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A propósito de la detención de 9 criminales y la muerte en enfrentamiento con SEMAR de otros 12 en San Juan de Huitzontla, Mich., recordé mi experiencia como Directora de Inteligencia cuando logramos el desmantelamiento de una estructura criminal en una entidad federativa hoy sumida en la violencia.
Aquel esfuerzo, resultado de un arduo trabajo de inteligencia operativa, táctica y el despliegue del Grupo de Operaciones Especiales y el Agrupamiento de Reacción Inmediata de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PF así como Fuerzas Armadas, evidenció un éxito inicial que lamentablemente, fue efímero.
La recomendación de fortalecer y mantener la presencia del Estado para evitar el ingreso de nuevos grupos criminales, desatendida por el entonces gobernador, se tradujo en la rápida ocupación del vacío por una nueva organización delictiva, sembrando las semillas de la crisis actual.
A partir de esta experiencia, se identifica que en la estrategia de segurida actual persisten errores de fondo que amenazan con agravar la inseguridad:
- Ausencia del Estado tras el Desmantelamiento: La recuperación de una zona sin una subsiguiente consolidación de la presencia estatal crea un escenario ideal para que nuevos grupos criminales antagónicos ocupen el vacío, generando nuevas dinámicas de violencia y control territorial. Si el Estado no ocupa el espacio, el crimen organizado lo hará.
- Debilitamiento de Policías Estatal y Municipal: La falta de fortalecimiento a las policías estatales y municiples deja a la población sin atención a sus necesidades de seguridad. Esta carencia es aprovechada por los grupos criminales, que se presentan como proveedores de «orden» o «justicia», debilitando la legitimidad de las instituciones y consolidando su control social.
- Falta de Seguimiento Post-Intervención: La detención de «generadores de violencia» o el desmantelamiento de células criminales no va acompañada de un seguimiento integral para la recuperación de la zona geográfica intervenida. No se limita a la presencia policial o militar, sino que exige una intervención interdisciplinaria que apunte a reconstruir el tejido social a través de programas de desarrollo, salud, educación y oportunidades económicas.
- Autosustentabilidad Criminal por Desorganización Temporal: Las células sin mando se vuelven «autosustentables», recurriendo a delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión para financiarse, lo que se traduce en un incremento inmediato de los niveles de violencia contra la población.
- Subestimación de la Resiliencia Delictiva: No se le da seguimiento a la capacidad de resiliencia de los grupos delictivos. Esto les permite reorganizarse, asignar nuevos jefes y retomar sus actividades criminales. Este escenario es el principal catalizador de luchas y disputas entre grupos criminales antagónicos que buscan el control de territorios y actividades ilícitas, aumentando exponencialmente la violencia.
Estos errores han sido un factor en la diversificación de la delincuencia organizada hacia actividades que, en su origen, son lícitas, pero que en manos criminales se transforman en ilegales, como la minería o la producción agrícola.
El control de «economías sumergidas» ilegales exige un alto nivel de violencia que ya no se dirige únicamente a grupos criminales antagónicos, sino a la sociedad en general, a través de la extorsión, el cobro de piso y la cooptación de instituciones.
El desmantelamiento de estructuras criminales por sí mismo no es garantía de una disminución de la violencia; por el contrario, a menudo es uno de los principales factores que provocan disputas violentas por el control territorial.
En suma, la seguridad en México no solo requiere de la desarticulación de estructuras criminales, sino de una presencia estatal integral, el fortalecimiento de las capacidades locales y un sistema de justicia robusto y libre de corrupción. Sin estos elementos, el ciclo de violencia y el control territorial por parte del crimen organizado persistirán, sin importar cuántos grupos se desmantelen.
