Guadalupe Taddei Zavala anunció este domingo que presentará su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. El mensaje, publicado en el sitio oficial del organismo, llegó después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informara que abrió una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones electorales.
El INE retiró el comunicado minutos después de difundirlo, sin ofrecer entonces una explicación pública. La versión del mensaje quedó disponible en el portal de Central Electoral y fue reproducida por medios. Al cierre de esta nota, la renuncia estaba anunciada para el día siguiente, pero todavía no se había formalizado ante la Cámara.
Taddei asumió la presidencia del INE en abril de 2023. En su mensaje afirmó que la institución debía estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural. También sostuvo que las denuncias deben examinarse con evidencia y por las vías institucionales, y recordó que la organización de las elecciones trasciende a cualquier persona.
Contratos electorales bajo revisión
La ASF informó el 23 de octubre que contaba con indicios de presuntas irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. La investigación contempla operaciones vinculadas con el INE y organismos públicos locales electorales, además de proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los expedientes.
Entre los señalamientos difundidos por medios están contratos otorgados a proveedores de materiales electorales, entre ellos Cajas Graf y Corporativo Zeg. Los reportes han planteado posibles vínculos entre representantes de esas compañías y personas cercanas al entorno de Taddei. Esas relaciones deben verificarse por las autoridades; las menciones periodísticas no acreditan por sí solas una conducta ilícita.
Uno de los contratos reportados corresponde a Cajas Graf, que habría recibido una adjudicación del INE para suministrar materiales destinados a la elección judicial de 2025, con un monto máximo de 198.7 millones de pesos. Esa cifra no demuestra que se ejerciera la totalidad de los recursos ni constituye por sí misma prueba de desvío. La auditoría deberá revisar expedientes, adjudicaciones, pagos y posibles conflictos de interés.
El sábado 24 de octubre, la presidencia del INE dijo que recibiría con respeto la decisión de la ASF y colaboraría con la auditoría y con el Órgano Interno de Control. También anunció un micrositio para consultar contrataciones, montos, proveedores y documentos. El organismo informó que se habían realizado relevos en áreas ejecutivas y administrativas de alta responsabilidad.
La transición llega antes de las elecciones de 2027
La renuncia anunciada se produce durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, iniciado el 10 de septiembre. El INE debe continuar con las tareas técnicas, logísticas y administrativas para organizar los comicios, por lo que una eventual salida de su presidenta exige claridad sobre el procedimiento para cubrir la vacante y mantener las actividades previstas.
La Cámara de Diputados deberá recibir y tramitar la comunicación conforme a las disposiciones aplicables. Hasta que se formalice la dimisión y se precise el mecanismo de sustitución, no corresponde dar por concluida la presidencia ni anticipar quién asumirá las funciones. El retiro del comunicado deja además pendiente una explicación sobre por qué fue eliminado.
La salida de Taddei, si se formaliza, no cerrará la revisión de los contratos ni resolverá las posibles responsabilidades. La ASF deberá establecer, con documentos y evidencia, si existieron irregularidades y quiénes participaron. El resultado permitirá determinar responsabilidades individuales y evaluar los controles de contratación del organismo electoral.
La atención inmediata estará puesta en la presentación anunciada para el lunes y en las explicaciones del INE sobre el comunicado retirado. La credibilidad institucional dependerá de que la transición no afecte la preparación electoral y de que las investigaciones avancen con transparencia, presunción de inocencia y conclusiones sustentadas en pruebas.
