La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece la nacionalidad única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La minuta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue enviada al Senado, donde comenzó este miércoles una nueva etapa de discusión. La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y plantea que quienes ocupen esos cargos no puedan mantener ni adquirir una nacionalidad distinta de la mexicana.
La votación mostró la división entre las fuerzas políticas. En lo general, el dictamen obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. En lo particular, después de la discusión de reservas, alcanzó 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. El resultado permitió que la propuesta avanzara a la Cámara alta, aunque todavía está lejos de convertirse en una norma constitucional vigente.
La doble nacionalidad queda fuera de los cargos
El proyecto establece que para ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno se deberá ser mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. La restricción no elimina la posibilidad de que las personas mexicanas mantengan doble nacionalidad en términos generales; se dirige específicamente a quienes aspiren a los cargos contemplados.
La reforma también fija obligaciones durante el ejercicio del puesto. Quienes ocupen esas responsabilidades no podrán solicitar o adquirir otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros en los supuestos previstos, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
Uno de los cambios relevantes ocurrió durante la discusión en San Lázaro. La propuesta original establecía que las personas con una segunda nacionalidad debían renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidatas o candidatos. La minuta aprobada modificó ese momento para la elección presidencial: la persona electa deberá acreditar que no tiene ni ha adquirido otra nacionalidad antes de la declaración de validez de la elección.
El ajuste modifica el momento de comprobación del requisito, pero mantiene la exigencia de nacionalidad única para quien finalmente ocupe la Presidencia. Para las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno también se mantienen las restricciones previstas en el dictamen.
El Senado define el siguiente paso
La minuta fue recibida por el Senado y turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. Ahí comenzará la revisión del texto aprobado por Diputados y se definirá si se mantiene en sus términos o si se plantean modificaciones antes de llevarlo al Pleno.
El proyecto contempla que las nuevas reglas sean aplicables a partir del proceso electoral de 2028. Sin embargo, ese calendario todavía depende de que la reforma complete las etapas previstas para una modificación constitucional.
Después de la Cámara alta, el proyecto necesitaría el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Solo entonces podría realizarse la declaratoria correspondiente y publicarse el decreto en el Diario Oficial de la Federación.
La discusión en el Senado también permitirá conocer si se mantiene el texto aprobado en San Lázaro, particularmente el cambio sobre el momento en que deberá acreditarse la nacionalidad única para la elección presidencial. Si la Cámara alta modifica la minuta, el proyecto tendría que regresar a Diputados para continuar su trámite.
Por ahora, la reforma ya superó la primera Cámara, pero la nacionalidad única todavía no es un requisito constitucional vigente. Su aplicación dependerá de la decisión del Senado y de las siguientes etapas del proceso de reforma. Si el proyecto entra en vigor bajo los términos aprobados, las nuevas reglas comenzarían a aplicarse a quienes compitan por los principales cargos ejecutivos del país a partir de 2028.
