El sistema de salud mexicano necesitaba una reforma. López Obrador desmontó instituciones, compras y distribución sin tener consolidados sus reemplazos; ocho años después, el Gobierno sigue corrigiendo fallas mientras pacientes y trabajadores absorben las consecuencias.
El 1 de septiembre de 2024, a 29 días de dejar la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador declaró cumplida una de las promesas más ambiciosas de su gobierno.
No dijo que México estuviera acercándose a Dinamarca.
No dijo que faltara tiempo.
No presentó la comparación como una aspiración para el siguiente gobierno.
Durante su Sexto Informe aseguró que el sistema IMSS-Bienestar ya era “el más eficaz en el mundo” y remató: “Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”.
Al día siguiente una reportera le preguntó directamente si aquello había sido una broma.
“No, no, no”, respondió.
La afirmación importa porque transforma una promesa política en algo verificable.
Dos años después, los datos disponibles permiten auditarla.
México destina alrededor de 1,588 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por persona a salud. Dinamarca, 7,071.
México destina 5.9% de su PIB. Dinamarca, 9.4%.
México tiene 2.7 médicos por cada mil habitantes. Dinamarca, 4.5.
México tiene tres enfermeras. Dinamarca, 10.5.
México dispone de una cama hospitalaria por cada mil habitantes. Dinamarca, 2.3.
Y mientras el expresidente había declarado terminada exitosamente la transformación, en octubre de 2026 trabajadores del IMSS salieron a las calles por salarios y condiciones laborales, pero también por medicamentos, material de curación, personal, equipos e infraestructura.
El propio IMSS respondió anunciando una revisión directa en 277 hospitales para identificar problemas de abasto, surtimiento de recetas, cobertura de personal, mantenimiento de equipos, mobiliario e instalaciones.
El contraste obliga a revisar algo más profundo que una promesa incumplida.
¿Cómo llegó México desde la decisión de transformar un sistema sanitario que ciertamente tenía deficiencias hasta un escenario en el que, ocho años después, el propio Gobierno sigue reconstruyendo compras, inventarios, distribución, instituciones y condiciones hospitalarias que había declarado resueltas?
La respuesta no puede reducirse a que “el sistema anterior también estaba mal”.
Lo estaba.
Precisamente por eso las decisiones posteriores exigían mayor planeación.
Un sistema frágil tiene menos margen para soportar errores.
La evidencia revisada por El Comentario del Día muestra una cadena de decisiones identificables y responsables políticos concretos.
López Obrador ordenó restringir proveedores mientras reconocía públicamente que todavía no tenía pruebas para acusarlos de corrupción.
Su gobierno modificó la arquitectura de compras antes de consolidar una cadena sustituta con capacidad equivalente.
Impulsó la desaparición del Seguro Popular.
Creó INSABI.
Su propio gobierno extinguió INSABI tres años después.
Recurrió a UNOPS para reconstruir adquisiciones.
Entregó nuevas responsabilidades a Birmex.
Inauguró personalmente una Megafarmacia que prometió resolver faltantes nacionales en 24 o 48 horas y que durante sus primeros seis meses reportó apenas 1,155 pedidos atendidos.
Y cuando dejó el poder aseguró que el resultado era superior al sistema danés.
Mientras todo eso ocurría, las recetas no surtidas del IMSS habían pasado de 1.47 millones en 2018 a 5.04 millones en 2019, antes de la pandemia; alcanzaron 22.06 millones en 2021 y, después de una recuperación importante, todavía sumaban 4.53 millones entre enero y el 19 de diciembre de 2024.
La pandemia agravó brutalmente el problema.
No lo inició.
El deterioro ya era visible en 2019.
Y existe otra contradicción que esta investigación considera central.
La transformación fue justificada políticamente como una ruptura con corrupción, intermediarios, influyentismo y negocios alrededor de la salud.
Pero bajo la nueva administración una empresa propiedad del hijo de Manuel Bartlett recibió un contrato del IMSS para vender ventiladores que posteriormente fue sancionado por la propia Función Pública.
Romedic, propiedad de Amílcar Olán —empresario cuya cercanía con los hijos de López Obrador fue reconocida por el propio expresidente— obtuvo contratos sanitarios millonarios y hoy forma parte de nuevas denuncias e investigaciones periodísticas sobre posibles influencias que todavía no han sido judicialmente probadas.
El problema, por tanto, no es solamente que las soluciones hayan tardado.
Es que quienes tomaron las decisiones no dimensionaron adecuadamente el riesgo de desmontar piezas esenciales de un sistema nacional antes de tener sustitutos capaces de funcionar a la misma escala, mientras el argumento moral utilizado para justificar esa ruptura tampoco impidió que surgieran nuevos contratos cuestionados alrededor del poder.
El costo no quedó en Palacio Nacional.
Llegó a hospitales, médicos, enfermeras, pacientes y familias.
• El sistema de 2018 tenía problemas reales. Fragmentación, desigualdad territorial, gasto de bolsillo, insuficiencia de recursos, irregularidades y concentración empresarial estaban documentados.
• López Obrador decidió intervenir antes de tener demostradas algunas de sus acusaciones centrales. El 8 de abril de 2019 reconoció que no podía acusar de corrupción a tres grandes distribuidoras porque todavía no tenía pruebas y que su restricción era preventiva.
• El desabasto se deterioró antes de COVID-19. Las recetas no surtidas del IMSS pasaron de 1.47 millones en 2018 a 5.04 millones en 2019.
• La primera institución sustituta no sobrevivió al mismo gobierno que la creó. INSABI comenzó en 2020 y fue extinguido en 2023.
