La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este lunes al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicar la intervención policial durante la protesta por la mala calidad del agua que el domingo terminó con detenciones y decenas de lesionados frente a Casa Jalisco, residencia oficial del mandatario estatal. La movilización exigía una solución al suministro de agua turbia y maloliente que vecinos de la zona metropolitana denuncian desde hace meses.
En su conferencia matutina del 12 de octubre, Sheinbaum cuestionó el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y sostuvo que el Gobierno estatal debe aclarar por qué se recurrió a esos recursos. Rechazó tanto la represión de expresiones pacíficas como la violencia durante las protestas. La mandataria señaló que la Federación está dispuesta a colaborar para atender el problema hídrico, aunque corresponde a Jalisco explicar la actuación de su policía.
Detenciones y versiones enfrentadas
El Gobierno de Jalisco reportó 39 personas detenidas: 21 hombres y 18 mujeres. La Fiscalía estatal informó que las carpetas de investigación contemplan presuntos delitos como ataques a las vías de comunicación, lesiones y agresiones contra representantes de la autoridad. Durante la mañana del lunes, confirmó que 12 detenidos habían sido liberados para continuar su proceso en libertad. La liberación no implica que las investigaciones hayan concluido ni determina la responsabilidad de los involucrados.
El balance oficial registró 59 personas lesionadas: 28 policías y 31 civiles. Dos agentes resultaron heridos de gravedad, según las autoridades. El Gobierno estatal sostuvo que la marcha comenzó de forma pacífica, pero que un grupo de personas encapuchadas provocó disturbios y atacó a los agentes con objetos contundentes.
Organizaciones y familiares de manifestantes han cuestionado la actuación policial y advertido que el número de detenidos podría ser mayor al reconocido oficialmente. La discrepancia debe aclararse con registros individualizados. Las versiones sobre el inicio de los enfrentamientos también requieren una reconstrucción que considere videos, testimonios, reportes médicos y la actuación de los cuerpos de seguridad.
Lemus informó que pidió revisar las detenciones caso por caso y analizar grabaciones para determinar si hubo excesos policiales. Afirmó que se sancionará cualquier abuso que se compruebe. Esa revisión será relevante para establecer si el uso de la fuerza fue proporcional y si las detenciones se realizaron conforme a la ley.
La crisis del agua sigue sin resolverse
La protesta no surgió únicamente por la actuación policial. Habitantes de distintas colonias de Guadalajara y municipios conurbados llevan meses reportando agua con color, olor y apariencia anormales. Organizaciones civiles han advertido sobre posibles riesgos sanitarios a partir de muestras analizadas, mientras las autoridades deben precisar el alcance de la afectación y las medidas para garantizar un suministro seguro.
La apariencia del agua no basta para determinar qué contaminantes contiene o cuál es el riesgo para la salud. Para responder se necesitan resultados de laboratorio, información sobre las zonas afectadas y explicaciones técnicas sobre la distribución. Publicar esos datos permitiría distinguir entre denuncias ciudadanas, hallazgos comprobados y medidas correctivas.
Sheinbaum anunció que habría diálogo entre el Gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua para analizar alternativas a la crisis. También expresó reservas sobre un esquema de financiamiento estatal que, a su juicio, podría abrir la puerta a la privatización del servicio. Lemus ha rechazado que el agua vaya a privatizarse y ha defendido la necesidad de intervenir la infraestructura de abastecimiento.
El conflicto deja dos responsabilidades pendientes: esclarecer las detenciones y la actuación policial, y responder con evidencia a las denuncias sobre la calidad del agua. La Fiscalía debe informar sobre la situación jurídica de los detenidos; el Gobierno estatal, transparentar la revisión de los agentes; y las autoridades del suministro, publicar resultados técnicos que permitan dimensionar el problema. Sin esas respuestas, la disputa política seguirá ocupando el lugar de la información que necesitan los habitantes.
