El Gobierno de México prepara una compensación de dos por ciento para determinados dispositivos electrónicos, para remunerar a autores, intérpretes y titulares por la copia privada. La propuesta, reportada el 19 de octubre por EL PAÍS, abarcaría celulares, computadoras, tabletas, discos duros y otros equipos capaces de almacenar o reproducir contenidos protegidos. El mecanismo, conocido como canon digital, vuelve a enfrentar el derecho de los creadores a recibir una remuneración con la preocupación de que los aparatos tecnológicos se encarezcan.
La iniciativa no constituye un cobro vigente. Según la información publicada, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor preparan cambios al reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. El proyecto aún debe superar revisiones legales y recibir aprobación del Ejecutivo. Por tanto, no existe una obligación actual para quienes compran dispositivos ni puede afirmarse que el precio de todos los equipos aumentará automáticamente dos por ciento.
Cómo se aplicaría el canon digital
La propuesta contempla un pago único por unidad, exigible en el primer acto de comercialización en México y a cargo del importador o comercializador correspondiente. La cuota buscaría compensar las reproducciones privadas de obras protegidas que no generan un pago individual a sus titulares. No se trataría, en principio, de una tarifa cobrada directamente al consumidor en caja, aunque las empresas podrían incorporar el costo a sus precios.
EL PAÍS estima que el esquema podría generar alrededor de dos mil millones de pesos anuales. Esa cifra es una proyección, no una recaudación confirmada, y dependerá de los productos finalmente incluidos, la base de cálculo, las exenciones y el volumen de ventas. La propuesta contempla exclusiones para ciertos equipos destinados a exportación, usos del sector público o aplicaciones industriales; el alcance exacto de esas excepciones será determinante para evitar cobros sobre dispositivos que no se emplean para reproducir obras.
Otro punto pendiente es la distribución de los recursos. El diseño deberá precisar qué titulares tienen derecho a recibir la compensación, cómo se calcula la participación de cada sector y qué entidad supervisará el reparto. Sin criterios públicos, auditorías y mecanismos para resolver controversias, podría resultar difícil comprobar que el dinero llega de forma proporcional a los autores, intérpretes y demás beneficiarios.
El debate por los precios y la legalidad
La industria tecnológica y comercial advierte que el costo podría trasladarse a los consumidores. Aunque la obligación formal recaería en importadores o comerciantes, el efecto final dependerá de la competencia, los márgenes de cada empresa y la forma en que se calcule la cuota. No es correcto asegurar que todos los productos subirán exactamente dos por ciento: ese resultado dependerá de la redacción definitiva y de las decisiones comerciales.
También existen cuestionamientos jurídicos y presupuestarios. En agosto, una proposición legislativa registrada en el Sistema de Información Legislativa pidió revisar la constitucionalidad de la medida, su posible efecto sobre el acceso a tecnologías de información y la transparencia en el manejo de los recursos. El asunto seguía pendiente en comisión. Esa iniciativa no equivale a una resolución judicial ni detiene por sí sola el proyecto, pero documenta que el diseño genera dudas que las autoridades tendrán que responder.
La discusión de fondo no se limita a decidir si los creadores merecen compensación. Exige justificar por qué determinados aparatos deben pagar, cómo se calcula el porcentaje y qué garantías impiden que el cobro afecte de manera desproporcionada a estudiantes, hogares y pequeñas empresas. También debe aclararse si el mecanismo puede establecerse mediante una reforma reglamentaria y cómo se fiscalizaría el dinero.
Antes de su eventual aprobación, las autoridades deben publicar el texto final, explicar las exenciones, sustentar la estimación de ingresos y detallar la supervisión del reparto. Hasta entonces, el dos por ciento sigue siendo una propuesta, no un cargo vigente.
