El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara nuevas obligaciones para las plataformas digitales: retirar contenidos que promuevan la violencia, el acoso y el abuso sexual, además de reportar publicaciones que puedan representar un riesgo para la vida. La presidenta anunció que el decreto se encuentra en revisión y que su publicación está prevista para la próxima semana. La propuesta surge tras episodios recientes de violencia escolar en los que las autoridades identificaron interacciones digitales relacionadas con agresiones.

El objetivo es que la respuesta ante contenidos dañinos no dependa únicamente de las reglas internas de cada empresa ni de que una denuncia se vuelva viral. El Gobierno busca fijar responsabilidades para las plataformas y establecer vías de comunicación con las autoridades cuando detecten publicaciones vinculadas con conductas violentas.

Qué obligaciones contempla el proyecto

La propuesta incluye materiales relacionados con discursos de odio, extremismo violento, acoso, ciberacoso, abuso y explotación sexual, así como publicaciones sobre suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios. El enfoque anunciado por el Ejecutivo da prioridad a niñas, niños y adolescentes, expuestos a contenidos perjudiciales y dinámicas de hostigamiento en línea.

En la revisión participan dependencias de seguridad, educación y transformación digital, además de la Consejería Jurídica del Ejecutivo. El proyecto plantea que las empresas dispongan de mecanismos para detectar y retirar material de las categorías definidas, recibir reportes de usuarios y mantener canales de contacto con las autoridades. También se han mencionado herramientas de supervisión parental y ajustes de seguridad adecuados a la edad.

Sheinbaum ha sostenido que las plataformas deben responder cuando sus servicios se utilizan para difundir mensajes que alientan agresiones o facilitan conductas dañinas. No obstante, el alcance de esa responsabilidad dependerá de la redacción final: todavía deben precisarse los criterios para clasificar una publicación, el procedimiento para solicitar su retiro y los plazos de respuesta.

La propuesta contempla reportar contenidos que atenten contra la vida y facilitar el intercambio de información durante investigaciones. Ese punto abre preguntas sobre qué datos podrían solicitar las autoridades, bajo qué condiciones y qué garantías protegerán la información personal de los usuarios.

El reto de proteger sin restringir expresiones legítimas

El anuncio responde a la preocupación por la violencia entre jóvenes y por el papel que pueden desempeñar las redes en la difusión de amenazas o mensajes que promueven agresiones. La estrategia oficial también incluye acciones preventivas en las escuelas y con las familias, así como el fortalecimiento de programas de atención emocional.

Retirar una publicación no sustituye la intervención educativa ni la atención que puede necesitar un adolescente involucrado en situaciones de acoso o violencia. Por eso, el Gobierno plantea combinar la actuación de las plataformas con mecanismos para identificar señales de riesgo y promover la participación de madres, padres y comunidades escolares.

La dificultad estará en distinguir los contenidos que incitan directamente a la violencia de aquellos que informan sobre ella o la denuncian. Una noticia sobre una agresión, el testimonio de una víctima o una crítica a las autoridades no constituyen por sí mismos una invitación a cometer un delito. Si los criterios son imprecisos, las plataformas podrían retirar material legítimo; si resultan demasiado estrechos, podrían dejar circular publicaciones peligrosas.

También falta conocer qué consecuencias enfrentaría una empresa que incumpla las obligaciones, qué instancia supervisará sus decisiones y cómo podrá reclamar un usuario si considera que una publicación fue retirada injustificadamente. Sin esas definiciones, todavía no es posible medir la capacidad real del decreto para cambiar las prácticas de moderación.

El Gobierno prevé concluir la revisión y publicar el documento la próxima semana. Hasta que se conozca el texto definitivo, las obligaciones anunciadas siguen siendo una propuesta. La discusión se centrará en cómo hacer que las plataformas actúen con rapidez ante contenidos dañinos y, al mismo tiempo, asegurar procedimientos claros que eviten restricciones indebidas a la libertad de expresión.