Buscando opciones para ver algo en la plataforma de Netflix, me topé con un título recién agregado: La fiscal. La entrada del primer episodio muestra escenas de acumulaciones de documentos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, amarradas con cordón blanco. No eran los archivos de trámite ni de concentración de la Fiscalía, como se quería presentar. Una voz se escucha con datos estadísticos: “En 2020, en México ocurrieron 3,748 asesinatos de mujeres… De esos, 2,801 fueron homicidios dolosos y 947 fueron homicidios…”. Captó mi atención el documental en formato de miniserie de tres episodios. Conforme fueron avanzando los minutos y los episodios, distintos pensamientos se generaron en mi mente, en los que había aspectos positivos que resaltar, así como críticas a una narrativa y fotografía generadas ex profeso para justificar y alabar a un personaje: “La fiscal”.

La problemática que se presenta son los feminicidios en la Ciudad de México. Como contexto, es importante tener presente que el 21 de noviembre de 2019 la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Esto, después de distintas movilizaciones de sectores de la sociedad civil, en particular organizaciones de mujeres y activistas feministas, que denunciaban las distintas violencias machistas que afectan a las mujeres y a las niñas en la ciudad.

Entre las acciones de esta alerta se impulsó la profesionalización y certificación de los ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de carácter sexual de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Para ello, se contrataron y capacitaron a 166 mujeres abogadas para agencias descentralizadas del Ministerio Público, a fin de asesorar y dar acompañamiento a las mujeres que presenten una denuncia por agresión sexual o violencia familiar.

Ernestina Godoy, entonces titular de la renombrada Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, expidió el Acuerdo A/11/2019, con el que crea la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. El 10 de enero de 2020 emitió la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para designar a la persona titular y, el 8 de marzo de ese año, nombró a Sayuri Herrera Román como la titular de esa Fiscalía: “La fiscal”.

Sayuri Herrera Román es licenciada en Derecho y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Durante sus años de estudiante universitaria se vinculó con el Consejo General de Huelga en la UNAM, que provocó, en 1999, el cierre de los planteles universitarios, entre ellos la Facultad de Derecho, mediante actos de violencia e intimidación. Ello originó millonarias pérdidas en recursos económicos, materiales, en investigación y en la reputación de la Universidad Nacional, así como la interrupción y, en algunos casos, el abandono de estudios de miles de jóvenes que vieron coartados sus sueños universitarios. Fue necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad pública para recuperar los espacios universitarios que fueron despojados y tomados por la fuerza por grupos de personas respecto de los cuales, en esa época, estaba en entredicho su vinculación como estudiantes universitarios, y sí confirmada su afiliación y cercanía con partidos políticos y personajes de la izquierda radical mexicana. Posteriormente, Herrera se vinculó a organizaciones como el Centro Vitoria y Justicia Pro Persona del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, en los que participó en equipos de litigio de casos relacionados con la defensa de derechos humanos.

En los tres episodios de la miniserie se presentan los casos de Joana Esmeralda, Karen Itzel, Yrma Lydya y Ariadna Fernanda, víctimas del delito de feminicidio, perpetrado en los tres primeros casos por las parejas sentimentales y, en el último, por un supuesto amigo de la víctima. Se recaba el testimonio de los familiares, víctimas indirectas de este tipo de delitos; se exponen las circunstancias socioeconómicas y familiares, los estigmas, perjuicios e incompetencia institucional existente para dar atención, orientación, protección y acompañamiento a las mujeres y a sus familiares que denuncian hechos y conductas violentas cometidas por cónyuges, concubinos, parejas, familiares, empleadores, entre otros, que dan lugar, lamentablemente, en algunas ocasiones, a delitos como el feminicidio.

Asimismo, se expone, por parte de los miembros de la Policía de Investigación y agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, las circunstancias en que sucedió el homicidio, algunas acciones de investigación para la localización de los restos, la relación de la víctima con su agresor, así como, por parte de los agentes del Ministerio Público, la presentación de los elementos recabados durante la investigación ante las autoridades judiciales para obtener órdenes de aprehensión, las etapas del proceso penal y, por parte del juez, la emisión de la sentencia, además de las problemáticas para el cumplimiento de esta y la reparación del daño a las víctimas.

En los distintos capítulos, una constante son las limitaciones que enfrentan los investigadores para allegarse de herramientas y recursos para la práctica de diligencias forenses, como el uso de luminol para identificar restos de sangre, la identificación por ADN y huellas, ante la inexistencia de laboratorios y recursos para el procesamiento y resguardo de material genético, así como para determinar las causas que provocaron la muerte. A ello se suma la exposición de instalaciones e infraestructura aparentemente improvisadas para el resguardo y conservación de documentos y evidencias recabadas.

El funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia en la Ciudad de México, en voz de los servidores públicos que ejercen las atribuciones de investigar los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, es un servicio público que confluye, como muchos otros, entre éxitos, fracasos, limitaciones y carencias, en el que la exigencia institucional y ciudadana es mayor que los recursos primordiales para cumplir con el deber que les es encomendado y disminuir la impunidad.

En La fiscal se enaltece el liderazgo de Herrera en la investigación y acompañamiento a las víctimas que la fiscalía especializada aporta, el respaldo brindado por Godoy, entre el que se incluye la promoción como coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y, de forma velada, la obtención de la guarda y custodia por adopción de una menor de edad, su decisión de separarse de la fiscalía una vez que Godoy es removida y sus consideraciones para aceptar la propuesta de integrarse a la Secretaría de la Mujer del recién conformado gobierno de la PresidentA.

Existen servidores públicos que cumplen con el deber que les fue encomendado y, desde el anonimato de las instalaciones de una oficina de alguna institución pública, ejercen acciones para cambiar la administración pública, la procuración y la impartición de justicia, en más de las ocasiones sin el respaldo de personajes de la política nacional. La fiscal, además de exponer problemáticas y acciones institucionales, realiza la promoción de la imagen personal de una servidora pública en activo, de la que no extrañaría su eventual paso a un cargo de elección popular.