La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 28 de octubre una resolución que pide poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, aunque el respaldo internacional disminuyó respecto al año anterior. La iniciativa obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, en una votación que reflejó cambios en las posiciones diplomáticas de varios países frente a la política de Washington hacia la isla.
El resultado representa una reducción de 35 votos favorables respecto a octubre de 2025, cuando la resolución recibió 165 apoyos, siete votos en contra y 12 abstenciones. Aunque la propuesta volvió a obtener una mayoría amplia, el aumento de los votos contrarios y de las abstenciones evidenció una menor coincidencia entre los Estados miembros sobre la forma de abordar el conflicto entre Washington y La Habana.
La resolución fue presentada por Cuba y forma parte de una iniciativa que la Asamblea General examina anualmente desde 1992, con el objetivo de solicitar el levantamiento de las restricciones estadounidenses. El texto aprobado no es jurídicamente vinculante, por lo que no obliga a Washington a eliminar las medidas. La decisión de modificar o levantar el embargo corresponde a las autoridades estadounidenses, incluido el Congreso en las materias que dependen de su competencia legislativa.
La votación se produjo después de dos días de intervenciones en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Durante el debate, los representantes cubanos defendieron que las restricciones comerciales y financieras afectan el acceso de la población a bienes esenciales y limitan las relaciones económicas con terceros países.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo ante la Asamblea General que las medidas estadounidenses perjudican a la población y obstaculizan el desarrollo económico de la isla. También cuestionó la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, una clasificación que, según el Gobierno cubano, añade dificultades para acceder a operaciones financieras internacionales.
La delegación estadounidense defendió una posición contraria. Su representante ante Naciones Unidas, Mike Waltz, atribuyó la crisis económica cubana a las políticas internas del Gobierno de la isla y rechazó que el embargo fuera responsable de todos sus problemas. Durante su intervención, también señaló que Estados Unidos mantiene intercambios comerciales con Cuba, incluidos determinados productos y exportaciones autorizadas.
Las posiciones expuestas reflejan el desacuerdo entre ambos gobiernos sobre las causas de la crisis cubana y la responsabilidad de las restricciones económicas. Mientras La Habana reclama el levantamiento del embargo, Washington sostiene que las decisiones económicas y políticas internas de Cuba también explican sus dificultades.
El texto aprobado reafirma principios de la Carta de Naciones Unidas, como la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y la libertad de comercio y navegación. También expresa preocupación por los efectos extraterritoriales de determinadas leyes estadounidenses, en particular la Ley Helms-Burton de 1996, que contempla disposiciones relacionadas con propiedades nacionalizadas en Cuba y puede afectar a empresas de terceros países.
Durante la sesión, varias delegaciones expresaron preocupación por la situación humanitaria de la isla, especialmente por las dificultades de acceso a combustible, medicamentos, alimentos y servicios esenciales. México reiteró su rechazo a las medidas económicas unilaterales y defendió que las diferencias entre países deben abordarse mediante el diálogo y la cooperación internacional.
Sin embargo, la resolución no modifica por sí misma las restricciones comerciales vigentes ni garantiza un cambio inmediato en las relaciones entre ambos gobiernos. Su principal efecto es político y diplomático: registra la posición mayoritaria de la Asamblea General y mantiene la presión internacional para que Estados Unidos revise su política hacia Cuba.
La votación también deja una diferencia relevante frente a años anteriores. En 2016, durante el acercamiento diplomático entre Washington y La Habana bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos se abstuvo en lugar de votar en contra. Desde entonces, las relaciones bilaterales han atravesado nuevas etapas de tensión.
El resultado del 28 de octubre mantiene vigente el reclamo de Naciones Unidas para poner fin al embargo, pero con menos apoyos que en 2025. La resolución no establece una fecha para levantar las restricciones ni modifica la legislación estadounidense, por lo que cualquier cambio dependerá de futuras decisiones de Washington.
