La Secretaría de Gobernación anunció la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La decisión, presentada el 14 de octubre por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, provocó cuestionamientos de colectivos de búsqueda que reprochan no haber sido consultados y exigen conocer cómo se eligió a los expertos, qué facultades tendrán y cómo se harán públicos sus resultados.
La controversia ocurre mientras el registro supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, según cifras citadas por medios nacionales. El Gobierno afirma que la revisión técnica permitirá mejorar la calidad de los datos y fortalecer las búsquedas. Los colectivos advierten que una depuración sin reglas transparentes podría excluir casos que siguen abiertos o modificar las cifras sin que las familias puedan verificar los cambios.
La discusión no se limita a quién integra el panel. También involucra la metodología para clasificar los reportes, el acceso a la información y la diferencia entre corregir datos, localizar a una persona y cerrar formalmente un caso.
Un mandato técnico que las familias piden conocer
Gobernación explicó que el grupo revisará y validará las metodologías empleadas, propondrá criterios diferenciados para los registros y recomendará mejoras técnicas, legales o administrativas. La dependencia indicó que su conformación contó con acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El propósito oficial es que el registro sea más confiable, esté actualizado y funcione como herramienta efectiva para la búsqueda.
Sin embargo, colectivos y familiares reclamaron en una carta pública que la Secretaría no abrió una consulta previa sobre la composición ni el mandato del grupo. Solicitaron que se expliquen los criterios de selección, las garantías de independencia, el calendario de trabajo y los mecanismos para conocer sus avances. También pidieron participar en el seguimiento y poder señalar errores en la información de sus seres queridos.
La participación de especialistas puede aportar herramientas estadísticas, jurídicas y de análisis de datos, pero su independencia no depende solo de sus credenciales. Requiere un mandato público, criterios reproducibles, acceso a la metodología y rendición de cuentas. Las autoridades deberán explicar cómo se documentarán los cambios en los registros y qué procedimiento estará disponible cuando una familia cuestione una clasificación.
Cifras, localizaciones y garantías de búsqueda
El Gobierno informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda permitió localizar a más de 16 mil personas durante los últimos meses. La cifra fue presentada como un avance, pero para evaluar su alcance se necesita un desglose que indique cuántas personas fueron encontradas con vida, cuántas permanecen sin localizar, qué registros fueron actualizados y cómo se verificó cada resultado. Sin esa información, el número agregado no permite medir por sí solo la eficacia de la estrategia.
La revisión también debe atender los registros con datos insuficientes. Un nombre incompleto, un apodo o la falta de información de contacto pueden dificultar la identificación, pero no demuestran que una desaparición haya quedado resuelta. Del mismo modo, detectar actividad posterior al reporte puede abrir una línea de investigación, aunque no sustituye la confirmación de la localización ni la verificación de identidad.
El debate ocurre mientras el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención para llevar la situación de México ante la Asamblea General. Ese proceso internacional aumenta la atención sobre la respuesta estatal, pero no sustituye la obligación de las autoridades mexicanas de buscar a cada persona y atender a sus familiares.
El grupo de expertos podría contribuir a mejorar el registro si publica sus métodos, justifica sus criterios y permite auditar los cambios. El reto consiste en corregir información sin convertir la depuración administrativa en una reducción artificial de la crisis. Hasta que se conozcan el mandato completo, el calendario y las garantías de participación, las exigencias de transparencia de los colectivos seguirán siendo centrales.