• Las soluciones se sucedieron. Hacienda, INSABI, UNOPS, Birmex, Megafarmacia y después Rutas de la Salud intervinieron sucesivamente en compras o distribución.
• Los nuevos mecanismos tampoco quedaron libres de irregularidades y cuestionamientos. Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, fue sancionada por Función Pública. Romedic, de Amílcar Olán, obtuvo contratos sanitarios; los señalamientos sobre tráfico de influencias continúan sin sentencia que los acredite.
• Patria existió, pero llegó tarde. Cofepris la autorizó hasta junio de 2024, después de la fase crítica de la pandemia y tras cientos de millones de pesos de inversión pública.
• La recuperación posterior es real. Las recetas no surtidas disminuyeron cerca de 80% entre 2021 y 2024, pero el nivel de 2024 todavía era aproximadamente tres veces el de 2018.
• López Obrador declaró cumplida la transformación. En septiembre de 2024 aseguró que el sistema era mejor que el de Dinamarca.
• Los números contradicen esa afirmación. Dinamarca dispone de aproximadamente 4.5 veces el gasto sanitario por persona, 67% más médicos, 3.5 veces las enfermeras y 2.3 veces las camas hospitalarias por habitante.
• En 2026 el propio IMSS reconoce problemas. Medicamentos, insumos, tiempos de espera, cobertura de plazas y mantenimiento forman parte de los retos que la institución está revisando.
• El costo también llegó a las familias. Los hogares desembolsaron directamente 800,733 millones de pesos en salud durante 2024.
I. El sistema de salud mexicano sí necesitaba una reforma
Cuestionar las decisiones de López Obrador no requiere inventar un sistema sanitario perfecto antes de su llegada.
No existía.
El Seguro Popular había ampliado enormemente la protección financiera de las personas sin seguridad social, pero México seguía teniendo un sistema fragmentado entre IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y servicios estatales, Pemex, fuerzas armadas e institutos nacionales.
La atención dependía en buena medida del estado donde viviera el paciente.
Afiliación no significaba automáticamente médico disponible, tratamiento oportuno ni medicamento completo.
La Auditoría Superior de la Federación documentó deficiencias en el manejo y fiscalización de recursos.
Los hogares seguían financiando directamente una parte importante de la atención.
Había además una fuerte concentración empresarial en la distribución de medicamentos.
Todo eso justificaba una reforma.
Pero aquí comienza la responsabilidad política.
Heredar un sistema deficiente no concede licencia para transformarlo sin medir adecuadamente las consecuencias.
Un gobierno que decide desmontar mecanismos existentes adquiere la responsabilidad de garantizar que aquello que coloca en su lugar funcione, como mínimo, con la capacidad suficiente para que la transición no termine pagándola el paciente.
Eso es precisamente lo que debe evaluarse a partir de 2019.
II. López Obrador decidió primero; las pruebas seguían investigándose
El 8 de abril de 2019 López Obrador explicó personalmente una de las primeras decisiones que alterarían el mercado de medicamentos.
Tres grandes distribuidoras —Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico y Maypo— habían vendido al IMSS y al ISSSTE aproximadamente 34,280 millones de pesos durante 2018, equivalentes a 62.4% de las compras consideradas por el Gobierno.
La concentración era extraordinaria y justificaba investigar competencia, precios y relaciones con funcionarios.
López Obrador ordenó impedir preventivamente nuevas adjudicaciones mientras se investigaba.
Pero el propio presidente reconoció el límite de lo que sabía:
“Pero tampoco puedo acusar a nadie sin tener pruebas, sólo es una medida preventiva”. Andrés Manuel López Obrador, 8 de abril de 2019
Dos días después reiteró que no podía afirmar todavía que existieran corrupción o influyentismo.
El 3 de mayo continuaba hablando de investigar “si no hubo corrupción o influyentismo”.
Pero semanas después el lenguaje presidencial había dejado atrás esa cautela.
López Obrador describía ya al sector como “plagado” de corrupción, prometía desenmascarar corruptos y sostenía que, eliminando esas prácticas, el dinero alcanzaría para garantizar medicamentos.
El problema no es que investigara.
Tenía que hacerlo.
El problema es que una sospecha todavía en proceso de demostración se convirtió en la explicación política general de un sistema y en sustento para decisiones operativas de enorme alcance.
La investigación de El Comentario del Día no localizó una sentencia penal que demuestre que las tres empresas originalmente restringidas constituían la red de corrupción generalizada que posteriormente describió el discurso presidencial.
Eso tampoco significa que el mercado anterior fuera limpio.
COFECE acreditó posteriormente que Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Nadro y Almacén de Drogas participaron en prácticas monopólicas absolutas para restringir abasto y manipular precios de medicamentos vendidos a farmacias. Impuso multas por 903.5 millones de pesos y estimó daños por 2,359 millones.
Función Pública también sancionó irregularidades específicas de proveedores.
Había conductas ilegales comprobables.
Pero los nombres, expedientes y conductas importan.
No es periodísticamente válido utilizar delitos o prácticas anticompetitivas comprobadas contra unas empresas para dar por demostradas acusaciones distintas contra otras.
El Gobierno tenía derecho a reformar.
También tenía la obligación de distinguir sospecha, concentración, irregularidad administrativa, práctica anticompetitiva y delito.
III. El riesgo que no se dimensionó
La decisión no consistió simplemente en cambiar proveedores.
El gobierno de López Obrador comenzó a modificar simultáneamente quién compraba, cómo compraba y quién distribuía.
Hacienda adquirió protagonismo en las compras consolidadas.
Se redujo el papel de distribuidores tradicionales.
Se impulsaron compras internacionales.
Después INSABI asumió responsabilidades.
Más tarde entró UNOPS.
