Por Juan G. Araque Contreras
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Recientemente, mientras leía los periódicos locales, específicamente Milenio, encontré en la columna de Opinión una discusión sobre ciertos problemas que en las últimas fechas se consideran preocupantes para el funcionamiento de dos de los tres poderes: el Ejecutivo y el Judicial. El artículo en cuestión fue escrito por Manuel Somoza.
El autor de la columna es enfático en el título al señalar que «Son vergonzosos los ataques a la SCJN», refiriéndose a acciones incriminatorias que intentan, aunque no estoy seguro de que lo logren, poner en duda la integridad de la función de administrar e impartir justicia, sobre todo en el ámbito judicial. En el primer caso, se trata de una función meramente administrativa relacionada con la gestión de recursos humanos y materiales; en el segundo, quizás el más importante, se trata de resolver conflictos y litigios de todo tipo, incluida la inconstitucionalidad de leyes y casos de juicios de amparo.
El presidente no está de acuerdo con estas resoluciones porque perjudican el ejercicio de su actividad gubernamental, y por ello ha dirigido sus ataques hacia este órgano constitucional, cuestionando tanto su funcionamiento como la forma en que se designa a los ministros, en la cual también participa. Incluso descalifica la utilización de disposiciones constitucionales con su frase preferida: «no me vengan con que la ley es la ley» (DURA LEX). Es importante señalar que entre los ministros se encuentra incluso aquellos que él mismo designó, como el exministro Arturo Zaldívar, quien, de manera sorprendente, no cumplió con el requisito legal de explicar la causa de su renuncia y ahora forma parte del grupo de la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Será que busca protección contra posibles responsabilidades administrativas o penales en el futuro?
Otra motivación para dañar a la Corte y al Consejo de la Judicatura Federal es la intención de sustraer los fondos de los fideicomisos que pertenecen al propio poder judicial, los cuales están destinados a beneficios para los trabajadores, como pensiones y servicios médicos. Esta idea, dada la inclinación del presidente, consiste en utilizar esos recursos para otros proyectos, como Dos Bocas y el AIFA, que, aunque inaugurados, se ha demostrado que no serán rentables sino hasta el año 2025, si es que logran resolver los problemas que tienen a su alrededor y que son de dominio público.
Además, el Ejecutivo propone una reforma constitucional para designar a los ministros a través de elecciones populares o encuestas ciudadanas, lo cual constituiría una violación a los principios de autonomía de este órgano y al sistema establecido de división de poderes. Esto se percibe como una persecución sin precedentes en la historia de la SCJN.
En conclusión, los eventos políticos y sociales en este sexenio han alterado los principios establecidos desde 1910, provocando una transformación que polariza el verdadero sentimiento de paz social del pueblo mexicano. La inestabilidad diaria, marcada por hechos delictivos y una incertidumbre creciente, se contrarresta con dádivas del gobierno a cambio de la pérdida de libertades y derechos fundamentales. Este camino hacia una corriente ideológica centrada en el populismo plantea la pregunta de si es lo que realmente deseamos como sociedad, especialmente con los abusos de poder presentes en el actual gobierno y la incertidumbre sobre su continuación en el futuro.
