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Este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer sus expectativas de crecimiento para el año, destacando que México fue el único país para el que se prevé una contracción entre las principales economías del mundo. La previsión de -0.3% es menos severa que la que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en marzo de -1.3%, en la que México resultó el más afectado entre los miembros del organismo por los aranceles aplicados por Estados Unidos, pero ambas contrastan con las previsiones de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Pre-criterios Generales de Política Económica del primero de abril donde se considera un crecimiento del PIB entre 1.5 y 2.3%.
Ante cualquier información negativa, el gobierno de Claudia Sheinbaum reacciona tratando de desestimarla. Cuando se le preguntó su opinión sobre las previsiones del FMI, la presidenta dijo que la SHCP tiene sus propios modelos y “no coinciden con ese planteamiento”. Ante la simulación de la OCDE que estimó los efectos de los aranceles, respondió que era necesario esperar y que las malas noticias del organismo no ayudaban. Y cuando Morgan Stanley bajó la calificación del país para inversión a subponderado (UW), ante los riesgos de la reforma al Poder Judicial, dijo que estaban “mal informados”.
Aún cuando estas declaraciones estén preparadas para las bases de Morena y pensando en la prensa mexicana, crece la duda si el equipo de comunicación de la presidenta ha considerado que sus declaraciones son reproducidas y analizadas en todo el mundo, sobre todo en los países con quienes tenemos mayores relaciones comerciales. Precisamente lo que diga – o no diga – la presidenta es uno de los principales elementos que modifican los índices de riesgo político que inciden en las decisiones de inversión de las empresas y sirven para darle, o restarle, credibilidad y legitimidad a sus palabras conforme pasa el tiempo.
La presencia de la delegación mexicana en la reunión de primavera del FMI y del Banco Mundial, que se realiza esta semana en Washington, no ha pasado desapercibida pues muchos asistentes – entre los que se encuentran representantes de calificadoras, fondos de inversión, consultorías financieras, bancos de inversión, comerciales y de desarrollo – han querido escuchar de primera mano los fundamentos de las estimaciones de SHCP y la manera como el gobierno mexicano pretende contrarrestar las presiones de Trump y mantener el grado de inversión. Hay que agregar que muchos de los espacios y la influencia internacional que tuvieron otros funcionarios mexicanos de esta secretaría en otros sexenios, se han ido perdiendo.
No ha sido ignorado que López Obrador dejó al actual gobierno en una posición muy difícil, con una deuda que crece todos los días, un déficit fiscal similar al de los 80s y con un presupuesto que casi no tiene margen de maniobra para generar nuevos proyectos. La gran pregunta es cómo piensa el gobierno mexicano hacer crecer la economía cuando el sector exportador está a merced de Trump, el consumo ha perdido dinamismo y, aunque la presidenta presentó el Plan México, el papel del sector privado sigue subordinado a los planes del gobierno, que parecen corresponder al México de los años 70s, cuando el comercio internacional no era importante para la economía y el gobierno tenía los recursos para atender y satisfacer a una población que era la mitad de la actual.
Uno de los elementos claves que muchos esperan conocer del gobierno de Sheinbaum es su política industrial. Una cosa es preparar un portafolio de posibles inversiones, pero faltan las políticas que implementaría el gobierno para promover la productividad, la eficiencia y la innovación. ¿Qué hará el gobierno para mejorar la seguridad y el clima de negocios? ¿Cómo reducir el costo de hacer negocios en México, eliminando, sobre todo, el pago por extorciones y la corrupción?
Trump insiste en aranceles, a pesar de las consecuencias. Ayer conocimos que solicitó al departamento de Comercio iniciar una investigación sobre las “amenazas a la seguridad nacional” que representan las importaciones de camiones y camionetas con la intención de aplicar aranceles, de lo que México saldría seriamente afectado, y que la pausa de 90 días a los aranceles recíprocos, que terminaría en junio, probablemente acabe en mayo. México sigue sin aplicar represalias, pero nuestra economía no tiene la capacidad de resistir por siempre. De ahí la necesidad de una política industrial.