El objetivo político era romper relaciones que el Gobierno consideraba viciadas.
El problema administrativo era que una cadena nacional de medicamentos no se reemplaza con una orden presidencial.
Hay que estimar demanda por clave y hospital, contratar producción, importar, obtener registros, recibir, almacenar, mantener cadena fría, transportar, controlar inventarios, reponer existencias y entregar el medicamento correcto en la unidad correcta.
Eliminar capacidad instalada antes de disponer de capacidad sustituta suficiente convierte la transición en un riesgo sanitario.
Los números indican que ese riesgo se materializó.
En 2018 el IMSS había registrado 1,468,217 recetas no surtidas.
En 2019 fueron 5,040,111.
El incremento fue de 243% en un solo año.
COVID-19 todavía no podía ser la explicación.
Eso no demuestra que cada receta faltante haya sido causada por una orden de López Obrador.
Pero sí establece algo que la explicación gubernamental posterior no puede borrar:
el deterioro extraordinario comenzó durante el primer año de la reorganización y antes de la pandemia.
IV. Después llegó la pandemia y el problema explotó
2017 | 1,777,452
2018 | 1,468,217
2019 | 5,040,111
2020 | 15,857,785
2021 | 22,062,617
2022 | 12,537,737
2023 | 5,185,877
2024 | 4,527,281*
2018 → 2019: +243%
2018 → 2021: +1,403%
2021 → 2024: -79.5%
2018 → 2024: +208%
*2024 comprende del 1 de enero al 19 de diciembre. Existen diferencias de corte y registro entre las fuentes anuales, por lo que la serie debe interpretarse como trayectoria y no como una falsa comparación perfectamente homogénea.
COVID-19 sometió a todos los sistemas sanitarios del mundo a una presión extraordinaria.
México no fue excepción.
Producción, importaciones, personal, camas, consultas y presupuestos fueron alterados.
Sería incorrecto atribuir los 22 millones de recetas no surtidas de 2021 exclusivamente a las decisiones tomadas desde 2019.
Sería igualmente incorrecto utilizar la pandemia para borrar que la ruptura había comenzado antes.
El periodo completo muestra tres etapas.
Primero, deterioro durante la reorganización.
Después, crisis extraordinaria durante la pandemia.
Finalmente, recuperación.
Para 2024 las recetas no surtidas habían bajado cerca de 80% respecto del máximo de 2021.
Eso constituye una mejora considerable.
Pero después de esa recuperación seguían aproximadamente 208% por encima de 2018.
Comparar únicamente contra el peor momento permite presentar recuperación como solución. Comparar contra el punto de partida revela que el problema todavía no había regresado al nivel previo a la transformación.
V. INSABI: la solución que sus propios creadores terminaron eliminando
López Obrador no se limitó a transformar las compras.
Impulsó la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.
INSABI comenzó a operar en enero de 2020 con una promesa superior: atención médica y medicamentos gratuitos para las personas sin seguridad social.
Tres años después, el gobierno que lo había creado decidió extinguirlo.
No fue un gobierno opositor desmontando la institución de su antecesor.
No fue un cambio de proyecto político.
Fue la misma administración reconociendo mediante una nueva reforma que necesitaba otra arquitectura.
En mayo de 2023 López Obrador promulgó la reforma que transfirió las funciones principalmente hacia IMSS-Bienestar.
No todo el dinero gastado por INSABI fue desperdicio. Financió atención, personal, hospitales, transferencias y medicamentos.
Pero tampoco puede ocultarse el costo institucional.
Crear una institución nacional significa diseñar reglas, contratar personal, transferir recursos, establecer sistemas, celebrar convenios, desarrollar procedimientos y coordinar estados.
Desmontarla tres años después significa volver a mover buena parte de esa estructura.
INSABI no fue simplemente una etapa de transición. Fue la solución institucional que el propio gobierno de López Obrador decidió que ya no debía existir antes de terminar su mandato.
VI. UNOPS: comprar millones de piezas tampoco resolvió la receta
En 2020 el Gobierno recurrió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
UNOPS reportó posteriormente más de 800 millones de piezas adquiridas y entregadas.
Hubo compras reales.
También hubo competencia internacional y procedimientos distintos.
Pero comprar no equivale a surtir.
Adjudicar ≠ comprar ≠ recibir ≠ almacenar ≠ distribuir ≠ disponer en el hospital ≠ surtir completamente una receta.
UNOPS podía participar en adquisiciones.
No podía administrar por sí misma la última milla de miles de unidades médicas mexicanas.
La decisión volvió a mostrar la diferencia entre resolver una etapa del proceso y resolver el problema sanitario completo.
VII. Combatir a los viejos intermediarios no impidió nuevos conflictos
La legitimidad de la transformación descansó en una promesa moral además de administrativa.
Se acabarían corrupción, influyentismo, intermediarios privilegiados y negocios alrededor de los medicamentos.
Por eso los contratos posteriores deben evaluarse con el mismo estándar que López Obrador utilizó para juzgar a sus antecesores.
León Bartlett: aquí sí hubo sanción
Durante la emergencia sanitaria, el IMSS en Hidalgo adjudicó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del entonces director de la CFE Manuel Bartlett Díaz, un contrato de 31 millones de pesos para 20 ventiladores.
El precio unitario fue de 1.55 millones.
La Secretaría de la Función Pública investigó.
Encontró irregularidades, falsedades y precios fuera del rango de mercado.
La empresa fue sancionada e inhabilitada.
Los ventiladores terminaron devueltos.
El caso no permite acusar de corrupción a todo el nuevo modelo.
No hace falta.
