Hacienda rechazó la idea de una economía rota y sostuvo que la desaceleración reciente debe leerse como un ajuste cíclico, no como una falla de fondo en los fundamentos del país. La respuesta planteó que la discusión sobre el desempeño económico reciente sobredimensiona los tropiezos de corto plazo y resta peso tanto a los choques externos como a las fortalezas estructurales que siguen operando.
La posición oficial parte de una lectura concreta del crecimiento en 2025. El menor dinamismo fue atribuido a una combinación de factores externos adversos, entre ellos cambios en la política comercial de Estados Unidos, una normalización gradual de la política monetaria y un ajuste fiscal interno después de un año más expansivo. Bajo esa lógica, el freno reciente no sería la expresión de un deterioro estructural, sino la consecuencia de un entorno menos favorable para la actividad económica.
Uno de los argumentos centrales fue el efecto de los aranceles. Hacienda sostuvo que ese choque sí tuvo un impacto material y cuantificable, especialmente en la industria automotriz, y que en conjunto restó alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Aun así, defendió que las exportaciones agregadas siguieron en expansión, respaldadas por sectores con menor exposición arancelaria y por una demanda estadounidense vinculada a inversión en centros de datos e inteligencia artificial.
La respuesta también cuestionó la lectura sobre la inversión. Hacienda sostuvo que la caída de 28% en la inversión pública parte de una medición presupuestaria que no refleja adecuadamente el avance de los proyectos. En términos de cuentas nacionales, la baja habría sido cercana a 1.9%, después de una expansión de 32% en 2024. Con ello, argumentó que los niveles de inversión pública se mantienen por encima de su tendencia previa a 2018. En cuanto a la inversión privada, atribuyó su debilidad reciente al entorno global y recordó que antes registró un crecimiento excepcionalmente fuerte entre 2021 y 2023.
En el frente laboral, Hacienda rechazó que la informalidad sea la principal explicación del bajo crecimiento. Recordó que la tasa pasó de 56.5% en 2018 a 54.3% en 2024, antes de un repunte marginal a 54.9% en 2025. La lectura oficial es que ese aumento reciente refleja la debilidad cíclica en sectores más formales, como manufactura y construcción, más que una falla estructural nueva. La advertencia es clara: convertir a la informalidad en el motor explicativo de toda la dinámica económica lleva a confundir causa y efecto.
Otro de los ejes de la respuesta fue la política salarial. Hacienda defendió que los aumentos al salario mínimo han fortalecido la distribución del ingreso, apuntalado la demanda interna y contribuido a reducir la pobreza. En ese balance, los salarios mínimos reales acumulan un aumento de más de 150% desde 2018 y la pobreza ha disminuido en más de 13 millones de personas. El argumento oficial es que estos avances han sido especialmente relevantes para los hogares de menores ingresos y que la política salarial debe seguir alineada con la productividad para preservar tanto el poder adquisitivo como los incentivos a la inversión.
La respuesta cerró con el tema energético. Hacienda afirmó que una parte del debate sobre restricciones estructurales omite las acciones recientes para atender cuellos de botella por el lado de la oferta. Entre ellas destacó que la inversión pública en generación y transmisión eléctrica aumentó más de 25% en 2025, con el objetivo de ampliar capacidad y confiabilidad, al tiempo que se impulsan nuevos marcos para facilitar la participación del sector privado, mejorar el financiamiento y acelerar la ejecución de proyectos.
El mensaje final fue directo: la evidencia, desde la óptica oficial, no sostiene la narrativa de una economía rota. Lo que observa Hacienda es una economía ajustándose a choques externos y a la normalización de políticas, no una ruptura de sus fundamentos.
