Los gobiernos federal y de Jalisco anunciaron una inversión conjunta de aproximadamente 24 mil 700 millones de pesos para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. El plan fue presentado el 28 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Pablo Lemus, e incluye dos acueductos, la modernización de plantas potabilizadoras y obras de saneamiento.
De acuerdo con el anuncio, la Federación aportará 14 mil 500 millones de pesos, mientras que el gobierno estatal destinará 10 mil 200 millones. Los recursos se dirigirán a ampliar la infraestructura hidráulica y reducir las afectaciones que enfrentan habitantes de la zona metropolitana, donde se han reportado interrupciones del servicio y problemas relacionados con la calidad del agua.
La propuesta contempla que los trabajos de los nuevos acueductos comiencen en 2027 y concluyan hacia finales de 2028. Las autoridades sostienen que el proyecto permitirá aumentar el suministro y mejorar las condiciones de conducción del agua.
Dos acueductos para ampliar el abastecimiento
El componente federal contempla la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, con una longitud aproximada de 42 kilómetros y una inversión de 9 mil 300 millones de pesos. El sistema tendrá capacidad para conducir hasta 8 mil litros por segundo y busca mejorar el traslado del agua hacia la metrópoli mediante infraestructura renovada.
El segundo proyecto será el acueducto Calderón-San Gaspar, de alrededor de 31 kilómetros. Para esta obra y la ampliación de la planta potabilizadora de San Gaspar se prevé una inversión conjunta de 5 mil 200 millones de pesos. El sistema permitirá aprovechar mejor el agua vinculada con la presa El Zapotillo y reforzar la conexión entre las fuentes de abastecimiento y la red metropolitana.
Según las estimaciones presentadas por las autoridades, ambas obras contribuirían a incrementar el suministro en aproximadamente mil 200 litros por segundo. La capacidad de conducción de los acueductos, no obstante, no equivale automáticamente al volumen que llegará a cada vivienda: el resultado también dependerá de la disponibilidad del recurso, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución.
La ejecución estará a cargo del Gobierno federal mediante la Comisión Nacional del Agua. El gobierno estatal, por su parte, concentrará su aportación en la potabilización y el saneamiento de la infraestructura local.
Saneamiento y mejoras para el servicio doméstico
La aportación estatal contempla la renovación de la planta potabilizadora número uno de Miravalle, cuya infraestructura tiene aproximadamente 70 años de antigüedad. La intervención está estimada en 7 mil 500 millones de pesos y se desarrollará en tres etapas. Según lo anunciado por Lemus, la primera fase buscará entrar en operación en un plazo de seis meses para recuperar caudales y reducir las interrupciones que afectan a distintas colonias.
El programa también incluye trabajos de saneamiento en el canal y la presa de Las Pintas, además de reparar y construir colectores para evitar que las aguas residuales contaminen el suministro. Las autoridades informaron que se detectaron alrededor de 150 descargas irregulares, algunas de las cuales ya fueron clausuradas, mientras se realizan acciones para identificar y sancionar a los responsables.
Lemus afirmó que la aportación estatal se cubrirá mediante ajustes presupuestales, sin recurrir a nueva deuda pública. También sostuvo que el acuerdo no contempla privatizar el servicio ni aumentar las tarifas del agua en la zona metropolitana. La aplicación de estos compromisos deberá observarse durante la ejecución de las obras y el seguimiento de los presupuestos.
Aunque el anuncio establece una ruta de inversión, los resultados no serán inmediatos. La ciudadanía necesitará conocer los avances físicos y financieros, las fechas de entrada en operación y los cambios efectivos en la continuidad y calidad del suministro.
El reto será coordinar las nuevas instalaciones con las redes actuales y mantenerlas en condiciones adecuadas. La evaluación del programa dependerá de que la inversión se traduzca en agua segura y disponible para los hogares, no únicamente en infraestructura construida.