Lo que demuestra es suficientemente incómodo:
mientras López Obrador sostenía que estaba terminando con el influyentismo y los negocios alrededor de la salud, una empresa propiedad del hijo de uno de los funcionarios más poderosos de su administración consiguió durante una emergencia un contrato que terminó sancionado por el propio Gobierno.
Amílcar Olán: contratos comprobados, influencias por investigar
Jorge Amílcar Olán Aparicio aparece en una situación jurídicamente distinta.
Romedic, empresa de su propiedad constituida en 2020, obtuvo contratos públicos relacionados con medicamentos, materiales e insumos sanitarios.
Existen contratos y documentos públicos que permiten demostrar esos negocios.
También está documentada la relación personal de Olán con integrantes de la familia López Beltrán.
El propio López Obrador reconoció públicamente que era amigo de uno de sus hijos.
Investigaciones periodísticas han difundido audios y documentos en los que Olán habla sobre negocios públicos, medicamentos y funcionarios.
En octubre de 2026 familiares de niñas y niños con cáncer presentaron además una denuncia ante la FGR contra Andrés Manuel López Beltrán y Amílcar Olán.
Pero denuncia no significa culpabilidad.
Al corte de esta investigación no localizamos sentencia que demuestre que los hijos de López Obrador intervinieron para conseguir contratos sanitarios para Olán ni resolución judicial que acredite las acusaciones actualmente formuladas.
Presentarlo como corrupción probada sería incorrecto.
Ignorarlo también.
Si la cercanía entre empresarios y poder político era razón suficiente para que López Obrador ordenara revisar proveedores en 2019, esa misma cercanía merece escrutinio cuando involucra empresarios próximos a su propia familia.
El estándar no puede cambiar dependiendo de quién ocupe Palacio Nacional.
VIII. Patria: la vacuna llegó después de la emergencia que justificó su urgencia
Otro proyecto permite observar la distancia entre anuncio y resultado.
Patria fue presentada en 2021 como la vacuna mexicana contra COVID-19.
El Gobierno invirtió recursos públicos y Avimex desarrolló el producto.
El informe de gestión de Conahcyt reportó 422.8 millones de pesos invertidos entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022 y otros 126.8 millones autorizados para 2023.
Patria sí existió.
Cofepris la autorizó para uso de emergencia el 6 de junio de 2024.
Por eso afirmar que “nunca hicieron la vacuna” sería falso.
Pero tampoco sería serio evaluar el proyecto únicamente por haber conseguido finalmente una autorización.
Cuando Patria fue autorizada habían transcurrido más de tres años desde su presentación y México había terminado oficialmente la emergencia sanitaria por COVID-19.
Para finales de 2024 el Gobierno hablaba de alrededor de 700 mil dosis destinadas principalmente a población vulnerable.
El proyecto puede haber generado conocimiento y capacidad tecnológica.
Pero como respuesta sanitaria a la emergencia que justificó su urgencia llegó tarde.
El problema no fue que Patria nunca existiera. Fue que la vacuna prometida durante la crisis estuvo disponible cuando la crisis que justificaba esa urgencia ya había cambiado radicalmente.
IX. La Megafarmacia: otra solución presidencial que terminó haciendo otra cosa
El 29 de diciembre de 2023 López Obrador inauguró personalmente la Megafarmacia del Bienestar.
Prometió que permitiría conseguir un medicamento faltante y hacerlo llegar en 24 o 48 horas.
La dimensión de la promesa era nacional.
Los primeros resultados no lo fueron.
Hasta junio de 2024 se habían recibido 126,115 llamadas, generado 13,509 folios y atendido 1,155 pedidos.
No es metodológicamente correcto dividir el costo completo de medicamentos almacenados entre esos pedidos y llamarlo “costo por receta”, porque el inventario conserva valor y puede utilizarse posteriormente.
Pero sí puede evaluarse la escala operativa.
Frente a millones de recetas no surtidas en las instituciones, 1,155 pedidos atendidos durante los primeros meses muestran que la Megafarmacia no se convirtió en el mecanismo nacional de rescate que sugería la promesa presidencial.
Sheinbaum terminó redefiniendo en la práctica su función.
En 2026 la describió principalmente como nodo de distribución para la región central y almacén nacional de determinados medicamentos, especialmente oncológicos, complementado por almacenes regionales.
Esa utilización puede ser logísticamente razonable.
Pero no es la misma promesa.
Otra solución anunciada como respuesta extraordinaria terminó incorporándose como una pieza mucho más convencional de la cadena logística.
X. La factura llegó al paciente
Cuando una reforma administrativa falla, el costo no se queda en una hoja de cálculo.
Una receta no surtida puede convertirse en una compra privada.
Una consulta que tarda puede convertirse en un consultorio de farmacia.
Un estudio postergado puede terminar pagándose en un laboratorio particular.
Una plaza vacante se convierte en más pacientes para el personal disponible.
INEGI calculó que durante 2024 los hogares mexicanos realizaron directamente erogaciones relacionadas con salud por 800,733 millones de pesos.
Medicamentos y otros bienes representaron 45.4%.
El trabajo no remunerado de cuidados de salud dentro de los hogares agregó un valor económico estimado en 318,261 millones.
No todo ese gasto puede atribuirse a deficiencias del sector público.
Sería metodológicamente falso hacerlo.
Pero cuando un paciente compra un medicamento que su institución debía proporcionarle, la consecuencia económica es inequívoca.
El Estado no eliminó el costo. Lo trasladó al bolsillo del paciente.
XI. El personal sanitario también pagó la transición
La precariedad no se mide únicamente contando trabajadores.
El IMSS tiene hoy más personal que en 2019.
La institución reporta que su plantilla base pasó de 360,823 a 455,454 trabajadores entre 2019 y 2026.
