El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, negó haber ordenado directamente el operativo policial contra quienes protestaban por la calidad del agua frente a Casa Jalisco el 11 de octubre. Aseguró que supervisaba actuaciones en otro punto y reconoció que tres mandos policiales están bajo investigación administrativa.
La movilización exigía respuestas por el agua que llega a la zona metropolitana de Guadalajara. Durante la intervención, manifestantes denunciaron el uso de fuerza policial, gas lacrimógeno y chorros de agua. Según La Jornada, entre quienes estaban en el lugar había mujeres, personas adultas mayores y menores de edad.
Las declaraciones oficiales no han aclarado quién decidió intervenir ni bajo qué criterios se empleó la fuerza. La investigación deberá reconstruir las órdenes, las acciones de cada mando y el trato a los detenidos. Por ahora, no existe una determinación definitiva sobre responsabilidades administrativas o penales.
Tres mandos, pero sin una orden identificada
En una conferencia con integrantes del gabinete estatal de seguridad, Hernández González informó que las diligencias incluyen declaraciones de policías y mandos. Dijo que tres superiores podrían recibir sanciones, aunque cualquier decisión dependerá de los resultados de la investigación interna.
El secretario sostuvo que no dio la orden de intervenir. Según su versión, supervisaba actuaciones en el costado de la calle Montreal, mientras parte de los hechos ocurrió en la vialidad Rubén Darío. Esa diferencia forma parte de su explicación, pero no determina quién coordinó la operación ni cómo se comunicaron las instrucciones entre los agentes.
Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad estatal, señaló que no se revelarían los nombres de quienes presuntamente ordenaron el operativo. Justificó la reserva al afirmar que divulgarlos podría exponer a los involucrados a represalias. La decisión deja sin respuesta pública una pregunta central: quién decidió usar la fuerza y qué nivel de mando conocía la operación.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, afirmó que todavía no podía precisar qué delitos podrían acreditarse a partir de las denuncias de personas detenidas. Algunas reportaron posibles actos de tortura durante su retención, antes de ser puestas a disposición de la Fiscalía. Las acusaciones requieren una investigación específica y deben revisarse mediante testimonios y evidencias.
Los detenidos fueron trasladados a un espacio contiguo al centro de coordinación C5, cerca de Casa Jalisco. Hernández González dijo que la cantidad de personas impedía trasladarlas en vehículos; esa explicación no establece si la retención se ajustó a los protocolos.
La protesta por el agua mantiene abierto el reclamo ciudadano
La investigación ocurre mientras persiste la inconformidad por la calidad del agua en Guadalajara y Zapopan. El gobierno estatal ha reconocido afectaciones en hogares del área metropolitana y anunciado racionamiento temporal, además de obras de infraestructura para atender el problema.
El plan contempla reducir la presión o suspender el suministro en ciertas zonas, con apoyo de pipas y plantas potabilizadoras. El gobierno sostiene que los ajustes buscan evitar que siga llegando agua de mala calidad mientras se intervienen fuentes de abastecimiento e instalaciones de tratamiento. Estas medidas no sustituyen la obligación de informar qué zonas están afectadas y bajo qué criterios se restablecerá el servicio.
El caso combina una demanda por un servicio esencial con denuncias sobre el uso de la fuerza durante una manifestación. La revisión no debería limitarse a comprobar si el secretario emitió una orden directa. También debe reconstruir la cadena de mando, determinar si se respetaron los protocolos y esclarecer las condiciones de detención.
Las indagatorias deberán establecer si hubo faltas disciplinarias o conductas posiblemente delictivas. También será importante conocer si las denuncias de tortura se investigan con independencia y qué información puede divulgarse para que la ciudadanía evalúe la actuación institucional sin comprometer el debido proceso.
Hasta ahora, las autoridades no han identificado públicamente a quien habría autorizado el operativo. Las conclusiones deberán apoyarse en evidencia y distinguir responsabilidades individuales.
