20 de octubre de 2026

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Unidad de Inteligencia Financiera bloquea a 68 personas en el primer trimestre

El brazo fiscalizador de Hacienda mantiene sus acciones preventivas contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito en el arranque de 2026.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intensificó sus mecanismos de control preventivo durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2026. De acuerdo con los registros oficiales consolidados este martes 19 de mayo de 2026, el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda incorporó a un total de 68 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas. Esta medida precautoria restringe de forma inmediata el acceso al sistema bancario nacional de los perfiles señalados, reflejando la continuidad en la estrategia de fiscalización y combate a las estructuras de financiamiento ilícito.

Control preventivo y regulación

La ejecución de estos bloqueos por parte de la autoridad hacendaria se da en un entorno de estricta supervisión de los flujos de capitales, destacando las siguientes directrices operativas:

  • Incorporación formal de 68 nuevos objetivos a la lista de restricción financiera.
  • Ejecución de las medidas de congelamiento de cuentas sin requerir una orden judicial previa en casos de solicitudes internacionales.
  • Coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la notificación inmediata a las instituciones de crédito.
  • Incremento en los requerimientos de reporte sobre operaciones inusuales para el sector de intermediarios no bancarios.

Implicaciones corporativas

El dinamismo en las acciones de la UIF subraya la necesidad de que los corporativos y las entidades del sector financiero refuercen sus auditorías de cumplimiento interno y esquemas de identificación de clientes. Para la banca comercial, la actualización constante de estas listas mitiga el riesgo reputacional y legal asociado a la operación de recursos de procedencia ilícita. Por su parte, los organismos empresariales han manifestado la relevancia de que estas herramientas preventivas se apliquen con total certeza jurídica para no afectar la liquidez de unidades económicas legítimas en medio de un escenario de desaceleración de la inversión productiva en el país.

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