Son 94,631 adicionales.
Incluyen más de 27 mil médicos especialistas y 26,777 enfermeras.
Ese aumento es real y debe reconocerse.
Pero tampoco responde por sí mismo si la plantilla es suficiente para la demanda actual, si está correctamente distribuida, si existen especialistas donde se necesitan ni en qué condiciones trabaja.
En octubre de 2026 miles de trabajadores del IMSS se movilizaron.
Las demandas incluyeron salario, jubilaciones y representación sindical.
Pero también medicamentos, material de curación, cobertura de personal, equipos, mantenimiento e infraestructura.
El propio IMSS respondió identificando prácticamente las mismas áreas como “retos de la operación”.
Y anunció una revisión directa en 277 hospitales.
Eso cambia la naturaleza de la discusión.
Ya no estamos únicamente ante trabajadores denunciando carencias.
Estamos ante la institución reconociendo que necesita revisar medicamentos, insumos, recetas, personal, equipos e instalaciones ocho años después de iniciada la transformación.
El 15 de octubre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social confirmó además el rechazo mayoritario a la propuesta de incremento global de 6.8% y anunció que deberá retomarse la negociación.
El conflicto laboral no prueba que cada hospital funcione mal.
Pero tampoco puede reconciliarse fácilmente con la afirmación de que el problema sanitario había quedado resuelto en 2024.
XII. Dinamarca: la afirmación que los números desmienten
La comparación con Dinamarca no fue inventada por los críticos de López Obrador.
Él la eligió.
Durante años prometió que México tendría un sistema como el danés.
En junio de 2024 elevó todavía más el estándar: afirmó que México tendría “el mejor sistema de salud pública del mundo”.
El 2 de julio reiteró que no sería como Dinamarca, sino “mejor que Dinamarca”.
Y el 1 de septiembre, durante su Sexto Informe de Gobierno y cuando faltaba un mes para entregar la Presidencia, dejó de plantearlo como promesa.
Lo presentó como resultado.
“Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”. Andrés Manuel López Obrador, Sexto Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2024
Al día siguiente le preguntaron si había sido una broma.
Respondió que no.
Por tanto, la comparación puede y debe auditarse.
| Indicador comparable OCDE | México | Dinamarca | Brecha |
|---|---|---|---|
| Gasto sanitario por habitante, USD PPP | 1,588 | 7,071 | Dinamarca gasta 4.45 veces más |
| Gasto en salud / PIB | 5.9% | 9.4% | 3.5 puntos del PIB |
| Médicos por mil habitantes | 2.7 | 4.5 | Dinamarca tiene 67% más |
| Enfermeras por mil habitantes | 3.0 | 10.5 | Dinamarca tiene 3.5 veces más |
| Camas hospitalarias por mil habitantes | 1.0 | 2.3 | Dinamarca tiene 2.3 veces más |
| TC, RM y PET por millón de habitantes | 10 | 49 | Dinamarca tiene 4.9 veces más |
Los datos proceden de Health at a Glance 2025 de la OCDE y utilizan las estadísticas comparables más recientes disponibles para cada indicador.
Recursos no equivalen automáticamente a calidad.
Un país puede gastar más y utilizar mal sus recursos.
Dinamarca y México tampoco tienen la misma estructura demográfica, fiscal ni institucional.
Pero las diferencias son demasiado grandes para sostener que México hubiera superado materialmente al sistema danés en los recursos fundamentales que permiten prestar atención.
Y hay una diferencia todavía más incómoda.
Cuando López Obrador declaró que México era mejor que Dinamarca, la información posteriormente disponible muestra que durante ese mismo 2024 el IMSS dejó sin surtir más de 4.5 millones de recetas entre enero y el 19 de diciembre.
Ese mismo año la carencia por acceso a servicios de salud todavía alcanzaba 34.2% de la población.
Y los hogares gastaban directamente 800,733 millones de pesos en salud.
La declaración de López Obrador no fue una proyección demasiado optimista. Fue una afirmación sobre una realidad que los indicadores disponibles no respaldan.
XIII. Sheinbaum heredó el problema, pero ya toma sus propias decisiones
Claudia Sheinbaum recibió una arquitectura sanitaria construida principalmente durante el gobierno anterior.
Eso importa para distribuir responsabilidades.
Pero no puede funcionar indefinidamente como explicación.
Su administración decidió mantener IMSS-Bienestar.
Decidió conservar y fortalecer el papel logístico de Birmex.
Desarrolló Rutas de la Salud.
Impulsó inventarios digitales.
Rehízo adquisiciones.
Y comenzó anticipadamente la preparación de compras 2027-2028.
También enfrentó problemas propios.
La compra consolidada 2025-2026 tuvo que ser anulada y corregida después de que la propia administración detectó irregularidades y sobreprecios.
En septiembre de 2026 el Gobierno informó hasta 332 mil millones de pesos en adquisiciones para 2025-2026 y más de 3,182 millones de piezas recibidas.
Reportó además que entre enero y agosto de 2026 había distribuido 125% más piezas que durante el mismo periodo del año anterior.
Es un avance.
Pero una pieza distribuida todavía no es una receta surtida.
La propia Sheinbaum reconoce faltantes específicos y problemas de última milla.
Y en octubre ordenó a Zoé Robledo presentar un plan para responder a demandas legítimas de trabajadores del IMSS, incluyendo medicamentos, insumos y personal.
Después de dos años, esas correcciones ya pertenecen a su administración.
Sheinbaum heredó un problema creado durante décadas y agravado en dimensiones específicas durante la transformación de López Obrador. Pero las soluciones que funcionan o fracasan desde 2024 también tienen responsables actuales.
