El Gobierno federal mantiene los estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel para contener los precios al consumidor, pero el esfuerzo ya representa un costo superior a 80 mil millones de pesos, según estimaciones de analistas citadas por EL PAÍS. La medida amortigua la volatilidad energética para hogares y empresas, pero reduce la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Los apoyos se han reforzado durante más de seis meses ante el riesgo de nuevas alzas. El diésel ocupa un lugar central porque mueve mercancías y pasajeros, por lo que sus variaciones pueden trasladarse al transporte y la distribución. Mantener los estímulos busca evitar un encarecimiento abrupto, aunque prolongarlos limita los recursos disponibles para otros compromisos públicos.
El apoyo fiscal contiene precios, pero reduce la recaudación
Para el periodo vigente hasta el 16 de octubre, Hacienda cubre el 100% del IEPS aplicable al diésel y añade un estímulo complementario de 1.09 pesos por litro. Los apoyos suman 8.40 pesos por litro, según los datos publicados por EL PAÍS. En la gasolina regular o Magna, el estímulo subió a 64.31%, equivalente a unos 2.40 pesos por litro; para la Premium alcanzó 71.29%.
Estos porcentajes significan que el Gobierno renuncia temporalmente a cobrar parte —o la totalidad, en el caso del diésel— del impuesto incorporado al combustible. El apoyo no es una transferencia directa a cada consumidor: reduce la carga fiscal por litro y busca contener el precio final.
La presión externa se ha intensificado por conflictos geopolíticos y tensiones en las rutas de suministro. Mientras suben los precios internacionales, el Gobierno mantiene un acuerdo voluntario con gasolineras para fijar máximos de 24 pesos por litro para la gasolina regular y 27 pesos para el diésel. Ese límite complementa los estímulos fiscales y requiere coordinación con el sector privado.
El costo acumulado depende del precio internacional, el tipo de cambio, los litros vendidos y la duración de los apoyos. Por ello, los más de 80 mil millones de pesos estimados como costo fiscal y el cálculo de ingresos no recaudados no deben confundirse: pueden responder a metodologías distintas. El especialista energético Ramsés Pech calcula que la pérdida de recaudación por los estímulos al IEPS de gasolinas y diésel supera los 133 mil millones de pesos en lo que va del año.
Hacienda enfrenta el dilema entre precios e ingresos públicos
Las cifras oficiales muestran que la recaudación del IEPS por combustibles cayó 5% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025: pasó de 280 mil 988 millones a 277 mil 76 millones de pesos. Solo en agosto, los ingresos por este impuesto disminuyeron 23.6% anual, de 38 mil 307 millones a 30 mil 205 millones de pesos.
La caída no puede atribuirse únicamente a los estímulos, pero coincide con una etapa de apoyos elevados. Hacienda también recibe ingresos petroleros vinculados al precio del crudo, que pueden compensar parcialmente el descenso. Sin embargo, analistas citados por EL PAÍS prevén que la presión sobre las finanzas públicas continúe durante el resto del año.
Retirar los estímulos podría recuperar parte de la recaudación, pero trasladaría una mayor carga a conductores, transportistas y empresas. Un aumento del diésel puede encarecer la logística y presionar los precios de bienes y servicios. Mantener los apoyos, en cambio, obliga al Gobierno a absorber un costo fiscal creciente y priorizar entre objetivos presupuestarios.
La decisión no se limita a mantener o retirar los subsidios. Hacienda puede ajustar los porcentajes según las condiciones del mercado y evaluar cuánto apoyo necesita para amortiguar las alzas sin comprometer excesivamente los ingresos públicos. La evolución del petróleo, las tensiones internacionales y la recaudación de los próximos meses serán determinantes.
El desafío es proteger al consumidor sin convertir el apoyo en una presión fiscal indefinida. Para evaluar el resultado habrá que observar los precios, la recaudación del IEPS y el costo acumulado.
