La política industrial volvió al centro del debate en América Latina, pero el Banco Mundial lanza una advertencia que vale la pena leer con calma: el problema no es solo decidir qué sectores apoyar, sino si la región tiene la capacidad real para aprender, adoptar tecnología, asumir riesgos productivos y sostener políticas públicas eficaces sin repetir viejos errores.
Ese es el eje del capítulo más estructural del nuevo panorama económico para América Latina y el Caribe. El documento reconoce que el bajo crecimiento, la escasa creación de empleo de calidad y la frustración por décadas de resultados mediocres han reabierto el apetito por una política industrial más activa. Pero al mismo tiempo pone distancia con cualquier entusiasmo automático por el proteccionismo o por la nostalgia del Estado empresario.
La razón es histórica. El informe recuerda que la región ya pasó por un ciclo de industrialización por sustitución de importaciones, con protección elevada y resultados pobres en productividad. Luego atravesó una etapa más favorable al mercado, pero tampoco logró resolver sus déficits estructurales de crecimiento. En ambas experiencias, el saldo fue parecido: una región que siguió sin aprender a escalar tecnológicamente con suficiente velocidad y consistencia.
Por eso el Banco Mundial propone una idea distinta: entender la política industrial, ante todo, como una política de aprendizaje. No como una simple lista de subsidios, aranceles o sectores consentidos, sino como un ecosistema para que las empresas puedan experimentar, adoptar nuevas tecnologías, entrar a mercados más sofisticados y elevar productividad.
El informe resume esa estrategia en cuatro grandes agendas. La primera es el desarrollo de capacidades. Ahí la crítica es frontal: América Latina sigue rezagada en educación básica, formación técnica, capital humano especializado y vínculos entre universidades y sector productivo. Si una economía no forma trabajadores, técnicos y empresarios capaces de absorber nuevas tecnologías, la política industrial termina convertida en discurso o en protección ineficiente.
La segunda agenda es facilitar la toma de riesgos. El desarrollo, plantea el documento, es en esencia un proceso de hacer apuestas informadas: lanzar productos, entrar a nuevos mercados, probar tecnologías o invertir en innovación. Pero en América Latina las empresas hacen menos apuestas porque enfrentan mercados financieros poco profundos, gerencias débiles y una estructura que castiga más el riesgo de lo que premia el aprendizaje exitoso.
La tercera es maximizar los beneficios de la apertura. Aquí el Banco Mundial se aleja de cualquier tentación autárquica. La integración a la economía mundial no aparece como amenaza, sino como condición para acceder a escala, tecnología, inversión extranjera y disciplina competitiva. El problema de la región no sería haber estado demasiado abierta, sino no haber construido las capacidades complementarias para aprovechar mejor esa apertura.
La cuarta agenda, y quizá la más decisiva, es fortalecer al Estado. Ninguna política industrial funciona con un aparato público capturado, improvisado o incapaz de evaluar resultados. El informe insiste en que corregir fallas de mercado requiere Estados con autonomía, capacidad técnica, mecanismos de evaluación y la fortaleza suficiente para terminar programas fallidos, no solo para inaugurar apuestas nuevas.
Ese punto es central porque, en la práctica, la política industrial suele fracasar menos por falta de intención que por exceso de interferencia política, captura de rentas o incapacidad administrativa. El Banco Mundial lo dice sin rodeos elegantes: la experiencia latinoamericana obliga a mirar con mucho cuidado la calidad institucional antes de multiplicar instrumentos de intervención.
En el fondo, el mensaje del informe no es antiindustrial, sino bastante más exigente. América Latina sí necesita una estrategia productiva más ambiciosa, pero no basada en protecciones eternas ni en apuestas improvisadas. Lo que necesita es aprender a producir mejor, no solo producir algo distinto. Y para eso hacen falta capacidades, financiamiento, apertura útil y un Estado que deje de estorbar cuando promete ayudar.
