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¿Cuál es el principal reto de Edgar Amador, nuevo secretario de Hacienda? Mi respuesta: “Poner orden en las finanza gubernamentales”, entendiendo por ello, antes que otra cosa (y hay muchas más), frenar la creciente tendencia de la deuda del sector público federal, que ha aumentado considerablemente.
En los siete primeros años de la 4T (2019 – 2025), la deuda neta del sector público federal habrá crecido $7,967,295,700,000 (8.0 billones de pesos), 73.6%, y la primera pregunta es, ¿cuánta cumple con lo que ordena el artículo 73 constitucional, siendo constitucional, y cuánta no, siendo inconstitucional? Y si hubiera deuda inconstitucional, que la hay, ¿qué procede? Qué hay que hacer con los responsables de haber contraído deuda inconstitucional, comenzando por los tres últimos secretarios de Hacienda: Carlos Urzúa (a quien ya no hay manera de responsabilizar), Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O (a quienes sí se puede responsabilizar, aunque la probabilidad sea muy baja), sin olvidar a los legisladores que aprobaron los presupuestos de egresos, y las leyes de ingresos, de la Federación, corresponsables en la materia.
Artículo 73 constitucional: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”.
¿Cuánta de la deuda se ha invertido en la producción de bienes y servicios, para ofrecerlos y venderlos a los consumidores, generando ingresos para pagar los intereses y liquidar los pasivos, para lo cual esas inversiones tienen que ser rentables, no necesitadas de subsidio?
¿Cuánta se ha utilizado con el propósito de regulación monetaria (por ejemplo: pedir dinero prestado para reducir la cantidad del mismo que se intercambia en la economía, que se usa para demandar bienes y servicios, con la intención de reducir dicha demanda, con el fin de combatir presiones inflacionarias)?
¿Cuánta se ha utilizado con la intención de contraer deuda nueva, a mayor plazo y/o menor tasa de interés, para pagar deuda vieja, contraída a menor plazo y/o mayor tasa?
¿Cuánta se ha utilizado con el propósito de contar con recursos para que el gobierno haga frente a una emergencia (por ejemplo: comprar vacunas durante una pandemia)?
De las cuatro preguntas, la más importante es la primera: ¿cuánta de la deuda se ha invertido para producir satisfactores, para ofrecerlos y venderlos, para generar ingresos con los que pagar intereses y liquidar pasivos, para lo cual deben ser inversiones rentables, producción de satisfactores que es tarea de los empresarios, no del gobierno?
No conozco los números, pero lo que sí sé es que no toda la deuda se ha contraído conforme a lo ordenado la Constitución, por lo que una parte de la misma es inconstitucional.
El primer reto del nuevo secretario de Hacienda es frenar la tendencia creciente de la deuda y el segundo que toda la deuda sea constitucional. ¿Querrá hacerlo? Y si quiere, ¿podrá?
