El Senado aceleró este jueves la construcción de una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. La Comisión de Igualdad de Género informó que en los próximos días tendrá un primer borrador de dictamen, luego de incorporar propuestas sobre tentativa, protección a sobrevivientes, orfandad y armonización de las leyes estatales.
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de julio y busca establecer un marco común para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio en todo el país. El proyecto plantea que las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúen de manera coordinada y que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género.
El texto todavía puede cambiar
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, informó que existen coincidencias entre las distintas fuerzas políticas sobre varios temas. El primer borrador será revisado por las integrantes de la comisión y después discutido en comisiones unidas, por lo que el contenido anunciado todavía no constituye una legislación aprobada.
Entre los puntos sobre la mesa está la atención a niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad después de un feminicidio. La propuesta contempla una protección reforzada para ellos y reconoce las consecuencias que el delito produce más allá de la víctima directa.
La tentativa de feminicidio es otro de los asuntos que el Senado busca incorporar. El proyecto plantea aplicar las disposiciones de la nueva ley a estos casos cuando no exista una regla particular, con el objetivo de establecer una respuesta jurídica frente a agresiones que no terminan con la muerte de la víctima.
También se discuten medidas de protección para sobrevivientes, agravantes y obligaciones para las fiscalías. Las propuestas contemplan unidades especializadas para investigar feminicidios, mecanismos de coordinación entre autoridades y criterios comunes para la actuación ministerial y pericial.
La homologación es uno de los cambios de mayor alcance. El proyecto pretende establecer un tipo penal común, distribuir competencias entre Federación, estados y municipios y fijar estándares nacionales para la investigación. De aprobarse, las entidades tendrían que ajustar sus marcos jurídicos a las reglas generales que establezca el Congreso.
El Senado apunta a noviembre
La discusión ocurre después de una ruta de análisis que incluyó revisión técnica, recepción de observaciones y propuestas parlamentarias.
Mícher señaló que la intención es llevar el dictamen al Pleno del Senado, enviarlo después a la Cámara de Diputados y contar con el nuevo ordenamiento antes del 25 de noviembre. Ese calendario deja poco margen para resolver las diferencias que todavía puedan surgir durante la elaboración del documento.
La discusión llega mientras el Gobierno federal reporta una reducción de 36 por ciento en el promedio diario de feminicidios durante la actual administración. El dato muestra una disminución del indicador, pero no elimina el problema que el nuevo ordenamiento busca atender: diferencias en la forma de investigar, perseguir y sancionar estos delitos.
Ahí estará una de las principales pruebas de la reforma. Una ley general puede fijar obligaciones y procedimientos comunes, pero su alcance dependerá de que fiscalías y autoridades locales puedan aplicarlos. La iniciativa busca reducir esas diferencias mediante coordinación, unidades especializadas, intercambio de información y reglas de investigación con perspectiva de género.
Por ahora, el Senado no ha aprobado una nueva Ley General contra el Feminicidio. Lo que existe es un proceso de dictaminación que entra en una etapa decisiva, con acuerdos sobre algunos contenidos y propuestas que todavía deben integrarse al texto final.
El siguiente paso será conocer el primer borrador y determinar qué planteamientos logran convertirse en disposiciones del dictamen. Después vendrá la votación en el Senado y, en su caso, la revisión de los diputados. Hasta entonces, la construcción de una respuesta nacional homologada frente al feminicidio seguirá siendo una propuesta en proceso.
