La Secretaría de Gobernación informó que, hasta el 8 de octubre de 2026, las autoridades habían localizado a 16 mil 003 personas reportadas previamente como desaparecidas o no localizadas. El anuncio fue presentado el 14 de octubre por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, como parte de los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Al mismo tiempo, el Gobierno federal anunció la integración de un grupo de nueve especialistas nacionales e internacionales para realizar una revisión técnica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La cifra reúne resultados obtenidos mediante distintos mecanismos institucionales. Según el desglose oficial, 6 mil 939 personas fueron localizadas a través de la Plataforma Única de Identidad; 4 mil 788, mediante coordinación con las entidades federativas; 3 mil 473, por la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, y mil 214, mediante acciones de búsqueda en territorio. Las autoridades señalaron que estas vías forman parte de una estrategia que busca cruzar información, agilizar la respuesta y mejorar la coordinación entre instituciones.
Los datos requieren una lectura cuidadosa. Localizar a una persona no significa necesariamente que todas las circunstancias de su desaparición hayan sido esclarecidas ni que una investigación penal esté concluida. Además, dentro de las 3 mil 473 personas localizadas por la alerta nacional, 219 fueron encontradas sin vida, de acuerdo con la información oficial. El resultado debe entenderse como un balance de localizaciones, no como una medida completa de resolución de todos los casos.
Especialistas revisarán los datos y la metodología
Rosa Icela Rodríguez explicó que el grupo de nueve expertos analizará de manera técnica y científica la información y las metodologías utilizadas en el registro. Su trabajo incluirá revisar la calidad de los datos, validar procedimientos y formular recomendaciones que puedan fortalecer las búsquedas. La integración se realizó con acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El registro nacional es una herramienta para concentrar reportes, apoyar la coordinación entre autoridades y facilitar la búsqueda. Para cumplir esa función, necesita información actualizada, expedientes que puedan verificarse y criterios claros para distinguir entre personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Las diferencias en la calidad de los datos pueden dificultar la identificación de patrones, generar duplicidades o complicar el seguimiento de casos que siguen abiertos.
La revisión también podría derivar en propuestas de cambios administrativos o legales. Sin embargo, todavía será necesario conocer el calendario de trabajo del grupo, la metodología que aplicará y la forma en que sus recomendaciones se harán públicas. Para las familias, la transparencia sobre esos pasos resulta tan importante como la actualización técnica de las bases de datos.
Búsquedas actuales y esclarecimiento de casos históricos
La agenda de desapariciones también incluye reclamos por hechos ocurridos durante la llamada Guerra Sucia. El 15 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional debe responder a una orden judicial relacionada con la entrega de información sobre Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en 1978 y vinculada con la Liga Comunista 23 de Septiembre. Su familia busca documentos que permitan esclarecer las circunstancias de su desaparición.
El acceso a archivos militares y de otras instituciones puede aportar elementos para reconstruir detenciones, traslados y posibles responsabilidades, aunque cada documento debe analizarse dentro de su contexto. El caso muestra que la política de búsqueda no se limita a reportes recientes: también implica responder a familias que llevan décadas exigiendo verdad y acceso a la información.
El Gobierno deberá mostrar que los resultados anunciados se traducen en búsquedas efectivas, investigaciones y comunicación constante con familiares. Para evaluar los avances será necesario publicar datos desglosados, explicar los criterios de localización y mantener mecanismos para corregir registros incompletos o erróneos. La revisión especializada puede contribuir a mejorar la herramienta nacional, pero su impacto dependerá de la aplicación de las recomendaciones y de la respuesta de las autoridades responsables en cada expediente.
