Por Jorge Molina Larrondo
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Hace dos semanas, la secretaria Raquel Buenrostro informó en conferencia de prensa que la disputa en materia de energía con Estados Unidos, derivada de la reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo de 2021 que favorece a las centrales de la CFE -y que avaló la Suprema Corte de Justica en abril del 2022- había concluido. Explicó que se envió a la oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, el borrador de un memorándum de entendimiento del que no se han recibido comentarios ni se ha agendado alguna reunión para darle seguimiento.
El gobierno mexicano ha tratado de solucionar este problema negociando individualmente con cada una de las empresas involucradas. Aunque este proceso ha funcionado con la mayoría de las empresas canadienses afectadas, es un método inaceptable para el USTR, quien está obligado, de acuerdo con la Ley de Implementación del TMEC, a solucionar el problema de acuerdo con las disposiciones del texto acordado, y la propuesta de México va más allá de dichas disposiciones, lo que explica el silencio del USTR.
La declaración de la secretaria Buenrostro sorprendió a muchos, más aún cuando el viernes primero de marzo el USTR publicó su Agenda Comercial 2024, donde se indica que el problema energético sigue vigente. La Agenda Comercial es un documento que se publica anualmente, donde el USTR informa al Congreso sus planes y prioridades para el año, así como una evaluación de lo realizado el año anterior, y sirve como referencia para los legisladores.
Por su parte, el Servicio de Investigación del Congreso (Congressional Research Service o CRS) publicó la semana pasada su última actualización sobre el estado que guarda el TMEC, destacando las disputas comerciales vigentes entre México y Estados Unidos, donde se incluye el problema energético junto con el del maíz transgénico, el de la protección a la vaquita marina y a la totoaba, los páneles laborales sin resolver y la necesidad de implementar la decisión del pánel de solución de controversias sobre reglas de origen del sector automotriz.
El CRS también destaca la necesidad de preparar desde ahora la revisión del TMEC, a realizarse en junio del 2026, donde además de proponer ajustes al texto negociado, las Partes decidirán si se extiende por otros 16 años la vida del tratado. Como la mayoría de los cambios que se acuerden entonces estarán sujetos en Estados Unidos a la aprobación del Congreso -el que se espera estará tan dividido como hoy- el reporte del CRS señala la conveniencia de realizar audiencias públicas previas a dicha revisión para analizar y evaluar las propuestas del sector privado.
En el caso del maíz transgénico, se espera que el pánel emita su reporte en noviembre, luego de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y del cambio de poder en México. En el tema energético, Estados Unidos mantiene la prerrogativa de solicitar la formación de un pánel de controversias, hasta que no se desista por escrito. Y para el caso de la vaquita marina y de la totoaba, el gobierno mexicano deberá entregar en julio un reporte indicando los avances en la materia desde que el presidente Biden decidió posponer las sanciones comerciales que varias organizaciones no gubernamentales habían solicitado bajo la Enmienda Pelly.
A esta lista tenemos que agregar la posibilidad de otra disputa en el sector acerero. En febrero del año pasado, un grupo bipartidista de 13 senadores, encabezados por Tom Cotton (republicano de Arkansas), enviaron una carta a la embajadora Tai y a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, solicitando una explicación que justificara el aumento del 73% en las importaciones de acero mexicano en el 2022. Hasta la fecha, y luego de otras cartas de legisladores a las autoridades de comercio y al asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y de tres reuniones entre los secretarios y subsecretarios responsables del TMEC donde se planteó el problema, México no ha entregado la información solicitada.
El grupo que apoya al senador Cotton presentó este 12 de marzo una propuesta de ley para aplicar nuevamente el arancel del 25% a las importaciones mexicanas de acero, eliminado en mayo del 2019. Esta propuesta tiene que ser aprobada por ambas cámaras y en un año electoral, es difícil que alguien se oponga. Por eso, el camino más eficiente sería un acercamiento al USTR, a los líderes del Congreso y a la propia industria acerera y dejar de lado la retórica de la aplicación de aranceles, que no es una solución estable.