XIV. Ocho años, una sucesión de correcciones
2018. López Obrador recibe un sistema fragmentado, desigual y con problemas reales de corrupción, fiscalización, infraestructura y gasto de bolsillo.
2019. Ordena restringir grandes distribuidores mientras reconoce que todavía no tiene pruebas para acusarlos de corrupción. Su gobierno modifica las compras. Las recetas no surtidas del IMSS aumentan 243%.
2020. López Obrador sustituye Seguro Popular por INSABI. Comienza la pandemia. Su gobierno recurre a UNOPS.
2021. Las recetas no surtidas del IMSS alcanzan 22.06 millones.
2022. El desabasto comienza a disminuir. Se construye la nueva arquitectura de IMSS-Bienestar.
2023. López Obrador extingue INSABI, la institución que su propio gobierno había creado para sustituir al Seguro Popular.
29 de diciembre de 2023. Inaugura la Megafarmacia y promete resolver faltantes nacionales en 24 a 48 horas.
2024. La Megafarmacia reporta 1,155 pedidos atendidos hasta junio. Patria obtiene autorización en junio. El IMSS registra 4.53 millones de recetas no surtidas hasta el 19 de diciembre.
1 de septiembre de 2024. López Obrador declara que el sistema mexicano ya es mejor que el de Dinamarca.
2025. Bajo Sheinbaum, la compra consolidada 2025-2026 enfrenta irregularidades y tiene que ser corregida.
2025-2026. Sheinbaum desarrolla inventarios digitales, Rutas de la Salud y nuevas estrategias de distribución.
2026. El Gobierno adelanta compras 2027-2028, una decisión que busca precisamente evitar problemas de planeación anteriores.
Octubre de 2026. Trabajadores del IMSS protestan. La institución anuncia una revisión de 277 hospitales por medicamentos, insumos, personal, equipos y mantenimiento.
La cronología permite identificar algo que desaparece cuando cada política se analiza aisladamente.
No hubo una sola reforma que necesitara tiempo para madurar. Hubo una sucesión de mecanismos que sustituyeron o corrigieron mecanismos anteriores.
Seguro Popular.
INSABI.
IMSS-Bienestar.
Compras consolidadas.
Hacienda.
UNOPS.
Birmex.
Megafarmacia.
Rutas de la Salud.
Inventarios digitales.
Compras anticipadas.
Cada corrección puede representar aprendizaje.
Pero cada corrección también obliga a preguntar por qué fue necesaria.
XV. Lo que encontramos
| Decisión o promesa | Responsable político | Resultado verificable |
|---|---|---|
| Romper concentración de distribuidores | López Obrador / Gobierno federal | Restricción preventiva antes de concluir investigaciones; el deterioro del surtimiento comienza en 2019 |
| Sustituir Seguro Popular | López Obrador / Congreso | INSABI comienza en 2020 y el propio gobierno ordena extinguirlo en 2023 |
| Rehacer adquisiciones | Gobierno López Obrador / UNOPS | Más de 800 millones de piezas adquiridas y entregadas; la última milla continúa sin resolverse |
| Resolver faltantes con Megafarmacia | López Obrador | 1,155 pedidos atendidos hasta junio de 2024; después reconvertida principalmente en nodo logístico |
| Vacuna Patria | Gobierno López Obrador / Conahcyt | Autorizada en junio de 2024, después de la fase crítica de la emergencia |
| “Mejor que Dinamarca” | López Obrador | Los indicadores comparables posteriores muestran enormes brechas de gasto, personal, camas y equipamiento |
| Corregir distribución y compras | Sheinbaum | Mayor distribución y planeación; persisten faltantes locales y el IMSS revisa 277 hospitales |
XVI. El dato incómodo
2021: 22.06 millones
2024: 4.53 millones
Recetas no surtidas en el IMSS.
Entre 2021 y 2024 hubo una recuperación cercana a 80%.
Pero después de esa recuperación, 2024 todavía registró aproximadamente tres veces las recetas no surtidas de 2018.
El Gobierno puede demostrar recuperación frente a la crisis que ocurrió durante su propia transformación. Todavía no puede demostrar que haya regresado al nivel previo a ella.
XVII. ¿Por qué esto te afecta?
Si eres paciente, la diferencia entre una compra pública exitosa y una cadena logística fallida puede ser pagar tú mismo el medicamento.
Si eres familiar, significa consultas, traslados, estudios, medicamentos y horas de cuidado.
Si eres trabajador de la salud, una decisión mal planeada en la administración central puede convertirse en un turno con menos personal, material insuficiente o equipo detenido.
Si pagas impuestos, financias el servicio, pero también instituciones que se crean y desaparecen, licitaciones que deben repetirse y nuevas soluciones construidas para corregir las anteriores.
Si tienes una empresa, la insuficiencia sanitaria reaparece en ausentismo, productividad, seguros y gasto médico.
Si eres joven, heredarás un sistema que deberá atender una población envejecida y con mayor carga de enfermedades crónicas mientras todavía intenta resolver problemas de capacidad acumulados durante décadas.
XVIII. Qué debemos vigilar
1. Recetas completas. Comprar y distribuir piezas no basta. El indicador debe llegar hasta el paciente.
2. Los 277 hospitales. El IMSS debe transparentar qué encontró, responsables, presupuesto, plazos y cumplimiento.
3. Compras 2027-2028. La planeación anticipada deberá demostrar si finalmente se corrigieron errores de adquisiciones anteriores.
4. Condiciones laborales. La renegociación salarial del IMSS y las demandas sobre plazas, materiales y equipos deben medirse contra resultados verificables.
