Por Jorge Molina Larrondo
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Sin importar quienes sean los próximos presidentes de México y Estados Unidos, la relación bilateral dependerá, por primera vez en más de un siglo, sobre todo de la manera en que ambos países sean capaces de manejar los problemas relacionados con su frontera, en especial de la migración, el fentanilo y el control de otros narcóticos. Aún cuando México es desde el año pasado el principal proveedor de la economía estadounidense, esta situación puede cambiar después de la revisión del TMEC en junio del 2026, en la que se puede reducir el ámbito de aplicación del tratado o incluso terminarlo.
Trump ha dicho en varias ocasiones que, de resultar ganador en noviembre, aplicará un arancel al menos del 10% a todas las importaciones mexicanas, aún cuando ello representaría una violación al tratado. En este caso, México tendría que solicitar la creación de un pánel en el marco del TMEC – si es que éste siguiera vigente – o llevar su queja ante la Organización Mundial del Comercio y esperar a que el gobierno estadounidense acatara el fallo, lo que parecería muy difícil. Y en caso de que Biden fuera relecto las cosas no serían muy diferentes, pues hay que reconocer que durante su mandato ha mantenido las políticas proteccionistas implementadas durante el gobierno de su predecesor.
De la misma manera que Trump amenazó al gobierno mexicano de aumentar los aranceles en caso de que no aceptara ser tercer país seguro para los migrantes que buscan ingresar a territorio estadounidense, varios legisladores republicanos han propuesto recientemente usar el TMEC para lograr que México coopere en varios temas no comerciales relacionados con la frontera. Durante la comparecencia de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, ante el Comité de Finanzas del Senado, John Kennedy, republicano de Luisiana, le preguntó si sería posible aplicar aranceles a las importaciones mexicanas hasta que el gobierno mexicano aumente su cooperación con las autoridades de ese país en el combate al tráfico de fentanilo y otros narcóticos. La embajadora Tai le contestó que dicha medida no está contemplada en el tratado.
Por su parte, Jodey Arrington, representante republicano de Texas, le preguntó a la embajadora Tai durante su audiencia ante el Comité de Medios y Procedimientos en abril, si sería posible usar el TMEC para que México cumpla con sus obligaciones de ceder agua a Estados Unidos, conforme al Tratado de Aguas de 1944. Tai le respondió que sería necesario analizar si es posible aplicar el TMEC en este caso, pues el tratado incorpora diversas obligaciones de las tres Partes derivadas de ciertos acuerdos ambientales a los que pertenecen.
Este lunes, la oficina de Arrington dio a conocer la carta que envió a la embajadora Tai, solicitando formalmente su intervención para analizar la manera de que México cumpla con sus obligaciones bajo este tratado utilizando el TMEC, argumentando que la falta de agua afecta a las exportaciones agrícolas de Texas, valuadas el año pasado en 7,300 millones de dólares. La carta también está firmada por la representante republicana Mónica de la Cruz.
Arrington se queja que México no ha entregado la cuota de agua que le corresponde desde el 2019. El tratado indica que le corresponde a Estados Unidos la mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo debajo de la presa inferior y una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo procedente de los ríos Conchos, Sandiego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de Las Vacas.
Sin embargo, los legisladores estadounidenses no han dicho que el Tratado de Aguas de 1944 incluye excepciones en caso de sequías o de otros fenómenos que afecten el caudal de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México. Cabe notar que, ante la falta de presencia del gobierno mexicano en Washington, las quejas en contra de México no cuentan con un contrapeso.
La petición formal del representante Arrington al USTR para analizar el tema del agua implica que al menos las autoridades mexicanas recibirán en estas semanas una comunicación del gobierno de Estados Unidos, esperando tener de la misma manera, una respuesta formal. Trump no ha hablado del agua en la frontera en buena parte porque está asistiendo a los tribunales de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio por sobornos utilizando fondos de su campaña en el 2016. Sin embargo, el tema representa una nueva queja que podría ventilarse al calor del verano.
