Una revisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puso bajo la lupa 592.3 millones de pesos entregados en 2024 mediante las Becas para el Bienestar, después de identificar a 67 mil 142 beneficiarios de educación superior que no contaban con registro en el Registro Nacional de Población e Identidad.
El hallazgo aparece en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y forma parte de las anomalías detectadas en la fiscalización de los programas de becas. El dato no acredita por sí mismo que los recursos hayan sido desviados ni que exista una responsabilidad penal; sí muestra que la autoridad encontró pagos vinculados con beneficiarios cuya identidad no pudo ser acreditada mediante el registro oficial.
La revisión adquiere mayor dimensión cuando se observan los otros puntos detectados en la operación del programa. En 2024, el Banco del Bienestar reportó como activas 94 mil 251 tarjetas que no habían sido entregadas a sus beneficiarios. En mil 78 de esas cuentas se dispersaron 8.6 millones de pesos.
La suma de las observaciones relacionadas con las becas llegó a 609.4 millones de pesos.
Los pagos que quedaron bajo observación
Los 592.3 millones de pesos corresponden a estudiantes inscritos en instituciones de educación superior cuyos datos no aparecieron en el Registro Nacional de Población e Identidad. En términos operativos, esto significa que el padrón utilizado para entregar los apoyos contenía registros que no pudieron ser corroborados mediante una fuente oficial de identidad.
El segundo hallazgo involucra a mil 376 beneficiarios de educación básica inscritos en escuelas privadas. A ellos se les pagaron 8.5 millones de pesos, aunque las reglas del programa establecen que los apoyos de ese componente están dirigidos a estudiantes de planteles públicos.
La revisión también encontró el problema de las tarjetas. El Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 plásticos durante 2024; pese a ello, 94 mil 251 aparecían como activos. En una parte de esas cuentas, 1,078, se realizaron dispersiones por 8.6 millones de pesos.
Los tres hallazgos apuntan a distintos puntos de la misma cadena: identificación del beneficiario, cumplimiento de los requisitos y entrega del medio mediante el cual se recibe el recurso. No significan necesariamente que todos los pagos sean improcedentes, pero sí muestran que existieron controles que no permitieron acreditar de manera suficiente a todos los receptores observados.
La auditoría deja pendiente la explicación
La fiscalización correspondió a una revisión de las Becas para el Bienestar realizada sobre el ejercicio 2024 y parte de 2025. El Plan Anual de Fiscalización 2025 estableció como objetivo verificar el desempeño de las autoridades responsables y el cumplimiento de la normativa aplicable a los programas de becas.
El caso, por tanto, no termina con la identificación de los 592.3 millones de pesos. La siguiente etapa consiste en determinar qué registros pueden aclararse, cuáles pagos estuvieron respaldados por documentación y en qué casos procede alguna acción correctiva o recuperación de recursos.
También queda bajo revisión la coordinación entre la instancia encargada del padrón, las autoridades educativas y el Banco del Bienestar. La existencia de tarjetas no entregadas pero reportadas como activas muestra que una falla en un punto del proceso puede avanzar hasta la etapa de dispersión.
El Gobierno federal ha convertido las transferencias directas en una pieza central de su política social. Precisamente por el volumen de recursos y beneficiarios que manejan estos programas, la calidad de los padrones y los mecanismos para validar identidades son parte esencial del control del gasto.
Por ahora, la auditoría documenta irregularidades, no una sentencia. Lo que falta establecer es cuántos de los registros observados pueden ser acreditados, cuánto de lo pagado debe aclararse y si detrás de las inconsistencias hubo errores administrativos o responsabilidades que ameriten sanciones.
