral.
El debate no se limita a determinar si el crimen organizado puede intervenir en una elección. La cuestión jurídica está en las herramientas que un estado puede crear para impedirlo y en los límites que tiene al convertir esa intervención en una causa con consecuencias sobre una elección o sobre quienes buscan una candidatura.
Chihuahua busca blindar las urnas con reglas propias
Las disposiciones cuestionadas establecen mecanismos para actuar cuando exista intervención criminal en los procesos electorales. Entre ellos se encuentra la posibilidad de anular una elección cuando se acrediten los supuestos previstos por la legislación, además de restricciones relacionadas con candidaturas que tengan vínculos con grupos delictivos.
La defensa de Chihuahua parte de un objetivo concreto: evitar que estructuras criminales alteren la competencia electoral. Sin embargo, que una norma tenga ese objetivo no determina por sí mismo su validez constitucional. La Corte debe revisar la forma en que fueron construidas las reglas y su compatibilidad con las facultades que corresponden al estado y a la Federación.
El expediente también incluye otros cuestionamientos a la reforma electoral, por lo que el Pleno no analizará únicamente las disposiciones relacionadas con delincuencia organizada. La resolución puede abordar distintos cambios aprobados por el Congreso de Chihuahua y definir cuáles pueden permanecer vigentes.
La discusión ocurre además cuando a nivel federal se han planteado mecanismos para revisar la integridad de las candidaturas y detectar posibles riesgos de infiltración criminal. Chihuahua, sin embargo, enfrenta su propia controversia constitucional y la Corte deberá resolverla a partir de las normas impugnadas y de las competencias previstas en la Constitución.
La Corte definirá hasta dónde llega el estado
El antecedente de Chihuahua muestra que las entidades pueden legislar sobre sus procesos electorales, pero sus normas están sujetas a revisión constitucional. La SCJN ya ha invalidado disposiciones electorales del estado por no ajustarse a reglas federales, por lo que la nueva resolución pondrá a prueba el alcance de la legislación local.
Para Campos, mantener las medidas significa conservar un mecanismo específico frente a una posible intervención criminal en las urnas. Para los promoventes de las acciones, el análisis consiste en determinar si esas medidas fueron diseñadas dentro de los límites constitucionales y si respetan los derechos político-electorales.
La sesión del Pleno está prevista para este martes 29 de septiembre. A partir de la votación, la Corte podrá definir qué disposiciones permanecen vigentes y cuáles, en su caso, deberán quedar sin efectos. Hasta entonces, la petición de la gobernadora representa la posición del Ejecutivo de Chihuahua frente al litigio, mientras la decisión sobre el blindaje electoral queda en manos del máximo tribunal.
