En días pasados la autonombrada ministra del pueblo Lenia Batres volvió a la conversación pública no por sus habituales pifias en conocimientos jurídicos sino por su postura respecto a la posibilidad de gravar con el Impuesto Sobre la Renta las herencias, legados y las cuentas de Afore a los beneficiarios de personas fallecidas, al considerar que el recibir un patrimonio sin esfuerzo personal perpetúa la desigualdad social, por lo que el gravar con el citado impuesto permitirá una mejor distribución de la riqueza.
México es un país en el que vivimos 132.9 millones de habitantes de los cuales aproximadamente 17.1 millones son adultos mayores de 60 años y alrededor de 59.6 millones son personas adultas que se encuentran ocupadas económicamente, es decir, que pueden tener un patrimonio, como una casa, departamento, cuenta bancaria y de ahorro, menajes de casa, cuentas de retiro (Afores), vehículo, entre otros. En teoría 76.7 millones de personas deberían dejar expresa su voluntad de lo que será su patrimonio una vez que fallezcan, sin embargo, solo el 4.7% por ahí de 3.6 millones de los adultos en México tiene testamento.
Ahora bien, existen 69 millones de cuentas individuales registradas en las distintas Afores. Alrededor de 17.5 millones de las citadas cuentas, los beneficiarios, titulares o familiares supervivientes del titular, no han reclamado los recursos o se encuentran inactivas. Los recursos de esas cuentas no reclamadas o “inactivas” durante el sexenio de López Obrador fueron consolidadas en el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, fideicomiso público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México como fiduciario, con esta acción del gobierno, los beneficiarios han dado por perdidos sus recursos pues al solicitar el retorno de ellos las trabas administrativas y demoras en obtener una respuesta positiva se convierte en un juego de supervivencia y tenacidad, que pocos logran ganar.
La opinión de la ministra Batres si bien polémica no representaría un impacto económico para el grueso de la población con patrimonio ni para las finanzas públicas del Estado, esto debido a que en nuestro país la desinformación, la falta de cultura de prevención a la muerte, la idea de que el dejar testamento solo es para las personas con grandes fortunas se encuentra profundamente arraigada en la población, a pesar de las distintas campañas para promover la certeza jurídica del patrimonio inmobiliario mediante la expresión de la voluntad del propietario en un testamento.
Además, la opinión de la ministra refuerza el desinterés de la población de regularizar la posesión de bienes de familiares fallecidos, esto es así, porque en todo el territorio nacional apenas existen 190,000 casos de juicios sucesorios intestamentarios, es decir, juicios promovidos para reconocer derechos hereditarios sobre bienes de personas fallecidas que no dejaron disposición testamentaria, por lo que gravar las herencias haría que fueran todavía menos este tipo de juicios.
El gravar las herencias y legados lo que realmente provoca es la prevalencia de la informalidad para evadir cargas fiscales, perpetuar la incertidumbre jurídica y la injusticia para quienes carecen de los medios para regularizar la posesión y propiedad jurídica de bienes inmuebles de familiares fallecidos.
