Por Hichel Atilano Gorostiola
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En el transcurso de la semana se retomó un extracto de un discurso leído el miércoles 8 de agosto de 2018 por el entonces presidente electo López Obrador, cuando recibió del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia que así lo acreditaba. El discurso fue leído ante la presencia de representantes de los Poderes Legislativo y Judicial. En este discurso manifestó el hoy presidente de la República que no habría de entrometerse de manera alguna en las resoluciones que únicamente le compete a los Poderes Judicial y Legislativo, y a las entidades autónomas del Estado. Asimismo, expresó que el presidente de la República en el nuevo gobierno que establecería no tendría palomas mensajeras ni halcones amenazantes, y que ninguna de las autoridades encargadas de impartir justicia serían objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas, que actuaría con rectitud y con respeto a las potestades y soberanía de los otros poderes legalmente constituidos.
De este histórico discurso de reconciliación después de la contienda electoral han pasado cinco años. Esta narrativa conciliadora se dejó a un lado formalmente el día uno en que formó gobierno el actual Titular del Supremo Poder Ejecutivo. Ejemplos de los actos prepotentes e influyentistas que el presidente López realiza desde el pulpito de sus conferencias “mañaneras” son muchos; solo por nombrar uno tenemos que con la invalidez de la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral, el presidente y legisladores de filiación partidista de Morena amenazaron con promover juicio político a los ministros y ministras de la Corte, seguido de desaires en eventos protocolarios, señalamientos respecto del monto y destino de recursos presupuestales, esto con la finalidad de que la opinión pública se centrará en el circo político y no al hecho de que la invalidez se debió por la violación al proceso legislativo, es decir, porque el legislativo aprobó un proyecto de ley sin haber cumplido con el trámite previsto en la Constitución para la formación de leyes.
Dejando a un lado el componente político de la trama que se ha desarrollado primero con la integración del ante proyecto de presupuesto de egresos de la federación, después la presentación del paquete económico por parte del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados en el que se propone una disminución entre 15,000 y 25,000 millones de pesos de los recursos presupuestales destinados al Poder Judicial para 2024, lo que ocasionaría la inoperancia del sistema de impartición de justicia federal de entre el 60 y 70% de sus órganos jurisdiccionales, esto se traduce en incumplir con obligaciones constitucionales, internacionales y legales, no solo por parte del Poder Judicial de la Federación representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino principalmente por el presidente de la República, porque es su obligación facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones, como lo dispone la fracción XII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior, tenemos que desde el Poder Legislativo, el partido del presidente Morena promovió y aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa con la que se prevé la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación; 5 de estos fideicomisos corresponden al Consejo de la Judicatura Federal que se encuentran destinados a pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, apoyos médicos complementarios, desarrollo de infraestructura que implementan las reformas constitucionales en materia de justicia federal, el fondo para la administración de recursos provenientes de sentencias, mantenimiento de casas habitación del Programa de Vivienda para magistrados y jueces que se encuentran ubicadas en diferentes entidades federativas; 6 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los cuales 2 tienen por objeto para pensiones complementarias a mandos superiores, medios y personal operativo, los 4 restantes tienen por objeto el plan de prestaciones médicas complementarias, manejo del producto de la venta de publicaciones CD’s, remanentes presupuestales, Fondo nacional para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia, y finalmente 2, de los 13 fideicomisos a desaparecer son del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los cuales tienen como objeto apoyos médicos complementarios y económico extraordinarios para los servidores públicos y el Fondo mixto de cooperación técnica y científica México-España, estos fideicomisos en suma alcanzan la cantidad aproximada de 15 000 millones de pesos.
Desde que fue propuesta y aprobada la iniciativa por la Cámara de Diputados, durante el fin de semana se hicieron presentes distintas expresiones en contra de la misma por parte de los integrantes del Poder Judicial y ciudadanía, esto con la finalidad de hacer patente el rechazo a la misma y que la Cámara de Senadores rechace la iniciativa, por ser una iniciativa que constituye una intromisión de un Poder de la Federación sobre otro, afecta la operatividad en la implementación de reformas constitucionales, el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia, derechos laborales de los trabajadores del Poder Ejecutivo como lo son: la capacitación, servicios médicos y pensiones.
Al respecto, cobra relevancia la experiencia adquirida a partir del año 2020, el Poder Ejecutivo promovió la cancelación de 109 fideicomisos los cuales sumaron alrededor de 135,000 millones de pesos, entre los que se encontraban el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Salud para el Bienestar y los del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, recursos que no ha sido transparentando su destino por el Poder Ejecutivo ni cuestionado por el Poder Legislativo el beneficio obtenido por la cancelación.
El presidente de la República ha expresado desde sus conferencias “mañaneras” que el destino que el Poder Ejecutivo dará a los casi 15 000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial Federal será para los programas sociales de su Gobierno. Es previsible que al igual que los recursos de los 109 fideicomisos previamente extintos el Gobierno Federal incumpla obligaciones constitucionales, no transparente el destino de los recursos públicos otorgados a su Gobierno y el Poder Legislativo no cuestione los beneficios obtenidos, porque hay una elección de por medio y es el año de Hidalgo en donde “chin… a su ma… el que deje algo”.
