La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 09/09/26, con nuevas condiciones para el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales en escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional. La medida entrará en vigor el 3 de noviembre y establece reglas distintas según el nivel educativo, con una restricción general para educación básica y esquemas definidos por cada comunidad en bachillerato y superior.
El acuerdo no plantea que los estudiantes deban dejar necesariamente sus teléfonos en casa. En primaria y secundaria, sin embargo, su uso queda restringido durante toda la jornada escolar, incluido el recreo, salvo cuando exista una finalidad educativa previamente programada o alguna de las excepciones previstas por la SEP.
La publicación formaliza una regulación que comenzó a construirse con las autoridades educativas de las 32 entidades y que ahora tendrá un periodo de preparación antes de su entrada en vigor.
Primaria y secundaria tendrán la restricción más amplia
En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, los estudiantes no podrán utilizar normalmente celulares, dispositivos inteligentes ni equipos electrónicos personales durante la jornada escolar. El acuerdo permite utilizarlos cuando una actividad educativa previamente programada requiera el dispositivo y exista orientación docente.
También podrán emplearse ante emergencias personales o por motivos de salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión y otras necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas. La medida, por tanto, no establece una prohibición absoluta, sino una restricción cuyo uso autorizado deberá responder a circunstancias específicas.
La SEP justificó estas reglas con la necesidad de favorecer la atención, la concentración, el aprendizaje y la convivencia escolar. El acuerdo reconoce que los dispositivos pueden funcionar como herramientas pedagógicas, pero advierte que su utilización inadecuada, excesiva o sin regulación puede afectar la interacción y el aprovechamiento académico.
La decisión se apoya además en una consulta realizada durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas. El documento señala que 81.2 por ciento estuvo de acuerdo con establecer medidas nacionales para atender el uso de dispositivos en las escuelas.
A partir del día siguiente de la publicación del acuerdo comenzaron las asambleas con madres, padres, personas tutoras y comunidades educativas para informar sobre las nuevas reglas y preparar su aplicación.
Bachillerato y universidades definirán sus propias medidas
La regulación cambia en educación media superior. En lugar de establecer una restricción uniforme, cada institución deberá definir, mediante consulta, diálogo y acuerdos con su comunidad educativa, las condiciones para limitar el uso no pedagógico durante la jornada escolar.
El acuerdo contempla cuatro modalidades: mantener los dispositivos guardados o en espacios de resguardo; permitir su uso únicamente en determinados horarios y lugares, como el recreo; establecer que no se utilicen durante toda la jornada; o autorizar periodos programados con fines de aprendizaje. También se mantienen excepciones por emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.
En educación superior tampoco existe una prohibición general. Las instituciones deberán fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos conforme a los acuerdos de cada comunidad y a las disposiciones de las autoridades competentes, con respeto a su autonomía universitaria, administrativa y académica.
El acuerdo también establece que las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México tendrán 180 días naturales, contados desde el 3 de noviembre, para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos necesarios.
Con ello, la SEP establece una ruta nacional con diferentes niveles de aplicación: una restricción general en educación básica, acuerdos específicos en bachillerato y criterios vinculados con la autonomía en universidades. La entrada en vigor marcará el inicio formal de estas reglas, mientras que las asambleas previas deberán definir cómo se aplicarán en cada comunidad educativa.
