La agencia calificadora S&P Global Ratings anunció un ajuste en la perspectiva crediticia de México, pasando de «estable» a «negativa». Aunque la institución mantuvo la nota soberana en un nivel que preserva el grado de inversión, la modificación en la perspectiva sugiere una probabilidad de reducción de la calificación en los próximos 12 a 24 meses. Esta determinación se fundamenta en el deterioro de las métricas fiscales y la persistente presión que ejercen los pasivos de las empresas productivas del Estado sobre el presupuesto federal.
Riesgos y condiciones de la calificación
La evaluación de la agencia destaca los siguientes puntos críticos que motivaron el cambio en la visión sobre la solvencia del país:
- Preocupación por el incremento del déficit fiscal histórico reportado al cierre del primer trimestre.
- Dependencia del gobierno federal para cubrir las amortizaciones de deuda de Pemex.
- Incertidumbre sobre la capacidad de la administración para implementar medidas de consolidación fiscal en el corto plazo.
- Impacto potencial de la deuda pública, que se acerca a niveles del 53.7% del Producto Interno Bruto.
- Vigilancia sobre la autonomía de los organismos reguladores y su efecto en la confianza de los inversionistas.
- Necesidad de una estrategia clara para revertir la caída en la inversión fija bruta en sectores clave.
Lectura financiera
El ajuste a perspectiva negativa incrementa el riesgo de una subida en los costos de financiamiento para el gobierno mexicano en los mercados internacionales. Para los inversionistas, esta señal implica una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de las metas de déficit y la trayectoria de la deuda neta. El mercado de bonos podría reaccionar con una ampliación en los diferenciales de tasas, lo que presionaría el gasto público destinado al servicio de la deuda. La estabilidad de la nota soberana dependerá, en gran medida, de la capacidad de la nueva dirección de Pemex para estabilizar sus finanzas y de que el ejecutivo federal presente un paquete económico que garantice la sostenibilidad fiscal para el próximo ejercicio.
