En 1984, el poder político no se sostiene únicamente mediante la fuerza, sino mediante el control del lenguaje. El régimen crea la neolengua para limitar las palabras disponibles y, con ello, limitar también la forma en que las personas pueden pensar. Si un concepto no tiene nombre, o si su nombre se diluye, se vuelve más difícil reconocerlo y confrontarlo. El control del lenguaje termina siendo una forma de control de la realidad
Algo similar ocurre con la forma en que en México se habla del crimen organizado. Con frecuencia se recurre a expresiones ambiguas: “grupos delictivos”, “generadores de violencia”, “situaciones de inseguridad”, “incidentes”. Estas fórmulas administrativas o mediáticas evitan nombrar directamente lo que ocurre: organizaciones criminales que ejercen poder territorial, controlan economías locales, influyen en gobiernos y utilizan violencia sistemática.
El problema no es meramente semántico. El lenguaje moldea la percepción pública. Cuando la realidad se describe con eufemismos, la gravedad del fenómeno tiende a diluirse. Hablar de “hechos aislados” o “eventos de violencia” puede transmitir la idea de episodios dispersos, cuando en muchos casos se trata de estructuras organizadas con capacidad económica, logística y política.
Nombrar correctamente los fenómenos es una condición básica para entenderlos. En economía y en ciencias sociales, definir con precisión un problema permite analizar sus causas, medir su magnitud y diseñar respuestas institucionales adecuadas. Cuando el lenguaje se vuelve impreciso, el diagnóstico también lo hace.
En México, la discusión pública sobre seguridad a menudo oscila entre dos extremos: la espectacularización mediática o la minimización burocrática. En ambos casos, el lenguaje puede distorsionar la comprensión del problema. El primero convierte la violencia en espectáculo; el segundo la diluye en tecnicismos.
Llamar al crimen organizado por su nombre implica reconocer que no se trata únicamente de delincuencia común. En múltiples regiones del país existen organizaciones con estructuras jerárquicas, redes financieras, control de mercados ilegales e incluso capacidad de gobernanza informal. En algunos territorios regulan actividades económicas, imponen normas sociales y sustituyen funciones del Estado.
El lenguaje claro no resuelve por sí mismo el problema, pero sí es el punto de partida para enfrentarlo. La precisión conceptual permite construir políticas públicas más coherentes, diagnósticos más honestos y debates públicos menos evasivos.
Orwell advertía que empobrecer el lenguaje empobrece también la capacidad de pensar. Cuando las palabras desaparecen o se sustituyen por términos ambiguos, ciertas ideas dejan de ser pensables. En el contexto mexicano, evitar nombrar con claridad al crimen organizado corre el riesgo de producir el mismo efecto: convertir un fenómeno estructural en algo difuso, difícil de comprender y, por lo tanto, difícil de enfrentar.
