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Desde que el gobierno mexicano inició el combate al narcotráfico en 2006, el país ha transitado por diferentes enfoques estratégicos de seguridad. Dos décadas después el fracaso es evidente, marcado por una violencia enquistada y un poderío criminal que se ha sofisticado y fortalecido.
La Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia 2008-2012 proponía alinear las capacidades del Estado, fomentar la participación ciudadana, desarrollar instituciones, reformar el sistema penitenciario y usar tecnología. Fue la primera vez que las fuerzas armadas asumieron funciones de seguridad pública ante la debilidad de las policías estatales y municipales.
En este periodo se desmanteló a La Familia Michoacana y Los Zetas, en estrecha coordinación con agencias norteamericanas bajo la Iniciativa Mérida, sin embargo, ante los niveles de corrupción y la asimetría en el combate a otros cárteles, comenzó un proceso de realineamientos y alianzas estratégicas criminales que resultó en la expansión territorial y la diversificación criminal con una escalada en la violencia.
La Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia 2013-2018 priorizó la prevención del delito y reorganizó los esquemas de cooperación internacional. Aunque se emplearon los órganos de inteligencia, el desmantelamiento de cárteles no fue exitoso. Se provocó una atomización y se dieron las condiciones para la consolidación del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Aunque la política de prevención fue planteada correctamente, la corrupción institucional y la politización de la estrategia la condujo al fracaso. No se logró la reducción del poder criminal.
En 2018 bajo el discurso populista de «abrazos, no balazos» para pacificar el país se permitió a los grupos criminales consolidar su poder, expandir sus operaciones y disputar el control territorial con más violencia.
El daño provocado por la estrategia de tolerancia dio como resultado el sexenio mas violento desde que se inició el combate a la delincuencia organizada: mas de 200 mil homicidios dolosos entre 2018 y 2024 y mas de 190 mil personas desaparecidas en el mismo periodo
Ahora la Estrategia Nacional de Seguridad 2025-2030 cuyos ejes son la atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación absoluta, tiene prácticamente los mismos objetivos que los establecidos en 2008 y en 2013.
La diferencia significativa es la consolidación y fortalecimiento de la Guardia Nacional como pilar operativo. Por lo demás, la estrategia es más de lo mismo.
Entonces ¿por qué debería funcionar esta vez?
Los grupos criminales de 2025 son animales muy diferentes a los de 2006. Han pasado de ser narcotraficantes a complejas organizaciones criminales diversificadas: controlan la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, el robo de combustible, la tala ilegal, la minería ilegal y la producción agrícola en varias regiones.
Su poder financiero a través de redes de lavado de activos a través de negocios lícitos e ilícitos es inmenso. La proliferación de armas ilegales les permite desafiar abiertamente a las fuerzas del Estado y ejercer un control brutal sobre la población civil.
Pero la gran amenaza que enfrentan estrategias pasadas y presentes es la misma: la corrupción política transversal.
Este cáncer permea instituciones a nivel municipal, estatal y federal. Policías, fiscales, jueces y políticos en todos los niveles han sido cooptados o corrompidos, ofreciendo protección, información y sobre todo impunidad a los cárteles.
La corrupción ha sido la principal ventaja estratégica del crimen organizado. Anula cualquier esfuerzo de inteligencia, cualquier operativo policial y cualquier proceso judicial. ¿De qué sirve fortalecer la inteligencia si se filtra? ¿De qué sirve coordinar autoridades si están al servicio del enemigo?
Aún es pronto para evaluar resultados, pero la actual estrategia al no abordar la amenaza de la corrupción corre el riesgo de repetir los mismos errores de sus antecesoras. El tiempo lo dirá.