5. Contratos relacionados con personas cercanas al poder. El estándar anticorrupción aplicado a gobiernos anteriores debe aplicarse exactamente igual a empresarios cercanos a la actual y anterior élite gobernante.
6. Romedic y Amílcar Olán. Las denuncias deben investigarse y resolverse. Hasta entonces, denuncia y responsabilidad probada deben permanecer separadas.
7. Patria. Debe conocerse inversión pública total, producción, compras, aplicaciones y retorno tecnológico.
8. Gasto del hogar. La universalidad será mucho más creíble cuando disminuya la necesidad de sustituir con dinero privado lo que el Estado promete gratuitamente.
XIX. Conclusión: gobernar también significa responder por las consecuencias
Andrés Manuel López Obrador tenía razón en una cosa fundamental:
El sistema sanitario que recibió necesitaba cambios.
Pero identificar correctamente un problema no convierte automáticamente en correctas las decisiones utilizadas para solucionarlo.
Y ése es el punto en el que debe ubicarse la responsabilidad.
López Obrador no fue un observador de la transformación sanitaria.
Fue su principal impulsor político.
Él ordenó restringir grandes proveedores mientras reconocía que todavía no tenía pruebas para acusarlos de corrupción.
Él convirtió posteriormente la corrupción en explicación central de las deficiencias.
Su gobierno modificó la arquitectura de adquisiciones.
Él impulsó la desaparición del Seguro Popular.
Su administración creó INSABI.
Su administración extinguió INSABI.
Su gobierno recurrió a UNOPS.
Su gobierno amplió las responsabilidades de Birmex.
Él inauguró la Megafarmacia.
Él prometió que los medicamentos faltantes llegarían rápidamente.
Y él decidió, finalmente, que la transformación había sido un éxito superior incluso al de Dinamarca.
Por eso los resultados también deben asociarse con esas decisiones.
No todas las carencias sanitarias fueron creadas por López Obrador.
No todas las recetas faltantes pueden atribuirse a una orden presidencial.
No toda irregularidad de un proveedor demuestra corrupción gubernamental.
Y COVID-19 produjo una dislocación extraordinaria que ningún análisis serio puede ignorar.
Pero esas precisiones no eliminan la secuencia.
El Gobierno alteró componentes esenciales de un sistema frágil antes de tener plenamente construidos sus sustitutos.
El deterioro del surtimiento comenzó en 2019.
Después llegó la pandemia y lo multiplicó.
El primer gran sustituto institucional —INSABI— no sobrevivió siquiera al gobierno que lo creó.
UNOPS llegó y se fue.
La Megafarmacia fue presentada como solución nacional y terminó desempeñando principalmente otra función.
Patria llegó después de la fase crítica de la emergencia.
Y mientras el Gobierno decía haber eliminado los vicios de los intermediarios anteriores, aparecieron nuevos contratos cuestionados alrededor de personas cercanas al poder.
En el caso Bartlett, las irregularidades terminaron sancionadas.
En el caso Olán, existen contratos, cercanía documentada, investigaciones periodísticas y denuncias, pero todavía no una sentencia que permita presentar tráfico de influencias como hecho probado.
La diferencia importa.
Lo que no puede existir es un doble estándar.
Si una relación cercana con funcionarios justificaba sospecha y escrutinio en 2019, también debe justificar transparencia e investigación cuando el empresario es cercano a la familia presidencial.
Y después está Dinamarca.
La comparación resume quizá mejor que ninguna otra la distancia entre narrativa y evidencia.
Cuando López Obrador terminó su mandato no dijo que hubiera avanzado mucho.
No dijo que hubiera sentado las bases.
No dijo que faltara consolidar la transformación.
Dijo que México ya era mejor que Dinamarca.
Los números permiten someter esa afirmación a una prueba extraordinariamente sencilla.
Dinamarca gasta por persona 4.45 veces lo que México.
Tiene 67% más médicos por habitante.
Tiene 3.5 veces las enfermeras.
Tiene 2.3 veces las camas hospitalarias.
Tiene casi cinco veces el equipamiento avanzado de diagnóstico considerado por la OCDE.
Mientras tanto, en México millones de recetas continuaban sin surtirse, decenas de millones de personas permanecían clasificadas con carencia de acceso y los hogares seguían destinando cientos de miles de millones de pesos directamente a su salud.
La evidencia disponible no sostiene la afirmación de que el sistema mexicano hubiera superado al danés.
Y dos años después de aquella declaración, la propia realidad institucional sigue contradiciendo la idea de una transformación concluida.
El IMSS está revisando 277 hospitales.
Los trabajadores protestan.
La negociación salarial tuvo que reabrirse.
Persisten faltantes locales.
El Gobierno sigue rediseñando distribución.
Sheinbaum prepara compras con mayor anticipación precisamente para evitar problemas anteriores.
Eso no describe un sistema destruido ni completamente inservible.
México continúa realizando millones de consultas, cirugías, tratamientos y estudios cada año gracias, en buena medida, a médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores que mantienen funcionando instituciones enormes.
Pero tampoco describe el sistema que López Obrador aseguró haber dejado.
Describe un aparato sanitario con avances reales, capacidades importantes y trabajadores que lo sostienen, pero también con deficiencias profundas y con una factura acumulada por decisiones que no dimensionaron suficientemente la complejidad de aquello que pretendían reemplazar.
La responsabilidad de López Obrador consiste precisamente en eso.
No en haber heredado un sistema malo.
Sino en haber decidido cómo transformarlo.
La responsabilidad de Sheinbaum comienza donde termina la explicación de la herencia.
Después de dos años, las compras que realiza, los proveedores que contrata, los hospitales que mantiene, las plazas que cubre, los medicamentos que distribuye y las correcciones que decide son responsabilidad de su gobierno.
