La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que ya entregó toda la información disponible sobre el caso Ayotzinapa, mientras la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas mantiene abiertas nuevas líneas de trabajo. La postura fue expuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostuvo que no existen más documentos militares por proporcionar a las familias, pese a que en marzo un juzgado federal había ordenado entregar la totalidad de información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala.
La declaración vuelve a colocar los archivos del Ejército en el centro de una controversia que acompaña al caso desde hace años. Para las familias, la documentación militar ha sido relevante para reconstruir lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Para el Gobierno federal, la información disponible ya fue entregada y las investigaciones actuales avanzan mediante otros elementos.
El punto pendiente son los archivos militares
Sheinbaum explicó que los archivos de la Defensa fueron abiertos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que las familias pudieran revisarlos directamente y sostuvo que “se ha entregado lo que existe”. Ante la pregunta de si podrían obtenerse documentos adicionales, respondió que no hay más, “por lo que se nos ha informado”, de lo que ya fue entregado.
La afirmación contrasta con el antecedente judicial de marzo. Un juzgado federal ordenó a la Defensa entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, incluidos 853 folios reclamados durante años por los familiares.
La entrega de esos documentos se convirtió así en un asunto distinto de la investigación penal. Mientras el Ejecutivo sostiene que no existen más archivos disponibles, el antecedente judicial ordenó entregar documentación reclamada por las familias. El alcance de esa resolución y la situación de los folios deberán contrastarse con lo que efectivamente se incorporó al expediente.
El antecedente no determina responsabilidades por la desaparición. Sí explica por qué los archivos militares continúan siendo un punto sensible dentro del caso, particularmente ante el reclamo de las familias por acceder a información generada por instituciones castrenses.
Nuevas líneas cambian el rumbo de la investigación
La discusión documental ocurre mientras la Fiscalía General de la República trabaja con nuevas líneas de investigación. El 28 de septiembre, la Secretaría de Gobernación informó que el reanálisis de documentos y registros telefónicos permitió abrir cuatro líneas relacionadas con las comunicaciones, los teléfonos de los normalistas, la revisión documental de expedientes y el posible ocultamiento de videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Una de esas líneas surgió del análisis de alrededor de 80 mil cruces telefónicos correspondientes a la noche de la desaparición y meses posteriores. También se identificaron 17 nuevos objetivos sujetos a investigación a partir de patrones de comunicación.
Sheinbaum rechazó además que las nuevas investigaciones constituyan una nueva versión oficial de los hechos. Sostuvo que las líneas actuales parten de elementos científicos y testimonios y que, si las pruebas no son suficientes, corresponderá a los jueces determinarlo.
La Fiscalía mantiene también actuaciones relacionadas con nuevas detenciones y con la búsqueda de personas vinculadas con los hechos. El Gobierno ha señalado que existen integrantes del Ejército detenidos por presuntos vínculos con delincuencia organizada, pero aclaró que esas detenciones no corresponden a una acusación por la desaparición de los estudiantes.
A 12 años del caso, la investigación continúa sin esclarecer el paradero de los 43 normalistas. La postura de la Defensa no cierra la investigación, pero fija una posición institucional sobre uno de los puntos que las familias han reclamado durante años. La diferencia entre esa versión y el antecedente judicial sobre los 853 folios seguirá siendo relevante mientras las autoridades ministeriales y judiciales determinen qué documentación fue entregada, cuál forma parte del expediente y qué elementos pueden aportar a la búsqueda y al esclarecimiento de lo ocurrido.
