La inversión del Gobierno Federal en el sector salud de México ha continuado su tendencia a la baja, con un gasto ejercido que se contrajo 4.1% en términos reales durante el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Esta reducción es significativa, ya que se produce en un momento de reestructuración profunda del sistema de salud pública, con el objetivo de transicionar a un esquema de atención universal y gratuita.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el gasto en servicios de salud generales y especializados se ha mantenido por debajo de los niveles necesarios, una situación que los analistas y organizaciones de la sociedad civil han calificado de «llave cerrada». La contracción del gasto se atribuye a una combinación de una estricta disciplina fiscal y la subejecución de recursos por parte de las dependencias encargadas de la salud.
Críticamente, la caída del gasto genera un riesgo social y económico directo. La falta de inversión adecuada se traduce en un déficit de personal, escasez de medicamentos y una infraestructura deteriorada, lo que compromete la calidad de la atención y la promesa de la universalidad de los servicios. Si bien el gobierno ha asegurado la financiación de grandes proyectos de infraestructura, la atención primaria y la prevención de enfermedades crónicas (como la diabetes y la obesidad) siguen siendo las áreas más afectadas por la subejecución.
La tendencia del gasto público en salud revela que, aunque el discurso oficial prioriza el bienestar social, la realidad fiscal impone limitaciones severas. El desafío pendiente es alinear la asignación presupuestaria con las necesidades reales de la población para evitar que la salud se convierta en una carga económica para las familias.
