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Luego del “operativo Enjambre” en el Estado de México para detener a funcionarios municipales vinculados con la Delincuencia Organizada, la presidenta Sheinbaum señaló que es parte de la estrategia que busca combatir la corrupción y la impunidad. Considero que ambos elementos no son el problema de fondo en los municipios, sino la consecuencia de una grave debilidad municipal.
El artículo 115 constitucional establece las funciones del municipio; la mayoría no pueden cumplir con ellas. Además de la seguridad pública, funciones son servicios agua potable, alcantarillado público, recolección de basura, mantenimiento de calles y espacios públicos, alumbrado público, los mercados y panteones. Las funciones están definitivamente paralizadas, no son eficaces, no consiguen la paz social.
Ahora bien, la corrupción y la impunidad son dos “macrofactores” que permiten que la Delincuencia Organizada controle muchísimos municipios mexicanos a través del poder fáctico y violento, que presione para que la toma de decisiones del gobierno municipal en lo político, lo económico y lo social sea en beneficio de la Delincuencia Organizada y no de la población.
No obstante, la debilidad del municipio como institución y como orden de gobierno poco o nada tiene que ver con la Delincuencia Organizada sino con el poder político desde el gobierno federal y estatal, que buscan centralizar el poder y controlar la vida política de los municipios soslayando precisamente su debilidad.
En seguridad ciudadana municipal las carencias presupuestales, de infraestructura, equipamiento policial y recursos humanos no son por causa de la Delincuencia Organizada. La falta de organización, de doctrina, de ética policiales, de servicio profesional de carrera, de formación y capacitación permanente no tienen una relación directa con la infiltración de grupos criminales, si no con la falta de voluntad política de los órdenes federal y estatal para fortalecer al municipio.
Por otro lado, con la reforma del artículo 21constitucional, que es el fundamento de la Política de Seguridad a nivel nacional y que establece las bases de coordinación entre las instituciones de Seguridad Ciudadana y las Fiscalías Generales en el rubro de investigación de delitos, queda muy lejos el fortalecimiento de la seguridad a nivel municipal. Probablemente agravará la debilidad de la seguridad a nivel municipal porque no hay condiciones para la participación de las policías municipales en la investigación de delitos bajo el mando del Ministerio Público.
¿Realmente cabe esperar que las policías municipales cuenten con lo necesario para investigar si no tienen la capacidad de cumplir con funciones de menor complejidad como las faltas administrativas o de tránsito?
Sí se requiere una reforma constitucional como uno de los ejes de la Política Criminal en prevención del delito, pero debe ser una reforma que fortalezca las capacidades de los municipios.
Urge analizar el Art 115 constitucional con el objetivo de que los municipios cuenten con todo el andamiaje jurídico, los recursos financieros y políticos y capacitación para el cumplimiento de sus funciones, con énfasis en seguridad ciudadana.
Si las causas de la criminalidad subyacen en el ámbito social, es necesario recuperar la paz social, la convivencia y lograr la introyección del respeto a la ley, desde el nivel de calle.
El control de la criminalidad es posible cuando se atiende la base de la carrera criminal, que inicia en la comisión de faltas administrativas que deben ser atendidas por los municipios. Cuando hay impunidad en este tipo de faltas el siguiente nivel son delitos patrimoniales. Una vez ahí, el paso a la delincuencia organizada es cuestión de tiempo.
En resumen, el combate a la impunidad y la corrupción en el orden municipal va mas allá de operativos policiales con nombres ostentosos, se necesita voluntad política para ver el bosque en lugar del árbol en torno a la debilidad municipal en nuestro país.
