Mañana jueves, el presidente Biden y Donald Trump visitarán la frontera para realizar cada uno por separado sendos actos de campaña en el estado de Texas. Trump ha logrado posicionar el control de la inmigración como uno de los temas principales para la próxima campaña presidencial, mientras que Biden no ha podido dar una respuesta convincente a los ataques de los republicanos en este rubro. Hay que destacar que alrededor de un 35% de los latinos que viven en esta zona han expresado su apoyo a Trump para las próximas elecciones.
Trump estará en Eagle Pass, a un par de kilómetros de Piedras Negras, Coahuila, en compañía del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. En esta misma ciudad, el speaker de la Cámara de Representantes – Mike Johnson – encabezó el tres de enero un acto político al que asistieron 60 legisladores republicanos para demandar que Biden realizara acciones inmediatas para controlar lo que se ha definido como una crisis. Sin embargo, cuando los senadores Mike Lankford (republicano de Oklahoma), Chris Murphy (demócrata de Connecticut) y Krysten Sinema (independiente de Arizona) presentaron el 5 de febrero una propuesta de ley con un paquete de 118,280 millones de dólares para reforzar la seguridad de la franja fronteriza, considerada como la propuesta más robusta desde 1986, Trump ordenó a los legisladores republicanos votar en contra de ella para mantener vivo el tema durante la próxima campaña.
Biden visitará Brownsville, a unos 520 kilómetros al sureste de Eagle Pass. Esta será la segunda visita de Biden a la frontera desde que asumió el cargo en enero del 2021, luego de visitar El Paso en enero del año pasado. Mientras que Trump aprovechará la ocasión para continuar sus ataques en contra de México, se espera que Biden lea un mensaje que desaliente a migrar ilegalmente a Estados Unidos, pero sin anunciar ninguna nueva propuesta legislativa.
Desde la semana pasada, Biden ha estado considerando la posibilidad de implementar la Sección 212f de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente la posibilidad de bloquear la entrada al país a todos aquellos individuos que considere puedan representar una amenaza para la seguridad del país para demostrar una actitud más dura y asertiva con relación al tema. Sin embargo, cuando Trump quiso aplicarla en el 2017 para evitar la entrada de musulmanes a territorio estadounidense, la corte declaró la medida anticonstitucional.
Por su parte, el Congreso de Estados Unidos tiene hasta el próximo 7 de marzo para aprobar la asignación presupuestal que incluye la partida para protección de la frontera. Esto debió aprobarse el pasado 30 de septiembre, pero las diferencias entre los republicanos han llevado a que el Congreso a aprobar dos extensiones de emergencia – que mantienen el nivel de gasto del año pasado – sin lograr la aprobación del presupuesto 2024. Al no contar con un aumento en los fondos, el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) a reducir de 38,000 a 22,000 las camas que usa para los detenidos y a reducir los vuelos en los que regresa a las personas detenidas a sus países de origen, lo que podría incluso hacer que el gobierno de Biden empiece a dejar en libertad a una proporción de quienes ha detenido.
Abbott ha dicho que no dejará de aplicar medidas para detener a los migrantes hasta que el Congreso no apruebe un aumento significativo en el presupuesto actual. Estas medidas han llevado a cerrar varios de los 28 puentes fronterizos en Texas, argumentando que el personal que los opera se tuvo que reasignar a tareas para control de los migrantes en otros puentes. Si el gobierno estadounidense requiere de la cooperación del gobierno mexicano, este debería reclamar la aplicación de dichas medidas, que han sido declaradas como ilegales por varios tribunales ante los reclamos del gobierno federal estadounidense y que han provocado la muerte de varios migrantes, pero también han ocasionado pérdidas millonarias a los exportadores mexicanos.