Por Jorge Molina Larrondo
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A lo largo del gobierno del presidente Biden, una de las principales críticas de los republicanos ha sido la falta de control sobre la inmigración ilegal proveniente de México, la que en los primeros 27 días de diciembre del 2023 generó más de 225,000 aprensiones en la zona fronteriza. Esta cifra rompió el récord de 224,000 detenciones en mayo del 2022, lo que hizo que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, implementara desde entonces diversas medidas que obstruyen el ingreso de los productos mexicanos a territorio estadounidense, generando pérdidas millonarias a los exportadores mexicanos y a los productores de ese país.
Con el inicio de las elecciones primarias, y ante las cifras de detenciones reportadas por la Patrulla Fronteriza, Biden solicitó a López Obrador una reunión de emergencia para analizar el incremento en las detenciones y explorar posibles soluciones de corto plazo. La reunión se realizó en Palacio Nacional el 27 de diciembre, con la asistencia de los cancilleres y procuradores generales de ambos países, de la que no se informó ninguna medida específica, excepto que habría una reunión de seguimiento en Washington en enero.
Este viernes 19 de enero se realizó la reunión anunciada en la ciudad de México y, a diferencia de lo sucedido entonces, esta vez no hubo un comunicado conjunto y solamente el vocero del Departamento de Estado comentó que ambos países continuarán trabajando de manera coordinada y que se volverán a reunir en febrero -en la ciudad de México- con motivo de la reunión del Comité Trilateral sobre Fentanilo. Según fuentes de Washington, Estados Unidos se quejó en diciembre de que México ha dejado de cumplir los compromisos acordados en el 2022 para controlar a los inmigrantes. México respondió que no tiene fondos para hacerlo y que cualquier solución requiere incluir a gobiernos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que incomodan a Washington. El presupuesto federal mexicano 2024 no incluye fondos para las ciudades fronterizas afectadas por este problema.
Con miras a la campaña presidencial de agosto, los republicanos siguen generando acciones para aumentar la visibilidad del problema y presentarlo como una crisis que el gobierno de Biden no ha sabido controlar. El 3 de enero organizaron una visita de 60 legisladores a Eagle Pass, Texas, donde el presidente del congreso, Mike Johnson, demandó que Biden tomara acciones inmediatas para atender esta crisis. Y al día siguiente, los republicanos iniciaron en la Cámara de Representantes un juicio político en contra del Secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, acusándolo de ineficiencia en el control de la crisis migratoria, juicio que no tiene una base sólida para prosperar.
Al carecer el gobierno de Biden del capital político necesario para promover una solución política estable y duradera que deberá ser aprobada por el Congreso, depende de que México cumpla con sus compromisos y minimice la llegada de inmigrantes ilegales a su territorio. Por su parte, Mike Johnson dijo la semana pasada, antes de la reunión entre las autoridades de México y Estados Unidos, que no es el momento para una reforma migratoria, debido a que a pesar de las condiciones que prevalecen en la frontera, Trump quiere evitar cualquier argumento que pueda ayudar a Biden durante la próxima campaña presidencial. Actualmente, los republicanos controlan la cámara baja y todos los pronósticos indican que seguirán controlando al menos la mitad del congreso después de las elecciones de noviembre.
Por su parte, el gobierno federal sigue a la espera de que el congreso apruebe la asignación presupuestal para el control de la frontera, lo que deberá suceder a más tardar el 7 de marzo. Hasta entonces, no puede prometer financiar programas que no existan el díc, al que Trump y los medios que lo apoyan han descrito como poco confiable.
