Las denuncias contra Verónica Alcocer por un supuesto transporte de drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela provocaron nuevas actuaciones de las autoridades colombianas y una respuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos, que confirmó estar al tanto de las acusaciones. La exprimera dama negó los señalamientos en un derecho de petición dirigido a la Fiscalía General de la Nación, mientras el empresario Manel Grau rechazó las afirmaciones que lo vinculan con la presunta operación.
El documento de Alcocer está fechado el 13 de octubre de 2026 y fue publicado en su cuenta de Instagram al día siguiente. En él, solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al vicefiscal, Gilberto Guerrero, que le informaran si existe una nueva investigación en su contra por las declaraciones de su exasesora Eva Ferrer o si los hechos fueron incorporados a una indagación anterior.
Alcocer afirmó que durante su etapa como primera dama viajó a Venezuela únicamente en dos ocasiones, ambas por motivos oficiales: el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023. Según explicó, las visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual que permitiría verificar las actividades realizadas y las personas que participaron en ellas.
La fecha del primer viaje coincide con el periodo en el que Ferrer sitúa parte de los presuntos hechos denunciados. Sin embargo, la coincidencia temporal no demuestra que se transportaran sustancias ilícitas o dinero. Alcocer sostuvo que las acusaciones se basan, según las propias manifestaciones de Ferrer, en información recibida de terceras personas y no necesariamente en hechos presenciados directamente por ella.
La ex primera dama también señaló que ya había acudido a la Fiscalía en agosto, después de la divulgación de audios relacionados con presuntos hechos de corrupción. Según su escrito, posteriormente fue informada de la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Alcocer precisó que esa actuación es distinta de la investigación que se habría planteado a raíz de las nuevas denuncias y pidió claridad sobre su situación procesal.
Ferrer, quien trabajó en el entorno del Gobierno de Gustavo Petro, afirmó que una aeronave oficial habría trasladado drogas desde Colombia hacia Venezuela y regresado con 2.5 millones de dólares. Según su relato, el empresario catalán Manel Grau le habría contado lo ocurrido. Estas afirmaciones no constituyen por sí mismas una prueba de que los hechos sucedieran.
Grau rechazó públicamente los señalamientos y anunció acciones penales por injuria y calumnia contra Ferrer. El empresario calificó las acusaciones como falsas y sostuvo que acudirá a las autoridades para defender su reputación. Su respuesta introduce una contradicción directa entre las versiones de los involucrados, que deberá evaluarse a partir de las pruebas disponibles.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó el 10 de octubre una investigación exhaustiva sobre las denuncias relacionadas con el supuesto uso de aeronaves estatales durante el Gobierno anterior. La Presidencia informó que se revisarían posibles irregularidades vinculadas con vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Por su parte, la Procuraduría General anunció actuaciones preliminares relacionadas con posibles irregularidades en el uso de aeronaves oficiales y convocó a varias personas a declarar. Estas diligencias buscan esclarecer los hechos, pero no equivalen a una determinación de responsabilidad penal contra Alcocer.
La respuesta estadounidense debe distinguirse de las actuaciones colombianas. El Departamento de Estado confirmó que Washington estaba al tanto de las denuncias, pero esa declaración no significa que el Gobierno estadounidense haya corroborado el supuesto transporte de drogas y dinero.
El Departamento del Tesoro había sancionado a Alcocer el 24 de octubre de 2025, junto con Gustavo Petro y otras personas de su entorno, bajo la Orden Ejecutiva 14059. El comunicado de entonces mencionó niveles elevados de cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia, pero el fundamento específico atribuido a Alcocer fue su presunto apoyo a Petro, no las nuevas acusaciones sobre vuelos a Venezuela.
Por ahora, las denuncias, las respuestas de Alcocer y Grau y las actuaciones de las autoridades corresponden a procedimientos distintos. La revisión de registros de vuelo, documentos oficiales y testimonios será necesaria para establecer si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan.
