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En el contexto de la llamada Cuarta Transformación y el cambio del régimen de gobierno democrático, surgió una decisión sin precedentes: la renuncia forzada de los ministros de la Suprema Corte, quienes serían sustituidos por titulares electos mediante un supuesto proceso de voluntad popular. Sin embargo, esta medida, más propia de un gobierno autócrata, se basó en un procedimiento híbrido que incluyó, como en un circo, un sorteo a través de una tómbola. Así, se pretendió legitimar un modelo que, aunque inspirado en prácticas internacionales (como Suiza, Japón o Estados Unidos), carece de las bases culturales y jurídicas que los sustentan.
En esos países, la designación de jueces y ministros se realiza bajo procedimientos rigurosos. Por ejemplo, Suiza nombra a sus jueces mediante un Parlamento Confederado; Japón lo hace a través de su Gabinete y Parlamento, y Estados Unidos combina elecciones populares para jueces locales con nombramientos en su Corte Suprema por parte del Presidente y el Senado. En todos estos casos, la cultura política y la legitimidad del proceso están garantizadas por sistemas democráticos sólidos y ajenos al populismo.
En México, los «ganadores» de la tómbola, previa presentación de documentos acreditativos, asumirán sus cargos el próximo año, una vez que los actuales ministros se retiren conforme a la ley, con derechos salariales, antigüedad y prestaciones. Entre los requisitos establecidos se incluyó un título de licenciatura en derecho expedido por una institución acreditada, experiencia profesional mínima y la elaboración de un ensayo jurídico. Adicionalmente, se solicitaron cartas de recomendación de vecinos, actas de nacimiento y credenciales del INE.
Es evidente que el perfil requerido para los ministros y magistrados debe ir más allá de los requisitos formales. La labor de impartir justicia implica actuar con independencia y aplicar la ley de manera objetiva, libre de influencias externas. Un ministro no puede improvisar; su actuar debe reflejar un compromiso con los principios generales del derecho, como la equidad, libertad, justicia, igualdad y dignidad.
El proceso actual plantea serias dudas sobre la capacidad de los aspirantes seleccionados al azar para cumplir con estas exigencias. No basta con cumplir con los requisitos básicos; el ejercicio de la judicatura requiere abogados con un profundo conocimiento de la ley, capacidad de análisis jurídico y ética profesional.
La improvisación y el favoritismo político no solo minan la confianza en las instituciones, sino que también representan un riesgo para la ciudadanía, cuyos derechos y patrimonio dependen de decisiones justas. Por ello, es esencial que la selección de jueces y ministros esté basada en criterios de excelencia, incluyendo títulos de posgrado, experiencia en la aplicación de la ley, conocimiento de la sociología jurídica y dominio de la deontología legal.
Además, los aspirantes deben demostrar una comprensión profunda de los derechos humanos y la razonabilidad jurídica. Ignorar estos aspectos podría llevar a decisiones judiciales injustas, afectando tanto a los actores como a los demandados en juicios fundamentales para la estabilidad social y económica del país.
La influencia partidista en el proceso de selección agrava aún más la situación. La designación de ministros con vínculos políticos compromete la independencia judicial y fomenta un sistema de «grupos de interés» que pone en riesgo la justicia. La reciente controversia documentada en libros como El Cártel Judicial ilustra las consecuencias de estas prácticas, donde algunos ministros buscan perpetuarse en el poder pese a cuestionamientos éticos.
Para garantizar un sistema judicial sólido y confiable, es necesario exigir el máximo rigor en la selección de los impartidores de justicia. Esto incluye una evaluación exhaustiva de su trayectoria, conocimientos y capacidades. La improvisación no puede tener cabida en un país que enfrenta complejos desafíos jurídicos y sociales.
Finalmente, recordemos las características fundamentales de un abogado y, por ende, de un ministro de justicia: honestidad, objetividad, valor, prudencia, generosidad, cultura y dominio del derecho. Estos valores, mencionados por juristas como Juan Luis González Alcántara Carrancá, no son opcionales, sino esenciales para quienes aspiran a resolver los conflictos más relevantes de nuestra sociedad.
México necesita un sistema judicial que inspire confianza, basado en la profesionalización, la independencia y el respeto a los derechos fundamentales. Solo así se podrá garantizar una impartición de justicia que realmente sirva al interés público y no a los intereses de unos cuantos.