Gobernar significa tomar decisiones.
Pero también significa responder por sus consecuencias.
Y para un paciente esas consecuencias no se miden en discursos, instituciones creadas ni millones de piezas anunciadas.
Se miden cuando llega al hospital.
Hay o no hay médico.
Hay o no hay especialista.
Funciona o no funciona el equipo.
Existe o no existe el material.
El médico puede prescribir lo que necesita o termina condicionado por lo disponible.
La farmacia entrega o no entrega el tratamiento completo.
Y la familia termina o no termina pagando de nuevo por algo que ya financió con sus impuestos.
Ocho años después de iniciada la transformación y dos años después de que López Obrador declarara que México tenía un sistema mejor que Dinamarca, el Estado todavía no puede garantizar consistentemente esa secuencia. El problema ya no es la promesa. Es quién decidió, qué resultados produjo y quién sigue pagando las consecuencias.
Fuentes consultadas
Presidencia de la República. “Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 8 de abril de 2019”. 8 de abril de 2019. Declaración sobre restricción preventiva de distribuidores y ausencia todavía de pruebas para acusarlos.
Consultar fuente
Presidencia de la República. “Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 3 de mayo de 2019”. 3 de mayo de 2019. Declaraciones sobre investigaciones de corrupción e influyentismo en distribución farmacéutica.
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COFECE. “COFECE multa a empresas y personas físicas por coludirse en el mercado de distribución de medicamentos”. Agosto de 2021. Resolución sobre prácticas monopólicas absolutas y daño a consumidores.
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Auditoría Superior de la Federación. Fiscalización del Seguro Popular. Cuenta Pública 2018.
Consultar informe
Diario Oficial de la Federación. Reforma que crea el Instituto de Salud para el Bienestar. 29 de noviembre de 2019.
Consultar decreto
Diario Oficial de la Federación. Decreto que dispone la extinción del INSABI y transferencia de funciones. 29 de mayo de 2023.
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UNOPS. “UNOPS apoyará las adquisiciones públicas de medicamentos en México”. 31 de julio de 2020.
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UNOPS. Información sobre adquisiciones y entrega de más de 800 millones de piezas durante su participación en México. 26 de octubre de 2022.
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Secretaría de la Función Pública / La Jornada. “Inhabilitan empresa de León Bartlett por la venta de ventiladores”. 7 de julio de 2020. Investigación y sanciones relacionadas con Cyber Robotics Solutions.
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Sistema de Información Legislativa. Proposición relativa a contratos de Romedic, recursos sanitarios y señalamientos sobre Amílcar Olán. 2024.
Consultar documento
Expansión Política. “Familias de niños con cáncer denuncian a ‘Andy’ López Beltrán y Amílcar Olán”. 7 de octubre de 2026. Las acusaciones descritas corresponden a los denunciantes y no constituyen responsabilidad judicialmente probada.
Consultar publicación
Conahcyt. Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024. Recursos y desarrollo de la vacuna Patria.
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Cofepris. “Cofepris aprueba la vacuna mexicana Patria contra COVID-19”. 6 de junio de 2024.
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Presidencia de la República. Inauguración de la Megafarmacia del Bienestar. 29 de diciembre de 2023. Promesa de suministro de medicamentos faltantes.
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Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno 2018-2024. Información sobre operación de la Megafarmacia.
Consultar informe
Presidencia de la República. Conferencia del 18 de junio de 2024. López Obrador afirma que el objetivo es dejar “el mejor sistema de salud pública del mundo”.
Consultar versión estenográfica
Presidencia de la República. Conferencia del 2 de julio de 2024. López Obrador afirma que el sistema sería “mejor que Dinamarca”.
Consultar versión estenográfica
La Jornada. “El sistema de salud ‘no es como el de Dinamarca, está mejor’: AMLO”. 2 de septiembre de 2024. Cobertura del Sexto Informe de Gobierno y declaración presidencial del 1 de septiembre.
Consultar publicación
Presidencia de la República. Conferencia del 3 de septiembre de 2024. López Obrador responde que su afirmación sobre Dinamarca no había sido una broma.
Consultar versión estenográfica
Instituto Mexicano del Seguro Social. “Mejor que en Dinamarca”. 3 de septiembre de 2024. Posición institucional sobre IMSS-Bienestar y comparación internacional.
Consultar fuente
OCDE. Health at a Glance 2025: Mexico. 13 de noviembre de 2025. Gasto sanitario, médicos, enfermeras, camas y equipamiento.
Consultar ficha México
OCDE. Health at a Glance 2025: Denmark. 13 de noviembre de 2025. Indicadores comparables con México.
Consultar ficha Dinamarca
El Universal. “Persiste desabasto; IMSS no surtió 11 millones de medicinas en 2024”. 14 de abril de 2025. Información del IMSS obtenida mediante transparencia.
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INEGI. Medición de pobreza multidimensional 2024. Agosto de 2025. Carencia por acceso a servicios de salud.
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INEGI. Cuenta Satélite del Sector Salud de México 2024. 9 de diciembre de 2025. Gasto directo de los hogares y trabajo no remunerado.
Consultar reporte
Instituto Mexicano del Seguro Social. Información sobre plantilla, movilizaciones y estrategia de revisión hospitalaria. 12 de octubre de 2026.
Consultar comunicado
Gobierno del Estado de Veracruz. Supervisión del Hospital General de Isla. 13 de octubre de 2026. Reporta 76% de abasto de medicamentos y 72% de insumos.
Consultar comunicado
Presidencia de la República. Conferencia del 29 de septiembre de 2026. Adquisiciones 2025-2026, piezas recibidas, distribución y medicamentos oncológicos.
Consultar fuente
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