La detención de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador y figura de Revolución Ciudadana, provocó una reacción de Morena. El Comité Ejecutivo Nacional condenó el arresto, exigió su libertad y pidió que las autoridades ecuatorianas garanticen su integridad, acceso a una defensa y respeto al debido proceso. El partido calificó el caso como persecución política y acusó al Gobierno de Daniel Noboa de utilizar la justicia contra dirigentes de izquierda.

González fue detenida la madrugada del jueves 22 de octubre en Canuto, provincia de Manabí. La Fiscalía ecuatoriana investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto en publicidad de la campaña presidencial de 2023. El arresto se produjo dentro del caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos que examina inconsistencias en los aportes y el origen de los recursos utilizados durante aquella contienda.

Una investigación distinta del caso Caja Chica

El caso Laberinto fue abierto en octubre y, según información de la Fiscalía recogida por medios ecuatorianos, involucra a varias personas vinculadas con la campaña de 2023. Las autoridades buscan determinar si hubo recursos de origen ilícito canalizados mediante entidades para financiar publicidad electoral. La investigación no equivale a una declaración de culpabilidad: las imputaciones deben sustentarse ante un juez.

El expediente debe distinguirse del caso Caja Chica, que examina la presunta entrada de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar actividades de la misma campaña. Aunque ambos asuntos se relacionan con el financiamiento electoral, los reportes indican que González fue detenida dentro de Laberinto. Son líneas investigativas diferentes y no deben presentarse como un solo procedimiento.

González ha rechazado las acusaciones y las ha descrito como absurdas y políticamente motivadas. Revolución Ciudadana también cuestionó el operativo y denunció que desconocía dónde estaba la excandidata y que su defensa no había podido acceder a ella. Estas afirmaciones corresponden al movimiento político y deben contrastarse con información oficial sobre la situación procesal y las garantías otorgadas.

González fue candidata presidencial en 2023 y 2025 y perdió ambas elecciones frente a Noboa. Su detención ocurre en un contexto de confrontación entre el Gobierno y el correísmo, vinculado con el expresidente Rafael Correa. Sin embargo, la rivalidad política no demuestra por sí misma que la causa sea una represalia, del mismo modo que la investigación no confirma las acusaciones.

Morena lleva el caso al debate bilateral

En su comunicado, Morena expresó solidaridad con González y con el pueblo ecuatoriano. El partido sostuvo que el Gobierno de Noboa impulsa una ofensiva contra la izquierda y denunció un uso selectivo de la justicia para limitar la participación política. Esa postura refleja la interpretación de Morena, no una conclusión judicial independiente.

La dirigencia mexicana vinculó el episodio con la crisis diplomática entre México y Ecuador, desatada en abril de 2024 cuando fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba allí tras solicitar asilo. El operativo provocó la ruptura de relaciones diplomáticas y una controversia internacional sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

La reacción de Morena traslada el arresto al debate político mexicano, pero el procedimiento penal se desarrolla bajo jurisdicción ecuatoriana. El pronunciamiento del partido no modifica la investigación ni sustituye las vías diplomáticas disponibles para México.

Los próximos pasos serán conocer la formulación de cargos, las medidas cautelares que determine la autoridad judicial y las pruebas que la Fiscalía presente. También será relevante establecer si González cuenta con acceso oportuno a su defensa y si las autoridades responden a los cuestionamientos sobre el procedimiento.

La denuncia de persecución política y la investigación por presunto lavado de activos deben mantenerse diferenciadas. La primera es una acusación de Morena y de los aliados de González; la segunda es una causa penal cuyo resultado dependerá de las pruebas y decisiones judiciales. Hasta entonces, no puede darse por probada la responsabilidad penal.