El Gobierno mexicano manifestó su rechazo a la decisión tomada por la Suprema Corte de Estados Unidos, que desechó una demanda presentada por México contra varias empresas fabricantes de armas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallo y reiteró su compromiso de continuar combatiendo el tráfico ilícito de armas por todas las vías legales y diplomáticas posibles.
En la demanda, México había acusado a las empresas estadounidenses de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio nacional, con lo cual han contribuido al fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico y a la violencia armada. No obstante, el tribunal estadounidense, amparándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), determinó por unanimidad que los fabricantes no pueden ser responsabilizados por el uso indebido de sus productos.
La SRE aclaró que este fallo no afecta la segunda demanda presentada por México en 2022 en un tribunal de Tucson, Arizona, la cual se dirige contra cinco tiendas distribuidoras de armas. En esta nueva acción legal, el país buscará responsabilizar a quienes, a pesar de conocer los riesgos, continúan vendiendo armamento que termina en manos del crimen organizado.
El conflicto legal se enmarca en un contexto de tensiones bilaterales, especialmente por temas de seguridad y comercio. México ha insistido en que, a pesar de sus estrictos controles internos, entre el 70 % y el 90 % de las armas recuperadas en hechos delictivos provienen de Estados Unidos. Desde 2006, la violencia relacionada con el narcotráfico ha cobrado más de 480,000 vidas en México, lo que refuerza su exigencia de corresponsabilidad en el combate a este problema transfronterizo.
