La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, informó que algunos de los virtuales ganadores de la elección judicial podrían ver cancelados sus nombramientos por estar señalados como posibles responsables de violencia de género o delitos graves, lo que los haría incumplir la ley 8 de 8 contra la violencia.
Uno de los casos destacados es el de Jaime Vladímir Ángel Cisneros de la Cruz, quien aspira al cuarto circuito judicial de Nuevo León en materia administrativa y enfrenta acusaciones por presunto acoso a estudiantes mientras impartía clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este señalamiento fue expuesto por la ciudadanía mediante diversos foros.
Otro caso es el de Sergio Díaz Rendón, virtual magistrado de Sala Regional en Coahuila, denunciado por no cumplir con la pensión alimenticia de su hijo, a pesar de presentar documentos de buena fe y un certificado de no inscripción en el registro de deudores. Según Humphrey, la denuncia revela que el convenio judicial permanece sin ejecutarse.
También se encuentra bajo investigación Genaro Antonio Valerio Pinillos, electo para magistrado del quinto circuito en Sonora, señalado por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder en diferentes juzgados. Además, en Veracruz, el juez de distrito electo Héctor Ulises Orduña Hernández podría perder su triunfo, pues está detenido desde abril por presunto abuso sexual de una menor.
Por último, el INE examina los casos de Eluzai Rafael Aguilar y Madián Sinaí Menchaca Sierra, elegidas como juezas en Jalisco y vinculadas con la iglesia La Luz del Mundo, cuyo liderazgo está bajo polémica tras el encarcelamiento de Nassón Joaquín. Humphrey enfatizó que cada caso se analizará a fondo para garantizar la integridad de la justicia en el país.
