El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó el 9 de octubre de 2026 las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y advirtió que las medidas representan un golpe a los esfuerzos internacionales para garantizar que los responsables de crímenes graves rindan cuentas ante la justicia. El funcionario alertó también sobre las posibles consecuencias para las operaciones del tribunal y el cumplimiento de sus responsabilidades.

En un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres expresó su preocupación por el alcance de las sanciones y destacó la función de la CPI dentro del sistema internacional de justicia penal. El secretario general sostuvo que la rendición de cuentas por crímenes internacionales constituye un elemento esencial para la paz y la protección del derecho internacional.

La condena se produjo después de que el Gobierno estadounidense anunciara medidas contra la Corte como institución. La decisión amplía la presión de Washington sobre el organismo judicial, que tiene el mandato de investigar y procesar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, conforme a las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma.

La CPI rechazó las sanciones mediante un comunicado publicado el mismo viernes. La institución afirmó que la medida busca obstaculizar la administración de justicia y afectar su capacidad para cumplir las funciones que le fueron encomendadas por los Estados que adoptaron su tratado constitutivo.

La presidenta de la Corte, Tomoko Akane, aseguró que el organismo continuará desempeñando su mandato con independencia e imparcialidad, con decisiones basadas en la legislación aplicable y las pruebas disponibles. También hizo un llamado a los Estados miembros para que adopten medidas concretas que permitan mantener las operaciones de la institución frente a las nuevas restricciones.

La Corte Penal Internacional fue creada mediante el Estatuto de Roma y comenzó a funcionar en 2002. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias jurídicas entre Estados, la CPI juzga a personas por determinados crímenes internacionales. Su intervención está sujeta a los límites de su jurisdicción y al principio de complementariedad, por el cual actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no están dispuestos o no pueden llevar a cabo genuinamente las investigaciones y los procesos correspondientes.

Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. Washington ha cuestionado la jurisdicción de la Corte sobre ciudadanos estadounidenses y ha expresado objeciones a investigaciones que considera contrarias a sus intereses nacionales. Las sanciones anunciadas se inscriben en esa disputa sobre los alcances de la jurisdicción internacional y la capacidad del tribunal para actuar en determinadas situaciones.

La decisión estadounidense también plantea interrogantes sobre las relaciones de la Corte con proveedores de servicios, entidades financieras y otras organizaciones que podrían verse afectadas por las restricciones. La posibilidad de interrupciones operativas preocupa a la institución porque sus investigaciones y procedimientos dependen de recursos administrativos, tecnológicos y financieros para continuar.

En su respuesta, la CPI sostuvo que el problema trasciende la situación de un organismo particular y afecta al sistema jurídico internacional construido alrededor del principio de que ninguna persona debe quedar exenta de responsabilidad por los delitos más graves. Por ello, pidió a los Estados que respaldan el Estatuto de Roma que contribuyan a garantizar la continuidad de sus actividades.

Las consecuencias concretas dependerán de la aplicación de las medidas estadounidenses y de la capacidad de la Corte para mantener sus servicios y cooperación internacional. Aunque la institución afirmó que no abandonará sus responsabilidades, las sanciones podrían dificultar distintas tareas necesarias para desarrollar investigaciones y procedimientos judiciales.

La postura de Guterres sitúa la controversia en un debate más amplio sobre la relación entre la soberanía nacional y los mecanismos multilaterales de justicia. La ONU defiende que la rendición de cuentas por crímenes internacionales es necesaria para combatir la impunidad, mientras que Estados Unidos mantiene objeciones a la autoridad de la CPI sobre determinados casos.

Por ahora, tanto la condena del secretario general como la respuesta de la Corte se concentran en la defensa de la independencia judicial y la continuidad de los procedimientos. La institución ha pedido respaldo a sus Estados miembros para preservar su capacidad operativa frente a las sanciones anunciadas el 9 de octubre.