27 de octubre de 2026

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Transportistas protestan en 19 estados por inseguridad y cambios fiscales

El paro nacional de transportistas se extendió a 19 estados; Gobernación reportó 38 puntos de protesta y el sector exigió seguridad carretera y rechazó cambios fiscales federales previstos para 2027.

El paro nacional convocado por organizaciones de transportistas comenzó este lunes con movilizaciones en 19 estados. La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, hasta las 9:30 horas, registraba 38 puntos de protesta, con 691 vehículos y 858 personas. Veracruz concentraba ocho puntos; el Estado de México, seis, y Nuevo León y Tlaxcala, tres cada uno. El balance correspondía a un corte de la mañana y podía cambiar durante la jornada.

La movilización reúne reclamos por la inseguridad en carreteras, las extorsiones, los robos de mercancía, el estado de las vías y los costos de servicios como las grúas. También incluye el rechazo a un ajuste fiscal previsto para 2027. Aunque las demandas se relacionan con los costos de operación del autotransporte, requieren respuestas distintas.

El reporte inicial no indicó cierres totales en todos los puntos. En algunas zonas, los transportistas estacionaron unidades en acotamientos o carriles laterales y realizaron caravanas lentas, lo que provocó filas y retrasos sin interrumpir por completo la circulación. El número de manifestaciones no equivale, por tanto, al de carreteras bloqueadas.

Robos y extorsiones mantienen la presión del sector

Entre las vías con presencia de manifestantes estuvieron las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Toluca, además de carreteras en otras entidades. En Aguascalientes, transportistas ocuparon un carril de la carretera federal 45 en ambos sentidos; en Toluca, se reportaron unidades en Paseo Tollocan y en el acotamiento de la carretera Toluca-Atlacomulco.

Entre las organizaciones participantes están la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicana de Asociaciones de Transportistas (Fematrac) y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), junto con otras agrupaciones. Sus representantes sostienen que los robos y las agresiones ponen en riesgo a los conductores y elevan los costos de trasladar mercancías.

Los dirigentes afirman que las conversaciones previas no han resuelto sus principales preocupaciones. Gobernación indicó que mantiene abiertos los canales de diálogo y llamó a alcanzar acuerdos para reducir las afectaciones a la ciudadanía y a la actividad económica. El reto es traducir las reuniones en medidas verificables, con responsables y plazos, además de dar seguimiento a las denuncias.

El ajuste fiscal amplía el desacuerdo

La protesta también está vinculada con una modificación fiscal que reduciría de 300 millones a 250 millones de pesos el límite de ingresos para que determinadas empresas accedan a un beneficio relacionado con gastos de casetas. El cambio previsto para 2027 ha generado objeciones entre transportistas, que advierten sobre su posible efecto en los costos de operación.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga ha cuestionado la medida por el peso de las cuotas carreteras, junto con el combustible, los seguros, el mantenimiento y los salarios. El Gobierno federal sostiene que la modificación afectaría a una parte limitada de las empresas beneficiarias.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, afirmó que el ajuste impactaría a 170 de las 2 mil 580 empresas que utilizan el esquema, mientras alrededor de 94 por ciento conservaría el beneficio. Hacienda estima que el cambio generaría 4 mil 500 millones de pesos adicionales para las finanzas públicas. Son cálculos oficiales; el sector mantiene sus objeciones sobre el efecto en sus operaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reunión con representantes del autotransporte para tratar el cambio fiscal, mientras continúan las conversaciones sobre seguridad carretera. El resultado permitirá conocer si se establecen compromisos y si las organizaciones mantienen o modifican las protestas.

El primer balance de Gobernación describe la situación de la mañana, no el desenlace del paro. La evaluación dependerá de los acuerdos alcanzados, las medidas adoptadas frente a los delitos denunciados y la decisión sobre el ajuste tributario. Resolver una de estas diferencias no elimina las demás exigencias del sector.

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