Más de una docena de estados de Estados Unidos, liderados por California, han presentado una demanda contra la administración de Donald Trump, impugnando su decisión de retener 5,000 millones de dólares destinados a la ampliación de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por frenar la implementación de programas medioambientales y el impulso a los vehículos eléctricos que el Congreso aprobó en 2022, dentro de un plan para modernizar las infraestructuras del país.
El fiscal general de California, Rob Bonta, expresó que la orden de Trump es inconstitucional, señalando que el presidente está quitando ilegalmente fondos asignados por el Congreso para la creación de puntos de recarga. Además, Bonta acusó al presidente de favorecer a las grandes petroleras en lugar de apoyar las iniciativas para la transición hacia vehículos eléctricos.
El proyecto de ley, que fue aprobado por el Congreso en 2022, incluía la asignación de los fondos para la creación de una red de recarga, lo que ayudaría a reducir la «ansiedad por autonomía» que muchos conductores de vehículos eléctricos enfrentan debido a la falta de estaciones de carga. Este plan también busca aumentar la adopción de autos eléctricos, algo crucial para alcanzar los objetivos medioambientales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Retención de fondos y oposición a la transición energética
La orden de Trump para retener estos fondos es parte de una serie de medidas ejecutivas que el expresidente ha adoptado, que incluyen un impulso a la producción de combustibles fósiles en Estados Unidos, en línea con su postura escéptica frente al cambio climático. Desde su tiempo en el cargo, Trump ha sido un crítico feroz de las políticas que favorecen a la energía limpia y la reducción de emisiones, especialmente aquellas que afectan a la industria automotriz.
El dinero destinado a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos ya había sido asignado a los estados, con la expectativa de que estos fondos se emparejaran con contribuciones estatales y privadas. Sin embargo, con la intervención del expresidente, estos recursos están ahora en disputa, lo que ha generado una serie de preocupaciones sobre los avances en la transición hacia energías más limpias en el país.
California, que alberga la mayor parte de los vehículos eléctricos y híbridos en Estados Unidos, es un estado clave en esta lucha. Además de su demanda, California tiene planes para eliminar progresivamente la venta de nuevos vehículos a gasolina para 2035, lo que subraya la importancia de la infraestructura de recarga para el futuro de la movilidad eléctrica.
Coalición de estados opositores
La demanda cuenta con el apoyo de una coalición de fiscales generales de estados como Colorado, Arizona, Illinois, Nueva York, Oregón, Washington y otros, que se oponen a la decisión de Trump y defienden la asignación de recursos para promover el uso de vehículos eléctricos y reducir las emisiones contaminantes. Los demandantes sostienen que el presidente no tiene autoridad para modificar los fondos que el Congreso ya había destinado para estos programas.
